La muerte invisible de los niños y niñas wichis

La provincia de Salta es noticia en medios nacionales e internacionales por la muerte de 8 niños y niñas de comunidades originarias producto de la desnutrición y de la ausencia absoluta del estado. Esto ha generado indignación en amplios sectores de la sociedad y muestras de solidaridad desde diferentes lugares del mundo, frente a la indiferencia del gobierno que debería brindar soluciones.

Esta crisis humanitaria no es nueva y fue empeorando por la concepción dominante de priorizar los negocios a costa de la salud de la población. Los desmontes masivos autorizados por gobiernos salteños, desde Romero, Urtubey hasta Sáenz, en beneficio de grandes empresarios y el modelo de expansión agrícola basado en la deforestación y el uso de agrotóxicos, condujeron al deterioro del ambiente que estas comunidades necesitan para sobrevivir.

El médico Rodolfo Franco, que vive hace 30 años en Misión Chaqueña, cuenta que “es el único médico para 6 mil habitantes. Hay un plan sistemático de exterminio planificado para que los indígenas desalojen las tierras que son suyas hace 5 mil años”. Y denuncia “El mismo gobierno que no me aumenta el sueldo hace casi dos años, nos controla los diagnósticos que escribimos en las atenciones: no podemos poner desnutrición. El año pasado teníamos 10 niñas y niños con bajo peso y 40 con riesgo en Misión Chaqueña. Logramos que aumentaran el peso cuando empezamos a hacer ollas populares los sábados y con un merendero que levantamos con mi esposa, que es wichí. Hoy bajamos a la mitad esas cifras gracias a los esfuerzos particulares; al gobierno y al hospital pareciera no importarle. Los responsables son los finqueros, los oligarcas que se turnan en el poder y responden a los mismos intereses”.

Diversos especialistas informan sobre las graves deficiencias estructurales, la falta de acceso al agua potable, a la salud, a la vivienda, sumado al racismo y a la discriminación, presentes en el sistema de salud.

Leda Kantor, antropóloga de Tartagal, cuenta a la Garganta Poderosa que “el problema es que el gobierno y los terratenientes no respetan la Ley 26.160 que protege las tierras originarias que proveen de alimentos y medicinas ancestrales a estas personas. Desmontan absolutamente todo, los rodean de soja y los llenan de agrotóxicos”. Además de la falta de transportes para llegar al Hospital de Tartagal, la barrera idiomática y cultural es muy dañina, ya que lxs facilitadores no cuentan con la legitimidad de las comunidades: “Debería haber traductores en las instituciones públicas. En el hospital, luego de esperar horas y de que muchos viajen hasta 35km en camino de tierra, los tratan con discriminación, ejercen la violencia obstétrica y muchas veces no entienden lo que necesitan los territorios”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió abrir un proceso de recepción de información a partir de medidas cautelares, el 28 de enero, a favor de los niños y niñas wichís. La Mesa de DDHH de Salta hizo entrega de un importante documento a la “misión internacional” integrada por representantes de la ONU, la Unión Europea, el Alto Comisionado de la ONU para los DD HH, la Cruz Roja Argentina, la OMS y la Organización Panamericana de la Salud.

Desde la Agrupación de DDHH “Coca Gallardo”, se convocó una actividad el viernes 7/2 en el local Villa Flora. El panel debate “Cinco Siglos Igual” contó con el Dr. Rodolfo Franco, la Dra. Elisabeth Ferrer y la Profesional de la Salud Susana Torres, coordinados por nuestra camarada Elena Rivero.

El paradigma del desarrollo agropecuario y el crecimiento de la pobreza, la desigualdad y la muerte se observa escandalosamente. Una vez más la perversidad del sistema capitalista acumula negocios en manos de pocas empresas sin ningún tipo de control ni escrúpulos. Y condena al hambre y la muerte a comunidades enteras.

Para resolver esta crisis de larga data y la muerte de los habitantes originarios no bastan las ONGs, ni las tarjetas alimentarias, ni las colectas, ni los paliativos. Es imprescindible una reforma agraria, el cambio del modelo extractivo-sojero, y que el Estado recupere los recursos estratégicos (Salta Forestal, el Ingenio El Tabacal, etc). Y que resuelva los problemas de fondo de los pueblos originarios con medidas urgentes.