Inflación: son los monopolios y el control de precios no alcanza

            La inflación había sido “dibujada” por Martín Guzmán en el Presupuesto 2021 en el 29 por ciento. No fue sólo su irresponsabilidad sino también de las bancadas oficialistas del FDT y aliados que lo votaron, tanto en Diputados y Senadores. Y del presidente y vicepresidenta que avalaron semejante verso.

            La inflación de octubre, informada por el INDEC, fue del 3,5; eso significa que en los diez meses transcurridos ya llega al 41,8 por ciento. Y en los últimos doce meses es del 52,1.

            Pese a esos fracasos en el control de la inflación, el gobierno estima que el año terminará con una marca del 45 por ciento. Por el envión que trae lo más seguro es que llegue al 48 por ciento o más.  Y las perspectivas para el año próximo, sin que el proyecto de Presupuesto 2022 haya sido discutido en las cámaras, son aún peores. Es que hay un compromiso del gobierno de bajar los subsidios del Estado a las tarifas las eléctricas y eso aumentará el costo de la vida. Si se cortan otros subsidios por la tijera del acuerdo con el FMI, ídem.

            También hubo más emisión de moneda, sin respaldo económico, en los últimos meses, sobre todo luego de la derrota en las PASO. Esa mayor emisión también alimenta la inflación. Las reservas en divisas del Banco Central siguen disminuyendo y suman más presión, además de los operadores del mercado, a favor de una devaluación mayor del peso. Y un “verde” más caro, encarecerá insumos importados e impactará en mayor precio de muchos productos.

            Todos esos elementos reafirman que en el 2022 la inflación puede ser aún mayor a la sufrida este año, más o menos en línea con la del último año del gobierno de Macri, 53,8 por ciento, la más alta de los últimos 28 años.

Son los monopolios

            Si bien las razones aludidas tienen bastante que ver con el fenómeno de la inflación, hay un elemento económico y político que ocupa el rol central de esta enfermedad crónica de la economía argentina. Y no está de más recordar que el principal perjudicado por esa suba de precios es el pueblo trabajador. Si tiene empleo, cobra en pesos y cuya capacidad adquisitiva es cada mes menor porque los precios, diría Perón, “van por el ascensor”. Ni qué hablar de quienes están desempleados o cobran planes o hacen changas: millones de compatriotas viven en la pobreza extrema y pasan hambre, o viven en la calle y la indigencia.

            La causa central de la inflación es el poder omnímodo de los monopolios, y a veces oligopolios, o sea monopolios de los monopolios, que dominan renglones totales de la economía. Y en especial los de mayor impacto en el índice inflacionario y en la vida de la gente, como alimentos y medicamentos.

            En el primer sector, empresas como Molinos, Arcor, Aceitera General Deheza, Ingenio Ledesma, Danone, La Serenísima, Coto, Wal Mart, Bimbo, Unilever y otros son los formadores de precios. Su palabra es la que más pesa porque son los productores (en rigor ellos no sino sus trabajadores y empleados) y distribuidores; algunos de éstos, como Coto y La Anónima, son cadenas integradas; en sus campos tienen ganado y cultivan cereales, verduras y frutas que luego procesan y venden en sus góndolas.

            Por eso tienen un poder de fuego impresionante a la hora de poner precios. Los monopolios son los formadores de precios, no las Pymes ni sectores de la burguesía nacional que ocupan un rol secundario en la producción. Los grandes exportadores son Cargill, Dreyfus, ADM, Cofco, Bunge, Molinos, AGD, Oleaginosa Moreno y casi al final de la lista aparece la cooperativa ACA, de socios de la Federación Agraria Argentina. Los que cortan el bacalao son las multinacionales y monopolistas locales.

            Después de muchos fracasos, el gobierno nacional cambió a la secretaria de Comercio Interior y puso a Roberto Feletti, que debutó forzando a las grandes empresas de alimentos a aceptar un congelamiento de precios desde el 1 de noviembre hasta el 7 de enero. La cámara COPAL y la UIA, con el mismo titular, Daniel Funes de Rioja, se resistieron a lo loco pero al final aceptaron, pues se trataba de 1.432 productos por tres meses. Han ganado millones, seguirán ganando este tiempo, y luego volverán a ganar mucho más.

            Feletti también impuso un congelamiento a los laboratorios, un rubro sensible a la inflación y que tiene que ver con la salud (si bien la mejor medicina es la cubana, la preventiva, no la que te llena de remedios una vez enfermo). El acuerdo tiene la misma fecha de vencimiento en enero y es sólo sobre los remedios que se venden con receta. Los de venta libre no fueron congelados.

            Allí el pacto se hizo con las tres cámaras patronales que defienden intereses parcialmente distintos: CAEME (extranjeros), CILFA (nacionales grandes) y Cooperala (nacionales y Pymes). En CAEME están AstraZeneca, Bayer, Pfizer, Novartis y Roche. En CILFA se agrupan Bagó, Elea, Monserrat y Eclair, Raffo, Richmond y Roemmers. En Cooperala están Biopas, Ariston, Celnova, Cassará y Lepetit.

            Facturan mucho. Según CILFA, se producen 690 millones de unidades de medicamentos al año y de ese total 68,4% corresponde a laboratorios nacionales y que implicaron ventas por USD 8.329 millones en 2020.   Con lo que ganaron en 2020 y lo que va de 2021, tienen para aguantar mucho más tiempo de congelamiento que el módico trimestre forzado por Feletti.

            Del lado sindical no hay resistencia. Tienen acuerdos básicos con el gremio de la sanidad, FATSA, que dirige el co-secretario general de la CGT, el burócrata Héctor Daer.

            Ese acuerdo de precios congelados en alimentos y medicamentos supone sólo un alivio parcial, con fines electorales de corto plazo. No va a resolver de fondo la inflación, ligada como se advirtió, al peso de los monopolios y oligopolios en la economía.

            Andrés Asiain escribió en Página/12 el 14/11 pasado un artículo titulado “El papel de los oligopolios en la inflación”. Planteaba que “a través de la fijación de precios más altos en bienes de consumo masivo, las empresas con mayor poder de mercado mueven el piso de la puja distributiva”. Y esa puja alimenta la inflación inercial, que va del pasado al presente.

            Para incidir en los precios de alimentos el Estado tendría que realizar una reforma agraria, dar la tierra y créditos a los campesinos pobres y medios, los pueblos originarios y las cooperativas, e incluso tener establecimientos estatales como acopios, molinos y frigoríficos propios. También una empresa estatal para el comercio exterior, rol que podría haber jugado la estatización frustrada de Vicentín.

            Y otro tanto corresponde hacer en cuanto a medicamentos y las vacunas contra el COVID-19. Hay que tener de referente a Cuba, que las fabricó con sus propios laboratorios y centros de investigación, que acá podrían partir del Conicet, las Universidades nacionales, Hemoderivados, etc. No nos faltan dólares, ni científicos ni insumos. Falta conciencia política nacional y antiimperialista a nivel de gobierno nacional y provinciales, Universidades, Ciencia y Técnica, etc.

SERGIO ORTIZ