Liberación - Órgano de Prensa
Nunca más terrorismo de Estado ni monopolios
EDITORIAL
PATRIA LIBERADA
El 24 de marzo se cumplirán 47 años del sangriento golpe de Estado que impuso una dictadura militar-cívica. Militar porque fue fruto de un golpe de las tres Fuerzas Armadas. Y civil pues también participaron las fuerzas económicas, incluso con ministros como José Alfredo Martínez de Hoz, presidente de Acindar, el monopolio siderúrgico.
Cuando el PL dice “civil” también alude a los políticos de varios partidos que dieron aval al terrorismo de Estado. Tuvieron funcionarios, intendentes y otros cargos públicos, como el radicalismo y en menor medida el peronismo más colaboracionista de Victorio Calabró, exvicegobernador de Buenos Aires. Los capos de la Iglesia y su episcopado también respaldaron el genocidio. Hubo medios de incomunicación con su labor sucia, como editorial Atlántida y el grupo Clarín, que se quedó -secuestros y torturas mediante – con Papel Prensa, asociado a La Nación.
Es necesario repasar esa historia tan dramática. Por eso honramos a la Generación del ‘70 que vino a ser diezmada por el terrorismo de Estado. Había puesto en riesgo el poder de los monopolios. Tampoco se olvidan aquellos dirigentes que en vez de enfrentar el golpe dijeron que la salida era “cívica-militar”, que Videla era un general democrático y Viola otro nacionalista. ¡También acá hace falta la Memoria!
Los militares genocidas no actuaron solos. Tuvieron el respaldo de los poderes económicos, mediáticos, eclesiásticos y judiciales. Y la protección de los imperialistas yanquis, excepto algunos chisporroteos con algunos funcionarios de la administración Carter.
Dentro de la Iglesia católica, que tenía entonces un inmenso poder, la mayoría de su jerarquía colaboró activamente. Los monseñores Tortolo, Primatesta y otros, así como el nuncio papal en el país, Pío Laghi, fueron socios y cómplices de la dictadura. Ese rol tuvo, en menor medida, pero entregando a sacerdotes, el entonces jefe provincial de los jesuitas y luego obispo Jorge Bergoglio, desde hace diez años Papa Francisco. Entregó a los jesuitas Yorio y Jalics, como bien documentó Horacio Verbitsky en artículos y libro “La mano izquierda de Dios”.
¿Por qué el PL trae a colación estos hechos de casi 50 años atrás?
Por cuatro razones básicas. La primera, que hay que ser fieles a la verdad histórica. La segunda, como homenaje a los 30.000 desaparecidos y 400 niños apropiados. La tercera, porque si un pueblo no sabe de dónde viene corre el riesgo de tropezar y desnucarse otra vez con la misma piedra del fascismo, como es hoy la propuesta de Patricia Bullrich y Javier Milei. Y la cuarta, muy importante, porque si bien los protagonistas militares están viejos, retirados o muertos, sus socios empresarios y sus descendientes mantienen sus monopolios y siguen haciendo negocios a expensas del pueblo.
Estos últimos están impunes, en el 99 por ciento de los casos. Han muerto varios de ellos por razones de edad, como antes Martínez de Hoy y ahora Carlos P. Blaquier, del ingenio Ledesma, sin ser juzgados ni condenados.
Videla en cambio murió condenado y otro tanto le pasó al genocida general Menéndez, con 24 condenas perpetuas. Los militares en alrededor de mil casos han sido condenados por sus violaciones a los derechos humanos, lo que es bueno, pero más de la mitad están gozando del indebido beneficio de la prisión domiciliaria. En cambio los socios empresariales están todos libres, salvo un par de gerentes de Ford y otros casos aislados. El resto está libre, pese a haber entregado a delegados y trabajadores a las fuerzas de tareas para su secuestro, tortura y desaparición, para seguir engordando sus activos empresarios.
Entonces se aclamaba a los dictadores en la Exposición de la Suciedad Rural y en los coloquios de la Unión Industrial, Fundación Mediterránea, Cámara de Comercio, COPAL, Bolsa de Comercio, etc.
LAS TAREAS HOY
Está muy bien recordar la fecha del 24 de marzo, como todos los años. Es bueno hacerlo con el marco concreto. Para el PL, junto con las consignas históricas de “Los 30.000 viven en las luchas del pueblo” y “Cárcel y castigo a los genocidas y sus socios civiles” debe añadirse, a la par de aquellas, “Basta de ajuste del cogobierno con el FMI”. El actual ajuste y los anteriores del macrismo son también graves violaciones a los derechos humanos.
No basta con aludir a los socios civiles de la dictadura. Hay que exigir su enjuiciamiento y castigo ejemplar, con confiscación de sus empresas. Acindar, Ledesma, Ford, Propulsora (Techint), Mercedes Benz, Arcor, Papel Prensa, La Nueva Provincia y otras firmas de comprobada actuación en el genocidio deben ser expropiadas y sus directivos presos.
Si los préstamos de organismos financieros internacionales, incluyendo al FMI, llevaron la deuda externa de los 7.000 millones de dólares al momento del golpe de 1976 hasta los 43.000 millones cuando debieron dejar el gobierno a Raúl Alfonsín en 1983, entonces está más que justificado anular esa deuda. Es fraudulenta, como lo demostró Alejandro Olmos ante el juzgado del juez Jorge Ballestero, quien falló así en junio de 2000. Es una vergüenza y un agravio a la historia que 18 años después Macri nos súper endeudara con el Fondo y peor aún que en 2022 el actual gobierno legalizara esa estafa y comenzara a pagarla.
Otro tema pendiente es el de las FFAA. Si bien hoy no son exactamente las mismas de la dictadura, siguieron con ejercicios navales con EE UU (Unitas), participando con los yanquis en misiones como la Minustah en Haití, recibiendo donaciones del Comando Sur, firmando convenios con Israel, etc. Distan mucho de ser sanmartinianas y ahora se las mete en barrios de Rosario con la excusa de combatir el narcotráfico.
Si somos dignos defensores de la Generación del ‘70 debemos seguir su heroica lucha contra los monopolios, por la liberación nacional y social, y no contentarnos con el mal menor en ninguna de sus formas, ni cívica ni militar.