Juicio y castigo al juez Lona

El 6 de agosto comenzó en Salta el juicio contra el ex juez federal Ricardo Lona. Está imputado por su implicancia en el secuestro y desaparición del gobernador de Salta Miguel Ragone, el homicidio de Santiago Arredes y las lesiones a Margarita Martínez de Leal que fueron testigos del secuestro que se produjo el 11 de marzo de 1976. También está implicado en la “Masacre de Palomitas”. Ambas causas fueron elevadas a juicio en 2017.

La fiscalía acusa al ex-magistrado por encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Se le imputa la omisión de investigar el modo, tiempo y lugar en que se produjo la desaparición de Ragone. La querella acusa directamente a Lona por la participación en la desaparición y asesinato del llamado “Médico del Pueblo” y pide cadena perpetua. Pretende demostrar que Lona actuó en conjunto, coordinada y sistemáticamente dentro de un plan genocida en hechos que sucedieron desde 1975 a 1977. Nunca los crímenes de lesa humanidad fueron aislados: estaban de un marco general de acciones. Lona era el único juez federal de Salta durante el terrorismo de Estado. Por eso, está imputado por la denominada “Masacre de Palomitas” que se tramita por escrito y está en la etapa final de los alegatos y sentencia, pero paralizada por un recurso de queja de la defensa de Lona.

La Mesa de Derechos Humanos expresó en un comunicado: “Sabemos que se trata de un juicio que debe ser asumido por el Estado con la responsabilidad que se merecen los 30.000 detenidos-desaparecidos, y acompañado por toda la sociedad. Este juicio busca terminar con la impunidad del Poder Judicial sobre la principal causa de complicidad y terrorismo de la época más oscura de la historia argentina en general y de Salta en particular”.

El otrora poderoso juez federal estuvo mucho tiempo en el Juzgado Federal y aún hoy hay muchos jueces y secretarios que continúan en funciones. Por eso muchos se excusaron. En el actual tribunal sólo hay una salteña: Mariana Catalano. Gabriel Casas es tucumano y Juan Carlos Reynaga es catamarqueño.

La protección al ex-juez quedó de manifiesto el día que comenzaron las audiencias. Hubo impedimentos para ingresar a la sala donde se realizaba, por sus reducidas dimensiones. La prensa sólo pudo tomar fotografías por 2 minutos. En “las salas” donde podían estar los periodistas y los familiares y miembros de organismos de Derechos Humanos la transmisión era tan mala que tuvieron que cortarla. Los periodistas elevaron una nota al TOF para que se respete el derecho de acceso para cubrir el desarrollo del juicio. Los organismos de DD HH también hicieron pública su disconformidad.

El martes 13/8 continúan las audiencias. La pata judicial de la dictadura, está en el banquillo. A Lona lo juzga un tribunal, pero lo condena una sociedad.

ASOCIACIÓN “COCA GALLARDO”