De Facebook al PRO: espionaje masivo online

En marzo de este año se difundió que Cambridge Analytica había utilizado ilegalmente la información sobre más de 50 millones de usuarios recopilada en la red social Facebook para la campaña electoral de Donald Trump.

La firma usó la información para generar publicidades personalizadas, en apoyo a la candidatura del ahora presidente norteamericano. En unas revelaciones filtradas por periodistas de 4 News, el titular de Cambridge Analytica, Alexander Nix, reconoció que intervinieron en cerca de 200 elecciones en el mundo… incluidas las de Argentina.

En general, las personas interactúan en Facebook y demás redes sociales de manera similar a como lo hacen en su vida real. Aunque adopten nombres distintos, la red de amistades, las preferencias, las fotos que comparten, los “like”, y hasta sus posts, contienen información acerca de sus perfiles que pueden usarse para caracterizar a los usuarios. El conjunto de datos que se puede recuperar de esas redes constituyen lo que llaman “digital footprint”; nos referiremos a ello como “rastro digital”, para no confundir con la expresión “huella digital”, que habitualmente se refiere a las impresiones dactilares.

El gobierno de Macri tiene entre sus mimados a la empresa de Zuckerberg; ha destinado millones de pesos para publicidad en Facebook en los últimos años, además de que se han denunciado vinculaciones con Cambridge Analytica.

El macrismo siempre se interesó por el espionaje cibernético y las intercepciones de comunicaciones: basta recordar que el propio Macri estuvo imputado en la causa de escuchas ilegales contra familiares de las víctimas del atentado a la AMIA, causa en la que fue abruptamente sobreseído apenas arribó a la presidencia.

En 2016, el presidente dispuso por decreto que los datos personales registrados en la ANSES pasarían a la órbita de la Jefatura de Gabinete que conduce Marcos Peña, bajo el pretexto de “informar mejor a la población”. De esta forma, el gobierno se hizo de información sobre la población haciendo caso omiso a las disposiciones legales: la ley de protección de datos 25.326 establece que “los datos objeto de tratamiento no pueden ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención”. La información que una persona brinda a la ANSES no habilita a que se usen para que el gobierno les envíe comunicaciones, ni para que se establezcan perfiles de ellas.

Han tomado estado público algunas operaciones de inteligencia que involucran al Estado en actitud persecutoria: la familia de Santiago Maldonado, así como organismos de Derechos Humanos que trabajaron desde el primer momento para descubrir el paradero de Maldonado y para exigir justicia, fueron objeto de intercepciones, con mensajes retransmitidos entre funcionarios de Seguridad y de la Gendarmería, entre otros. El caso está actualmente bajo investigación en el juzgado de Daniel Rafecas, y surgieron de las pericias realizadas a los celulares de los uniformados.

Este año, a instancias de los senadores Rodolfo Urtubey y Pedro Guastavino, avanzó un proyecto de espionaje masivo y sistemático, como denunciaron organismos de derechos humanos. La norma plantea la relajación de los requisitos para intervenir comunicaciones, ampliando -no sin ambigüedades- los alcances de los mismos, permitiendo incluso la adopción de mecanismos como el célebre software israelí Pegasus, que posibilita el espionaje de celulares y que fue usado en distintas partes del mundo contra dirigentes políticos, sociales y de Derechos Humanos.

La iniciativa formaba parte del proyecto de modificación del Código Procesal Penal de la Nación, que finalmente tuvo media sanción sin esos capítulos; sin embargo, los legisladores adelantaron que volverán a la carga con el tema.

Si bien era una propuesta “opositora”, es evidente que está en línea con la política oficial; prueba de ello es que tuvo un tratamiento express en comisiones, y poco faltó para que se aprobara sin que hubiera debate alguno, ni consultas a especialistas como muchas veces se hace cuando se abordan temas sensibles.

Desde 2013, las Naciones Unidas tomaron el tema de la invasión de la privacidad en las redes como una cuestión de Derechos Humanos; el organismo emitió en 2016 una resolución exhortando a los países a tomar medidas contra la vigilancia y la intercepción de comunicaciones en las redes. Macri usa como muletilla la idea de “volver al mundo”, pero claro, no se refiere al respeto de las normas sobre Derechos Humanos.

JORGE RAMÍREZ