En Perú sigue la represión pero no cesa la resistencia

En Perú continúan las manifestaciones de protesta desencadenadas por la destitución y detención del presidente constitucional Pedro Castillo, que permanece con prisión preventiva y acusado por rebelión por haber intentado cerrar el Congreso y de corrupción “por encabezar una organización criminal” para direccionar licitaciones. La denuncia refiere a obras de agua y saneamiento en poblaciones del interior del país. Castillo promulgó un decreto para facilitar las inversiones en más de 100 distritos en situación de pobreza. Pero como señala la defensa del exmandatario, esas licitaciones estuvieron a cargo de las Alcaldías y no del Poder Ejecutivo. Ésa y otras acusaciones que pretenden incriminarlo por corrupción y mal manejo de los fondos públicos, se basan en testimonios no corroborados de empresarios y ex funcionarios´denunciados justamente por corrupción, a los fines de obtener beneficios judiciales, como evitar la prisión preventiva.
A la par de las protestas, creció la represión ordenada por Dina Boluarte, que hasta la fecha tiene un saldo de más de 60 muertos, asesinados por las fuerzas de Seguridad. Actualmente, Perú está militarizado, con una importante presencia del Ejército, la policía y la Marina que ha aportado sus tanquetas en todas las zonas urbanas donde también impera el toque de queda, las detenciones arbitrarias, las torturas y vejaciones, y la apertura de causas judiciales a quienes se manifiestan.
Las denuncias por violaciones a los Derechos Humanos, han llegado al ámbito internacional y expertos de la ONU han llamado a poner fin a la violencia, señalando el uso excesivo de la fuerza por parte de los organismos de seguridad, a la vez que piden al gobierno de Boluarte crear un entorno “propicio para el diálogo”…
Ni la represión, ni los “buenos consejos” de la ONU han logrado que cesen las protestas. Desde el 9 de marzo, los comités de ronderos campesinos, después de la realización del III Encuentro Macro Norte y Oriente realizado en Puno, decidieron intensificar la lucha con una marcha que denominan Toma Rondera y Popular de Lima que se realizará esta semana. Exigen la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones. Denuncian el silencio y complicidad de gobernadores, regionales o alcaldes provinciales y distritales con el gobierno de Boluarte. Ese silencio y esa complicidad se entienden si se analiza dónde y quienes son los que comenzaron y ahora están al frente de la lucha. En Puno, frontera con Bolivia, se inició, con una población indígena mayoritariamente aymara y se fueron sumando Cusco, Arequipa, con población quechua sobre todo. Estas poblaciones indígenas andinas no se sienten representadas en nada por la elite limeña que las discrimina.
Existe una ruptura entre los pueblos del sur del país y el gobierno central. Es una división profunda donde se unen un conflicto étnico y un conflicto de clase. Estas regiones del sur son mineras y agrícolas, pero las riquezas que generan no les llegan. La discriminación por la pertenencia a pueblos indígenas viene de la época colonial y va más allá de los calificativos que usan los sectores “blancos” para denigrarlos: terrucos, salvajes, cocaineros, terroristas, senderistas. La mirada racista no ha dejado lugar para el reconocimiento institucional de las naciones y culturas indígenas. De ahí el reconocimiento y la admiración que sienten por Evo Morales a quién la dictadura ha prohibido el ingreso al país, sindicándolo como uno de los que ha propiciado la rebelión.
Al no existir partidos políticos que los representen, esas comunidades han elegido políticos y líderes que tienen una representación simbólica, que no está plasmada en una plataforma política que realmente los contenga. Alejandro Toledo y Ollanta Humala antes crearon la ilusión de expresar la cultura, las necesidades y la fuerza de las comunidades indígenas. Luego Pedro Castillo. Ninguno logró avanzar en la construcción de una organización política representativa y con la fuerza suficiente para disputar el poder a la derecha peruana expresada en los grupos empresariales del país, las transnacionales y al imperialismo yanqui, que promovió y apoya el golpe de Estado.
No parece por ahora que haya una salida a la crisis que se vive. Como no hay un Partido capaz de dirigir, quizás sea posible impulsar un gobierno de transición con los gobernadores regionales electos recientemente y que logren acuerdos con los movimientos sociales y comunitarios de las regiones, y con los gremios que han estado en la lucha, junto con los estudiantes y otros sectores del pueblo que continúan resistiendo. Si se sigue la pauta institucional que determina la Constitución vigente, el movimiento popular será derrotado..
La dictadura cívico-militar-empresarial de corte fascista como la caracteriza el secretario adjunto de la Confederación General de los Trabajadores del Perú (CGTP) , será derrotada por la lucha y la organización del pueblo, para construir un Perú nuevo, sin calco ni copia, una creación heroica, como proponía Mariátegui.
Hay que reforzar la solidaridad desde Argentina. Es nuestro compromiso.
ELENA RIVERO