Embestida de Macri contra la Justicia

Las presiones al Poder Judicial por parte de Cambiemos comenzaron desde su asunción, cuando designó a los dos nuevos jueces de la Corte Suprema a puro decretazo. La embestida más fuerte fue la que sufrió durante casi dos años la Procuradora General Alejandra Gils Carbó, de impecable trayectoria en el Poder Judicial designada por amplísima mayoría en el Senado en 2012. Era un claro obstáculo para la Justicia que planean Mauricio Macri y su ministro de Justicia, Germán Garavano. Gils Carbó renunció luego del triunfo de Cambiemos el 22 de octubre y eso deja el campo más fácil al gobierno para implementar la reforma del Ministerio Público.
Garavano viene de la ONG Fores (Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia) creada en 1976 como “think tank” para los poderes judiciales impuestos desde los EE.UU. para garantizar en su “patio trasero” los planes neoliberales de ajuste y endeudamiento. El proyecto que intentan imponer desde el macrismo se llama “Justicia 2020” y se presenta como buscando la “eficiencia, transparencia, accesibilidad e inclusión”, con políticas para modernizar tanto los procesos como la infraestructura judicial, incorporando tecnologías. En un Poder Judicial al estilo Fores no tienen cabida los jueces que se atrevan a fallar a favor de los trabajadores, o en contra de iniciativas del gobierno.
Por eso, y aprovechando el desprestigio (justificado) que ostenta el Poder Judicial, Macri arremetió contra la Justicia, denunciando supuestos “privilegios”, pero centrando sus ataques no en los jueces sino en los trabajadores judiciales. En lugar de hablar de los altísimos sueldos que cobran los miembros de la Corte Suprema –por encima de los 300.000 pesos- o del régimen jubilatorio “especial” que tienen los jueces (no los empleados), optó por poner de ejemplo a un supuesto “empleado de maestranza” que cobraría 100.000 pesos por “servir café”.
El año pasado la arremetida fue contra los empleados públicos y los docentes, bajo acusaciones de “ñoquis” los primeros, y de “vagos” los segundos, al punto que convocó a “voluntarios” para cubrir los días de paro.
Ahora se trata de desprestigiar a los Judiciales, como si fueran los empleados los responsables de la mala imagen que tiene la población de la Justicia.
Por ello, al criticar a la Procuradora, se la acusó de haber designado 1.700 empleados. Como bien lo señalara el Sindicato de Trabajadores Judiciales de la CABA (Sitraju), esa cantidad significa algo más de 300 empleados por año, para dotar de recursos humanos las nuevas Procuradurías especializadas que se crearon y que la reforma de Macri y Garavano pretenden desmantelar.
La UFEM (Unidad para la investigación de los Femicidios), la Procuvin (Violencia Institucional), la Procelac (Criminalidad Económica y Lavado de Activos), la Proculesa (Crímenes de Lesa Humanidad), etc., son algunas de las que fueron creadas para enfrentar violaciones a los Derechos Humanos y para garantizar el acceso a la Justicia de los sectores vulnerables, como las ATAJO (Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia). Éstas fueron reconocidas por los Curas en Opción por los Pobres por su actuación positiva en territorios de alta vulnerabilidad social como las villas de emergencia.
Quieren eliminar conquistas laborales como las vacaciones (que para los Judiciales son las ferias de enero y julio) y avanzar sobre la jornada laboral (todo por el mismo salario). “Justicia 2020” es una concepción del Poder Judicial en la que los jueces “díscolos” son suspendidos y hasta destituidos, y se los persigue por el contenido de sus fallos. Así fueron denunciados los jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo cuando declararon la inconstitucionalidad de las modificaciones a la ley de las ART, porque vulnera el derecho del trabajador a reclamar en caso de accidente laboral, sea por su reincorporación o por una justa indemnización. Se condiciona el acceso a la justicia al dictamen de comisiones médicas que funcionan como verdaderos obstáculos para los legítimos reclamos de los trabajadores. Lo mismo sucede con el sancionado juez Luis Arias, quien dictó amparos en contra de los tarifazos de luz el año pasado.
Fue positiva la convocatoria de los organismos de DDHH a organizaciones sociales, políticas, sindicales y personalidades de diversos ámbitos, para resistir este embate, logrando que el proyecto para modificar el Ministerio Público no pudiera ser tratado.
Pero el peligro continúa y es necesario rechazar los planes del gobierno para el Poder Judicial y avanzar en mayor unidad para proponer OTRA REFORMA JUDICIAL, democrática, transparente de verdad (por ejemplo, para designar los jueces con participación popular), que tenga como objetivo fundamental la defensa de los Derechos Humanos y de los trabajadores, y garantizar el acceso real a la Justicia de los sectores más vulnerables. Lo que desde el Partido de la Liberación llamamos una JUSTICIA PARA SERVIR AL PUEBLO.

IRINA SANTESTEBAN