FUERA LA CORTE DE LOS MONOPOLIOS

Basta de persecución judicial a los luchadores

            Los motivos que originaron la movilización del 1F, para exigir la renuncia de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, siguen plenamente vigentes. Y la reforma judicial sigue siendo una de las promesas incumplidas del presidente Alberto Fernández (una más y van…).

            El Poder Judicial que fue utilizado por el gobierno de Mauricio Macri para perseguir a sus opositores, continúa intacto. Es más, han avanzado incluso por sobre otros poderes del Estado, por ejemplo, cuando la Corte declaró la inconstitucionalidad de la ley del Consejo de la Magistratura (¡aprobada en 2006!) y le ordenó al Congreso que dicte una nueva ley bajo pena de caducidad de la que fue aprobada ese año. El fallo de la Corte le dice al Poder Legislativo lo que tiene que hacer, y peor aún, sostiene que la presidencia de ese órgano debe estar en manos del presidente de la Corte. De esta forma, pretenden erigirse en quienes decidirán sobre los futuros jueces, pues el Consejo es el encargado de la designación y remoción de los jueces.

            Nadie le maneja los tiempos a la Corte, ya que la ley del Consejo de la Magistratura, vigente desde 2006, hacía seis años estaba a consideración de los supremos para que resolvieran sobre su inconstitucionalidad.

            Sigue sin resolverse también la situación de presa política de Milagro Sala y sus compañeras de la organización Tupac Amaru, causa que va a cumplir tres años sin resolver por parte de la Corte. Está preso también el compañero Facundo Molares, porque el ministro de Seguridad Aníbal Fernández dio curso al pedido de extradición del gobierno colombiano. La salud de Facundo está en riesgo y sin embargo, no se le otorga siquiera el arresto domiciliario. Este beneficio también le fue negado al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, preso desde hace seis años, sin condena firme, y que sufrió un ACV estando en prisión. El mismo juez Julio Luis Panelo, del Tribunal que le negó el arresto domiciliario, es quien hace unos años se lo otorgó al genocida Miguel Etchecolatz, medida luego revocada. La negativa se produjo a pesar que el pedido de prisión domiciliaria para Jaime había sido aprobado por la fiscalía. Estos son los jueces que el gobierno del Frente de Todos no puede, no quiere o no se anima a cambiar.

            Luego de la movilización del 10 de marzo frente al Congreso, el Poder Judicial de la ciudad de Buenos Aires y de la Nación, han iniciado una verdadera cacería en contra de algunas organizaciones populares que participaron de esa multitudinaria manifestación en repudio del Fondo Monetario Internacional y el acuerdo que aprobaron diputados y diputadas tanto del oficialismo como de la oposición de derecha de Juntos por el Cambio.

            Allanamientos, detención de militantes populares, acusaciones de “asociación ilícita” contra esas organizaciones, han sido las medidas que tomaron fiscales y jueces que están actuando en esa causa. Saludamos a la Gremial de Abogados y Abogadas que ha tomado la defensa de algunos de esos luchadores detenidos.

            Ese mismo Poder Judicial mira para otro lado cuando se trata de defender los intereses del pueblo. Por ejemplo, frente a los escandalosos aumentos de los precios de los alimentos, que ponen en peligro el sustento de miles de familias humildes, ninguno de esos funcionarios judiciales movió un dedo para investigar maniobras monopólicas por de las empresas formadoras de precios. Se condena el derecho a la protesta de la gente, pero no se persigue a quienes ponen en peligro real a grandes sectores populares, al tornar imposible la subsistencia diaria. El hambre y la miseria son permitidas, encubriendo a los empresarios inescrupulosos; pero cuando el pueblo sale a protestar contra esa situación, se lo persigue y judicializa.

            Es que la pata judicial es necesaria también para el plan que se ha acordado con el FMI, pues la persecución judicial va de la mano con el ajuste y la represión a la protesta social.

            Para el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rossatti, ellos se pronuncian sobre las leyes “después” de dictadas y no antes, admitiendo así que se consideran como “el último resorte” de la democracia, respecto a las facultades que la Constitución Nacional ha puesto en cabeza del Poder Legislativo.                                                                                                        

            Por ello no sólo es necesario una profunda reforma judicial, sino también una Reforma Constitucional, para que el Poder Judicial deje de ser la reserva que tienen las clases dominantes y los monopolios para asegurarse sus privilegios, inicluidos los de los propios jueces. Para ello hay que continuar en las calles, porque está visto que no hay voluntad política en el gobierno del FdT para cumplir con la promesa de “terminar con los sótanos de la democracia”.