La Justicia necesitaba un cambio total, no realizado

               Entre las tantas promesas frustradas del gobierno del Frente de Todxs, se encuentra la de reformar el Poder Judicial. Ni siquiera aprobaron los tibios y cosméticos cambios que el presidente Alberto Fernández impulsó y que no tuvieron tratamiento en el Congreso. No haber avanzado sobre una Justicia aliada de las corporaciones, ha sido muy perjudicial para el pueblo, que está sometido a un Poder Judicial “impiadoso con los humildes y genuflexo ante los poderosos”, según las palabras del ex juez federal Miguel Rodríguez Villafañe. También fue un tiro en el pie para el propio gobierno, que está sufriendo los embates de un Poder Judicial que le “marca la cancha” respecto a la agenda política y persigue a la vicepresidenta.

               Desde la Corte Suprema de (In)Justicia hasta los tribunales inferiores, con algunas honrosas excepciones, estamos en presencia de jueces y juezas que actúan defendiendo los intereses de los poderes concentrados económico y mediático, y de la derecha macrista. Y no podía ser de otra manera. Muchos de esos magistrados, empezando por dos de la Corte –Rosatti y Rosenkrantz – le deben sus nombramientos, en muchos casos irregulares, a la gestión de Cambiemos de 2015-2019.

               El reciente fallo que rechazó el nombramiento del senador Martín Doñate como miembro del Consejo de la Magistratura (CM), hizo lugar al pedido del senador Luis Juez, de Juntos por el Cambio, y lo designó en su lugar. De esta manera, la Corte le pone el broche de oro a la sentencia dictada en diciembre pasado, mediante la cual se anuló la ley vigente del CM y restableció otra, derogada por el Congreso en 2006. Se mete así el Poder Judicial en facultades que son competencia del Legislativo, como es sancionar leyes y designar sus representantes ante organismos como el CM.

               Los supremos le dicen al Congreso qué leyes son válidas y cuáles no, y se entrometen en decisiones como la designación de los representantes del Senado ante el órgano que es, precisamente, el que designa y destituye magistrados.

               De esta forma, Rosatti es hoy presidente de la Corte y del Consejo de la Magistratura, tiene la suma del poder en el ámbito de la Justicia. Y se pone por encima de los otros dos poderes: Ejecutivo y Legislativo, que a diferencia del Judicial, tienen su origen en el voto popular.

               Para el gobierno, no haber impulsado siquiera cambios parciales, le ha costado caro, en particular a Cristina Fernández. Es que además de las causas que hoy enfrenta: Vialidad, Los Sauces-Hotesur, Memorándum con Irán, CFK tiene que remarla en arena para que la causa por el intento de magnicidio en su contra se investigue en profundidad y sean juzgados y condenados sus frustrados ejecutores y sus instigadores.

               Por ello, ha recusado a la jueza María Eugenia Capuchetti, que se negó a vincular esa causa con la que sigue su colega Martínez de Giorgi, quien investiga a los miembros del grupo fascistoide Revolución Federal, a quienes se dejó en libertad. Tampoco investiga la posible vinculación del diputado Gerardo Millman, ex secretario de Seguridad de Patricia Bullrich en la gestión macrista, ni el presunto financiamiento de la familia Caputo a esos grupos que actuaron previo al atentado, en acciones contra la vicepresidenta.

               La causa de Vialidad ha ingresado en una etapa definitoria y se espera una sentencia antes de fin de año, probablemente condenatoria. En las otras dos (Los Sauces – Hotesur y Memorándum con Irán), Cristina había sido sobreseída por inexistencia de delito, sin embargo fueron reabiertas por la Cámara de Casación y volverán a primera instancia para que continúe la investigación en su contra. Así, va quedando más clara la vinculación de un Poder Judicial que actúa en consonancia con Juntos por el Cambio, buscando la proscripción política de la vicepresidenta, y si es posible, que vaya presa.

               La excesiva cobertura mediática que tuvo el alegato de fiscal Diego Luciani, frente al silencio respecto de las muy buenas intervenciones de las defensas, por parte de la gran prensa corporativa, también demuestra el accionar conjunto del Poder Judicial y esos grandes medios de (des)información.

               Los fallos de la Corte no van sólo contra el gobierno y el kirchnerismo. En la causa por la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, la Corte Suprema rechazó dos recursos que había presentado su hermano Sergio: uno para que no se utilicen como prueba las escuchas telefónicas, y el otro contra el sobreseimiento del gendarme Emmanuel Echazú, quien participó del operativo represivo que terminó con la muerte de Santiago.

               Resoluciones judiciales ordenaron el violento desalojo de la Lof Winkul Lafken Mapu, y la detención de las hermanas mapuches y sus pequeños hijos, en un procedimiento violatorio de los derechos humanos y ancestrales de esa comunidad.

               Una profunda reforma en el Poder Judicial, aunque  parezca lejos de las preocupaciones más urgentes del pueblo, es también un reclamo que tenemos que impulsar desde los sectores populares y de izquierda. Porque el avance sobre los derechos y conquistas de la clase trabajadora, los ataques a las comunidades originarias, y las violaciones a los derechos humanos en general, deben ser resistidos en las calles, pero también en los estrados judiciales.

IRINA SANTESTEBAN