El Gobierno Nacional y Provincial reprimen a los Mapuches

CINCO SIGLOS IGUAL

El violento desalojo en la comunidad Lafken Winkul Mapu por parte de las fuerzas de seguridad Nacionales y provinciales, muestra un modus operandi de grupos de derecha racistas que buscan quedarse con las tierras y le marcan la cancha a gobiernos que se jactan de “nacionales y populares”.

            El Comando Unificado, creado por el gobierno nacional para intervenir en el conflicto por tierras en la comunidad mapuche de Villa Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche, Río Negro, debutó el martes 4 de octubre. Fue un operativo de 250 uniformados de fuerzas federales y provinciales. El comando cortó la ruta nacional 40 e ingresó a las 6 de la mañana al predio de Parques Nacionales recuperado en 2017 por la comunidad mapuche mencionada al inicio. Allí en noviembre de 2017 fue asesinado el joven Rafael Nahuel, en el marco de un operativo de desalojo por el Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri.

            El telón de fondo es una campaña contra las comunidades mapuches, a las que volvieron a adjudicar incendios y otros actos de vandalismo que ellas niegan haber cometido. El objetivo es volver a criminalizarlos ahora acusados de haber violado la ley Antiterrorista.

            La reivindicación territorial de las comunidades mapuche tehuelche en la provincia de Río Negro libra una batalla desigual contra un conglomerado de corporaciones nacionales y transnacionales articuladas a través de ONGs, y representadas por las agencias de lobby y los estudios jurídicos más grandes de la Argentina y Latinoamérica.

            Este conflicto ocurre en un corredor cordillerano abundante en bosques, ríos y lagos, que va desde Bariloche hasta El Bolsón aunque puede extenderse hasta Esquel, al noroeste de Chubut. Es una zona estratégica de gran valor paisajístico para turismo VIP, además de la especulación inmobiliaria y el negociado forestal, por las nacientes de agua dulce y la incalculable biodiversidad en sus bosques. En las inmediaciones poseen estancias la reina Máxima de Holanda, el empresario farmacéutico Alejandro Röemmers, el banquero Eduardo Maschwitz, los grupos Belgian Urban Renovation Company (BURCO), Benetton y Massuh, la corporación británica Lago Escondido, e inversiones de la familia real de los Emiratos Árabes Unidos y Qatar (compradas al financista Marcelo Midlin), entre muchos otros.

            Estos intereses y los de grupos turísticos, financieros, inmobiliarios y forestales tienen su cara visible en Consenso Bariloche, organización creada en 2021 como evolución de un bloque anti tomas desarrollado meses antes en Bariloche por la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. En Consenso Bariloche articulan estudios jurídicos de la talla de Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (PAGBAM); Vergara y Asociados; Sarmiento, y Marval, O’Farrel & Mairal, el más grande de la Argentina. Su director ejecutivo, Luis Castelli, promocionó personalmente a fines de 2020 el proyecto Propiedad Privada Patagónica (PPP) para conformar una fuerza de gran capacidad financiera y amplio respaldo empresario para confrontar las recuperaciones territoriales.

            La abogada de la comunidad, Laura Taffetani (de La Gremial de Abogados y Abogadas) afirmó que “armaron el incendio de la casilla de Gendarmería para justificar el allanamiento. Fue un desalojo encubierto, el que no habían podido hacer antes”. Esta modalidad en Chile la denominan “montaje”, tal el caso de la Operación Huracán. De este lado de la Cordillera podrían denominarse “atentados de falsa bandera”: los hacen “ellos” y los adjudican al enemigo.

            La jueza federal Silvina Domínguez dictó la orden para el procedimiento. Lo hizo dentro de la causa abierta contra los integrantes de la comunidad de Villa Mascardi como presuntos autores del incendio de una casilla de Gendarmería, ocurrido una semana antes. Sin embargo, nadie investiga el incendio intencional del 2 de junio de 2021 que quemó la casa de la machi Colhuan en el territorio recuperado.

            El despliegue de vehículos de comunicación, retenes móviles, carros hidrantes, camionetas y un camión antitumultos concluyó con la detención de siete mujeres mapuches y tres menores de edad. Entre ellas, tres estaban circunstancialmente en el lugar porque eran atendidas por la machi (sanadora) Betiana Colhuan Nahuel, y serían sus “pacientes”. Provenían de La Pampa, Chubut y Buenos Aires. El operativo golpeó principalmente sobre las mujeres de la comunidad.

            Si bien, el ministro de Seguridad Aníbal Fernández afirmó que “no fue una represión” porque nadie sufrió “ni un rasguño”, y que “no se utilizaron armas letales”, los miembros de la comunidad describieron que: «entraron un montón de milicos a los tiros. Nos gasearon con nuestros bebés en brazos, luego nos tuvieron demoradas horas y se quieren llevar a nuestros niños”. La tía de Rafael Nahuel, María Nahuel, denunció que su nieto y otros niños “quedaron solos en el campo”. Imploraba que la dejaran “ir a buscarlos antes que se haga de noche”.

            Además no fue posible que los organismos de derechos humanos ingresaran a la Lof. Esta acción conjunta del gobierno nacional y provincial fue repudiada por otras comunidades mapuches de la Patagonia y referentes de organizaciones de derechos humanos del país, entre ellas las de Esquel, Trelew y Neuquén. Así como también en Buenos Aires frente a la Casa Rosada. La Ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación, Gómez Alcorta, renunció porque consideró que el desalojo y detenciones de mujeres y niños, son “incompatibles con los valores que defiendo”.

            En la apertura del 35° Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias se exigió la libertad de las detenidas. El operativo represivo en Mascardi, había generado el total repudio del movimiento de mujeres y de la diversidad sexual.

            Tras el amplio repudio que generó el desalojo, la jueza federal tuvo que ordenar que cuatro mujeres mapuche detenidas en Ezeiza sean trasladas nuevamente a esa localidad de la provincia de Río Negro. Posteriormente representantes de comunidades mapuches se reunieron con el presidente Alberto Fernández en Neuquén, en su visita para inaugurar el Hospital Ramón Carrillo, en San Martín de los Andes, y le pidieron la liberación de las mujeres detenidas y que se cree un espacio de diálogo. Luego se conoció la liberación y sobreseimiento de Andrea Despo Cañuqueo.

            Desde el PL exigimos la liberación de todas las mujeres detenidas, el reconocimiento de las comunidades indígenas de todo el país como sujetos de derecho y la aplicación definitiva de la Ley de emergencia territorial indígena 26160 y la elaboración y promulgación de una ley de propiedad comunitaria indígena.

PABLO AGUIRRE CASTILLO