Finalizó el juicio contra exmagistrados en Córdoba

El 7/11 finalizó luego de más de tres meses, en Córdoba, el juicio contra cuatro exmagistrados acusados de complicidad civil con la dictadura fascista de 1976. La “Causa de los Magistrados”, impulsada principalmente por el ex preso político y militante de DDHH, “Vitín” Baronetto, venía siendo pateada desde hace tiempo. Los magistrados habían sido acusados en el marco del juicio que terminó en 2010 por los fusilamientos de la UP1, que funcionaba en la cárcel de Barrio San Martín, pero en 2008 la jueza Garzón de Lescano la desprendió de allí y luego de muchas dilaciones recién en julio de este año arrancó el juicio. Los acusados originalmente eran seis, pero Alí Fuad Alí y Luis E. Molina fueron desvinculados del proceso argumentando la edad y razones de salud. Quedaron el ex secretario del Juzgado Federal N°1 de Córdoba, Carlos Otero Álvarez; el ex defensor oficial, Ricardo Haro; el ex juez federal N°2, Miguel Ángel Puga; y el ex fiscal federal Antonio Sebastián Cornejo. A estos se les acusaba 119 actos contra 75 víctimas, aunque con la figura diluida de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento en crímenes de lesa humanidad” por los secuestros y tormentos de los que resultaron víctimas presos políticos que estuvieron en cautiverio en la Dirección de Informaciones (D-2) de la Policía provincial y la Unidad Penal. Originalmente estaban acusados por lo que realmente fue: complicidad con la represión ilegal.

La sentencia fue vergonzosa, pues mientras que los fiscales Gonella y Trotta pidieron 7 años de prisión para Otero Álvarez; 5 para Puga y Cornejo; y 2 para Haro, los correligionarios de la corporación judicial les otorgaron las penas mínimas de tres años de prisión, o sea que no serán cumplidas en la cárcel de Bouwer, al ex juez federal Puga y el fiscal Cornejo, y la absolución a Otero Alvarez y el ex defensor Haro. Así se confirmó lo que muchos de quienes militamos en el movimiento de Derechos Humanos en Córdoba veníamos sospechando. Hubo defensa corporativa de los magistrados que, además, habían hecho todo lo posible por ocultar este caso. Las audiencias fueron en una pequeña sala del tribunal federal 2 con la limitación de tan sólo 5 asistentes por el lado los acusadores y 5 de los acusados. ¡Hasta en lo posibilidad de presenciar un juicio que es público la justicia federal reprodujo lógicas propias de la “teoría de los dos demonios”! Esto además en un contexto nacional en el cual el negacionismo y la idea de la “conciliación” están a la orden del día. La gran ganadora electoral de CABA, Carrió, plantea revisar las condenas a los genocidas. Y las causas contra otros cómplices civiles de la dictadura como Héctor Magnetto del grupo Clarín por la causa Papel Prensa y el terrateniente genocida Carlos Pedro Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma y responsable de la trágica Noche del Apagón en Jujuy están definitivamente congeladas.

Fue gracias a la movilización popular que en el 2003 se definió la defensa de los Derechos Humanos como política de estado y avanzaron los juicios que condenaron a más de 700 genocidas en Argentina. Esa misma movilización popular debe continuar exigiendo justicia, como lo hace cada 24 de marzo, como lo hizo contra el nefasto “2×1” y también para reclamar por Santiago Maldonado. Y si la justicia burguesa lo impide, habrá que volver a las consignas pasadas: escrache a los genocidas y cómplices civiles y “paredón, paredón, para todos los milicos que vendieron la nación”.

JUANJO GIANNOTTI