Juventud
EDESUR Y EDENOR
El gobierno no avanza en quitarles la concesión ni en estatizarlas
El caso de las eléctricas privadas Edesur y Edenor ilustra perfectamente la tolerancia del gobierno del Frente de Todos frente a ese tipo de monopolios.
Es que hace años venían incumpliendo con las pautas de inversión comprometidas y de todos modos el gobierno les autorizaba aumentos de tarifas a los usuarios. Y como si eso fuera poco, les condonaron deudas con Cammesa. “Debían 220.000 millones de pesos. Massa y Rayón les hicieron una quita de 140.000 millones y sólo pagarán 80.000 millones, pero en 96 cuotas y a tasa subsidiada” (LIBERACIÓN 399, marzo de 2023).
El panorama se oscureció, literalmente en febrero pasado, cuando miles de usuarios se quedaron sin luz durante varios días. Sólo en Edesur, el 10 de febrero, hubo 180.000 hogares sin servicio. Edenor tuvo una cantidad menor, pero también importante, todo en medio de una ola insoportable de calor.
Arreciaron las protestas de vecinos del AMBA, Área Metropolitana de Buenos Aires, que salieron a cortar calles y reclamar ante oficinas de las empresas en barrios de CABA y provincia de Buenos Aires. Recién ahí pareció despertarse el gobierno de una larga siesta. El 17 de marzo, más de un mes después de aquel apagón, ordenó una denuncia penal contra directivos de Edesur. Los cargos: Defraudación por desbaratamiento de los derechos acordados, Abandono de personas y Entorpecimiento de los servicios públicos.
Unos días antes habían deslizado que impondrían multas por mil millones de pesos a ambas compañías, un monto bajo, pero eso no tuvo confirmación oficial concreta.
Como siguieron los cortes, el 21 de marzo el Ente Nacional de Regulación Eléctrica (ENRE) decidió la intervención de Edesur. Esta vendría a ser la “mala de la película”, en cambio Edenor no fue intervenida. Aquella está controlada por capitales italianos del ENI, en tanto la otra perteneció a Pampa Energía de Marcelo Midlin y ahora es de Vila-Manzano-Filiberti.
Esa intervención tendría una duración de 180 días y fue designado el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, vicepresidente del cristinista Instituto Patria.
La medida llegó tarde y es superficial, porque lo que hay que decidir es quitar la concesión no sólo a Edesur sino también a Edenor, y sobre todo convertir a ambas en una empresa del Estado que mejore la experiencia de Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (Segba). Este gobierno, que se acobarda ante los monopolios y multinacionales, no se decide ni a una cosa y mucho menos a la otra.
No quiere sacarles la concesión porque teme que las multinacionales lleven el pleito al CIADI, tribunal arbitral del Banco Mundial, donde los fondos buitres nos han ganado muchos juicios. El último es reciente, de dos fondos buitres, por la expropiación de acciones del grupo Ezkenazi, socio minoritario de Repsol en YPF hasta la nacionalización de 2012. Una jueza neoyorquina Loretta Preska les dio la razón y el perjuicio puede ser multimillonario…
Y menos se anima a reestatizar esas dos firmas porque teme la respuesta hostil de “los mercados” y el FMI, que rechazan la intrusión del Estado en áreas y negocios que consideran exclusivo para grandes capitalistas.
El ENRE tiene la data de que durante el gobierno de Mauricio Macri (2016-2019), las tarifas aumentaron entre un 1600 y 2100 por ciento, pero las inversiones eléctricas disminuyeron respecto a 2015.
¿Qué hacer? ¿Acaso vamos a tolerar que las cosas sigan así hasta el año 2087, cuando recién vence la concesión otorgada por el menemo-cavallismo en 1992? No puede ser así. “En el largo plazo estaremos todos muertos”, dijo John M. Keynes. Y en este caso se imponen soluciones urgentes para nacionalizar el sector eléctrico, bajo control de trabajadores y usuarios, y extenderlo desde estas distribuidoras a los otros dos sectores (generación y transporte), para golpear a Midlin, Lewis, Techint, Caputo y otros monopolistas.
PABLO LOZA
