El presupuesto de ajuste de Massa y el FMI

            El proyecto de Presupuesto 2023 elaborado por el Ministerio de Economía se encuentra en debate en comisiones de la Cámara de Diputados. Los voceros del oficialismo en la Cámara baja hicieron malabares retóricos para ensalzar la iniciativa suscrita por Sergio Massa, destacando aspectos puntuales (como el incremento del porcentaje del PBI destinado a Ciencia y Tecnología) y eludiendo toda referencia a los numerosos recortes.

            El proyecto prevé una reducción del gasto del Estado para cumplir con las metas acordadas con el Fondo Monetario, comprometiéndose a un déficit fiscal primario (es decir, sin contar los pagos de deuda) del 1,9%. En el año en curso, ese déficit deberá ser 2,5% para adecuarse a lo firmado en marzo con Kristalina Georgieva.

            El gobierno podría apuntar a esos números reduciendo sus gastos o incrementando sus ingresos. Sin embargo, en línea con la oposición de derecha, el texto espera recaudar por impuestos un menor porcentaje del producto bruto que el percibido en 2022. Espera reducir la famosa “presión tributaria”, lo que significará menos aporte de los sectores económicos más concentrados, ya que se parte de una estructura tributaria regresiva.

            En el desagregado confeccionado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP, perteneciente a la Unidad Popular), se observa que en 2023 se espera una menor recaudación en Ganancias, Derechos a la Importación, Derechos a la Exportación (retenciones) medidos como proporción del PBI. En igual término, espera aumentar la recaudación del IVA (que pagamos todxs en el consumo), lo que evidencia una profundización de la inequidad impositiva en perjuicio de las mayorías.

            Según el análisis del IPyPP, detrás de esos números se oculta un fuerte recorte de salarios en el sector público, universidades y jubilaciones, ya que para mantener el poder adquisitivo actual las erogaciones en esos rubros llevarían a un déficit del 4,6%, mucho mayor que lo acordado con el FMI. La única forma de mantener los sueldos y jubilaciones sin incumplir con el Fondo sería aumentando sustancialmente la recaudación… algo que queda desestimado en el resto del presupuesto.

            Por su parte, el Centro CIFRA (Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, perteneciente a la oficialista CTA) señaló que casi todos los ministerios y el Poder Judicial sufrirán recortes de gastos con este proyecto. El Ministerio de Turismo sería el más afectado (caída real del 21,9%), mientras que los recursos para Salud caerían 14,8%, la cartera educativa perdería 10,9%% y los fondos para el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad se retraerían 10,2%.

            Como señalamos más arriba, en este año también hay una meta que cumplir en cuanto al resultado fiscal. Para arribar a ello, el gobierno ya congeló la planta estatal y recortó los presupuestos en Educación, Salud, Vivienda, Obras Públicas y Transporte. El presupuesto en debate permite ver que el gobierno prevé profundizar los recortes en 2023.

            El proyecto parte de una serie de previsiones macroeconómicas para el próximo año: crecimiento del PBI  (2%), inflación (los precios llegarían a ser un 60% más altos en diciembre que al finalizar el año actual, pero el promedio de inflación interanual sería del 75,7%), entre otras. Si el desempeño de la economía es peor al previsto, el gobierno deberá ajustar aún más para cumplir con el Fondo.

            Se plantea aumentar el empleo mediante ayudas a empresas que contraten trabajadorxs que provengan de los planes sociales y reducciones de contribuciones patronales. Ese tipo de medidas, ya adoptadas en otros momentos y lugares, suele redundar en mayores tasas de ganancias para sectores concentrados y muy poco impacto duradero en la generación efectiva de empleo en blanco.

            Por otra parte, y como medida para juntar dólares que permitan luego pagar al FMI, se prevé una mayor reducción de las importaciones, lo que afectará al consumo y a la producción. Esta última requiere insumos. Si hubiera un fuerte crecimiento industrial, seguramente habría mayor demanda de importación por insumos y equipamientos que no se producen en el país.

            En suma: aunque lo vistan de seda, el presupuesto anuncia fuertes ajustes contra políticas públicas claves y apunta a frenar la economía.

El Fondo aplaude

            El 7 de octubre el Fondo Monetario aprobó la segunda revisión del acuerdo firmado en marzo con el gobierno, por el cual la gestión de Alberto Fernández reconoció la deuda contraída en el gobierno de Macri y aceptó una serie de condicionamientos del recetario habitual del organismo.

            La satisfacción que se lee o se ve en distintos funcionarios del gobierno y personajes del establishment refleja lo que muchos veníamos denunciando: la co-gestión con el Fondo trae más ajustes, recorte de políticas públicas y “enfriamiento” de la economía (eufemismo popular entre voceros neoliberales para decir que se producirá, se consumirá y circularán menos bienes).

            Como ocurrió en otras ocasiones, el Fondo elogió y exigió mayores ajustes. El último informe del Staff del organismo -de acuerdo al resumen realizado en Ámbito Financiero- “recomendó” medidas para reducir el turismo al extranjero (el gobierno ya tomó medidas en esa dirección), reducciones en subsidios y asistencia social, y el corset salarial para el sector público.

            El escenario que pinta el proyecto de Presupuesto evidencia la necesidad de unir las luchas contra la injusta e ilegítima deuda externa y en pos de una Argentina cuya economía de respuestas a la mayoría de la población y encauce el desarrollo autónomo.

JORGE RAMÍREZ