El ajuste que viene según la letra del acuerdo con el Fondo

            El gobierno argentino asegura que el acuerdo con el Fondo no traerá ajustes ni reformas estructurales. La mayoría del bloque oficialista festejó en la madrugada del 11 de marzo la aprobación del proyecto que habilitaba al Poder Ejecutivo a suscribir el convenio con el organismo internacional y que había sido consensuado con el macrismo. Alberto Fernández dijo que se había dado “un paso importante” y era una decisión “que había que tomar”. Incluso se ofreció a “explicar” las dudas a lxs diputadxs que se abstuvieron, varixs provenientes de la actividad sindical como Carro, Siley y Palazzo.

            A pesar del optimismo discursivo, la cruda realidad es que el consenso alcanzado por las autoridades argentinas con los funcionarios del Fondo incluye las mismas recetas de siempre, a lo sumo algo moderadas en el lenguaje respecto de años anteriores.

            Como es habitual en este tipo de instancias, el acuerdo se plasma en documentos en los que el gobierno argentino fija las políticas que seguirá, y que son las que el Fondo avala para suscribir los préstamos. Para este nuevo acuerdo, el Ministro de Economía Martín Guzmán giró al Congreso el texto acordado con las autoridades del FMI, expresado en los memorandos de “Políticas Económicas y Financieras” y “Técnico de Entendimiento”.

            El primero de ellos describe “las políticas y acciones” que impulsa el Poder Ejecutivo para -según el documento- “para promover el crecimiento de la economía de manera sostenible, inclusiva, progresiva y federal”.  Es allí donde se pueden ver las señales del ajuste que se viene.

            En el apartado “Política Fiscal y de Financiamiento”, el gobierno se compromete a bajar el déficit fiscal de manera paulatina, desde un 2,5% del PBI en este año a un 0,9% en 2024.  Ese objetivo se parece bastante al que en su momento firmaron Dujovne y Sandleris en el acuerdo macrista, ya que allí planteaban bajar en el mismo tiempo el déficit de 2,7% a 0% en 2020. No hace falta señalar que tales metas nunca se cumplieron.

            Un poco más abajo habla de la política impositiva. Anuncia una mayor progresividad del sistema tributario, pero las medidas que anuncia se quedan cortas o pueden terminar afectando a sectores con ingresos medios. Si bien destaca -razonablemente- los cambios realizados sobre el impuesto a los bienes personales, anuncia una “actualización de los valores de las propiedades” que podría impulsar un aumento generalizado de las tasas de inmuebles sin afectar de manera sustancial a los grandes terratenientes. La duda surge de los antecedentes del gobierno actual (como la marcha atrás con Vicentín, o las medidas en favor de monopolios exportadores), que bien podría tener una mirada complaciente sobre los dueños de grandes extensiones. En el mismo sentido, cabe destacar que plantea reducir “aún más” ciertas retenciones sobre las exportaciones.

            En lo que se refiere al “gasto público”, anuncia la fuerte reducción en subsidios a la energía… algo que también figuraba en el acuerdo de 2018. Se eliminarán los subsidios a las personas “con mayor capacidad de pago”, lo que podría alcanzar a los sectores de asalariadxs con mayores ingresos.

            El corset sobre los salarios públicos aparece -quizás un poco veladamente- en el ítem “otros gastos corrientes”, donde se propone “gestionar el gasto en remuneraciones del sector público, para garantizar que crezca en consonancia con la economía”. Dicho en criollo, sólo aumentarán los salarios si crece la economía… aunque los haberes sean de hambre, aunque lxs empleadxs desarrollen tareas de gran importancia social, o aunque haya sectores empresarios que multipliquen sus riquezas en medio del descalabro. En el mismo párrafo se habla de “limitar las transferencias” a empresas estatales, expresión que con pocos cambios aparece en acuerdos con el FMI suscriptos por las dictaduras del pasado y por gobiernos neoliberales.

Unos renglones más adelante queda en evidencia que el acuerdo comprometerá a las jubilaciones. Anuncia la realización de un estudio para evaluar los regímenes jubilatorios especiales y alternativas para “facilitar la continuidad de la vida laboral”. En resumen, apunta contra regímenes conquistados por lxs trabajadorxs luego de numerosas luchas, y propone aumentar en los hechos la edad de retiro: si las jubilaciones son magras, todxs tenderemos a continuar como activos todo lo que puedan nuestras fuerzas. La redacción recuerda también al “consejo de notables” a la que el macrismo pensaba encomendar una nueva reforma previsional, abortada luego de la fuerte lucha contra el tijeretazo a los mayores consumado en diciembre de 2017.

            En el apartado de “política monetaria y cambiaria”, el gobierno adelanta que buscará que las tasas de interés de los depósitos bancarios se mantengan “positivas en términos reales”. Eso significa que los depósitos rendirán más que la inflación, que los bancos tendrán más ganancias por sus operaciones y que se habilitará una nueva bicicleta financiera: pasar de dólares a pesos, depositar estos últimos, cobrar los intereses y volver a convertir a dólares generará una ganancia en moneda extranjera sin ninguna inversión productiva. Y quienes realizan ese tipo de maniobras difícilmente sean alcanzados por los cepos al mercado de cambios que rigen al común de la población cuando quiere adquirir billetes foráneos.

            Los párrafos precedentes ponen en claro los peligros que surgen de lo acordado entre el gobierno y el Fondo. Pero todo puede ser más grave, debido a que el pacto prevé el control trimestral por parte de los técnicos del FMI. En un escenario internacional que presiona sobre los precios de la energía y de los alimentos, el cumplimiento de los acuerdos requerirá un ajuste cada vez mayor, o nuevas concesiones del gobierno hacia las recetas habituales del organismo internacional.

            Es una necesidad imperiosa para la población poner freno a este acuerdo y frenar los pagos al Fondo, reorientando los recursos al despegue económico independiente. No hacerlo sólo traerá penurias y profundizará la dependencia.

JORGE RAMÍREZ