¿Cuánto hay que pagar de deuda externa al FMI y BlackRock?

            El endeudamiento externo consagrado desde la dictadura y por diversos gobiernos posteriores lleva a que este año se le reclame a la Argentina un total de U$S 18.628 millones. Esa es la deuda en moneda extranjera que vence en 2024.

Cifras tan grandes son difíciles de asimilar. Quizás ayude comparar: equivale a casi 1.300 meses de presupuesto de funcionamiento de todas las universidades nacionales; o 5 meses de todas las prestaciones sociales del país.

            De todas esas obligaciones, convalidadas por el gobierno anterior y asumida con alegría por el actual, el principal acreedor es el FMI, al que se le pagaría entre enero y noviembre nada menos que U$S 7.463 millones en siete pagos. El último día de abril el gobierno pagó U$S 1900 millones al Fondo, a lo que siguió el pago de intereses por otros U$S 800 millones.

            Además de su origen ilegítimo, los pagos en cuestión no implican una reducción de la deuda con el organismo, sino todo lo contrario. Suena contrario al sentido común, pero lo cierto es que cada “revisión” que hace el Fondo sobre los indicadores que les interesan de la economía argentina, realiza desembolsos no de dinero contante y sonante sino de Derechos Especiales de Giro de la propia entidad internacional, un instrumento que permite contar con reservas internacionales pero que no son divisas. El gobierno las puede usar… para pagarle al Fondo. Eso sí: esos desembolsos implican nueva deuda que reemplaza a la vieja, con la obligación -además- de cumplir con los mandatos económicos que especifican los técnicos del FMI.

            Ese mecanismo de endeudamiento y sumisión no es nuevo, no es obra de Milei aunque el autodenominado libertario lo aproveche. Es una marca de todos los acuerdos firmados con el Fondo desde 1958, cuando el gobierno de Frondizi aceptó despedir empleados públicos, paralizar las obras, privatizar empresas y congelar salarios. Los gobiernos toman deuda, ajustan, la economía se enfría (es decir, cae la producción, cierran empresas, bajan salarios, sube la desocupación), eso lleva a la caída de la recaudación fiscal y con ello la necesidad de endeudarse de nuevo para pagar lo anterior… aceptando nuevos condicionamientos. En tiempos más recientes, gran responsabilidad le cabe al gobierno de Mauricio Macri, que tomó el mayor crédito de la historia ante el Fondo Monetario, convalidada y ampliada luego por la gestión de Alberto Fernández.

            El lunes 13 de mayo último, el Fondo y el Gobierno anunciaron un nuevo acuerdo técnico en el marco de la octava revisión del Programa de Facilidades Extendidas vigente (firmado, cabe recordar, en la presidencia de Fernández), que reemplazó al Stand-by del período macrista. El tono elogioso de las comunicaciones de ambas partes deja ver que, en concreto, se trata de seguir la senda del ajuste y del “equilibrio fiscal” aunque sea a costa de las condiciones de vida de la población y de la soberanía argentina.

            El entusiasmo del Fondo con el programa de Milei es indudable. En su nota de prensa, el organismo destaca que el gobierno “sobrecumplió” las metas suscritas por la gestión anterior, derrochando optimismo sobre una futura recuperación basada en la desregulación y en la eliminación de “cuellos de botella” que -coinciden en afirmar Milei y el Fondo- serían las que traban a la prosperidad económica. Para alcanzar el famoso equilibrio fiscal, repiten el mandato de eliminar subsidios… a los que no sólo les quita incidencia en el desarrollo económico sino que los separa de efectos tan simples y tan concretos como evitar que parte de la población muera de frío, enfermedades o hambre. Para la visión que Milei y el Fondo comparten de lo que es la economía, esas consecuencias serían irrelevantes.

            Milei decidió ejecutar un ajuste brutal (“el más grande de la historia”, como suele ufanarse) para cumplir con los mandatos del FMI e ir más allá, formateando completamente la economía argentina al servicio de un puñado de monopolios nacionales y foráneos, de la entrega de los recursos y bienes comunes del país, de la eliminación de derechos laborales, previsionales y hasta políticos (como el derecho a la protesta); junto a la destrucción del sistema científico y tecnológico nacional, como parte del desmembramiento de herramientas para la soberanía.

Juega BlackRock

            Si bien la deuda con el Fondo es la mayor individualmente y la más influyente, no es la única que condiciona la política económica argentina. El Estado le debe a otros organismos internacionales, a importadores, y a numerosos “fondos de inversión”, entidades que manejan grandes sumas y que han ido ocupando el lugar que antes tenían los bancos en la economía capitalista mundial.

            El mayor acreedor privado es justamente uno de estos buitres. La Argentina le debe más de U$S 2.000 millones a BlackRock, el mayor pulpo financiero del planeta. Maneja unos 7 billones de dólares, más que cualquier país del globo, excepto Estados Unidos y China. Tiene acciones en todas las empresas líderes: Microsoft, Apple, Google, Amazon, Coca-Cola, Pepsico, JP Morgan, HSBC, Walmart, Pfizer, Novartis, Roche, Glencore, entre otras miles de compañías.

            En la Argentina maneja partes de YPF, Pampa Energía, Glencore (con la que participa de numerosos emprendimientos mega mineros), Mercado Libre, Tenaris y los principales bancos (Galicia, Santander-Rio, BBVA y Macro).

            BlackRock está en todos los lados del mostrador: bancos donde tiene incidencia actúan como intermediarios en la colocación de títulos que puede comprar, en base a decisiones de gobiernos donde muchos funcionarios han sido sus empleados.

JORGE RAMÍREZ