Cordobazo en Salud

            El conflicto de la Salud Provincial de Córdoba crece y se fortalece desde sus bases. El 19 de noviembre se llevó a cabo en el Colegio de Psicólogos un plenario de la coordinadora Salud de Córdoba Unida que agrupa a los representantes electos de los 39 organismos de salud provinciales tanto del interior como de Capital, para conformar una comisión que será el interlocutor válido en la mesa de diálogo con el Gobierno Provincial.

            Luego del paro con alto nivel de acatamiento en los 38 hospitales provinciales y la masiva protesta callejera de los equipos de Salud, el conflicto se transformó en una preocupación para el Gobierno provincial que hasta entonces intentó bloquear la protesta dividiendo el reclamo e intentado llegar a acuerdos por separados con diferentes sectores. El conflicto divide al Ejecutivo, entre los que creen ver en la organización de los trabajadores a un grupo anárquico, y entre los que temen que el problema se convierta en otro frente que lime sus aspiraciones de continuidad.

            El conflicto laboral se inició a principios de noviembre cuando en el comienzo de las medidas de protesta por recomposición salarial de los gremios de la Salud no reconocidos por el Gobierno, en el hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto 17 médicos del servicio de Guardia renunciaron en protesta por los bajos salarios y las malas condiciones laborales. Se produjo un efecto contagio en otros servicios del nosocomio y en el resto de las localidades. Ante esa situación, desde la Provincia anunciaron el pago de un monto remunerativo de entre $ 50.000 y $ 70.000 que no alcanzó a frenar las medidas, ante la diversidad de problemas en el sector.

            El reclamo de los equipos de Salud en los 38 hospitales que administra el Gobierno de Córdoba desnudó una situación específica de un sector que ha sido estratégico en los últimos dos años y hoy está cansado, pobre y ninguneado. La crisis combina el atraso salarial y las malas condiciones laborales y de mal trato a la que los trabajadores se ven expuestos. Pero el problema en realidad es la cara visible de un sistema de salud en crisis y esta protesta amenaza con extenderse como reguero de pólvora también al sector privado, que de igual forma paga poco y mal.

            A pocas horas después del paro del personal de salud pública se generó un áspero debate político en la Legislatura. Hubo duros cuestionamientos de los bloques opositores al Gobierno, pero Hacemos por Córdoba aseguró que con una mesa de diálogo abierta se dará un acuerdo al planteo del personal.

            El Gobierno Provincial siguiendo la línea de jugar al desgaste acordó, luego del paro, con el Sindicato de Empleados Públicos un aumento salarial muy por debajo de los reclamos de los trabajadores de la salud. Este acuerdo que reza un 104% anual es en realidad calculado con el sueldo básico de enero tras años de paritaria a la baja firmadas por su secretario José Pihen, también legislador oficialista. Continuaron las asambleas en todos los nosocomios y aumentó el descontento contra el sindicato al cual la inmensa mayoría del sector de Salud ya no reconoce como representativa y lo ha dejado expresado en su pliego de solicitudes al Gobierno. En muchos hospitales se aprobó continuar con el paro, mientras que en otros se votó la realización de asambleas y protestas callejeras.

            Entre los trabajadores de la Salud crece la indignación y el espíritu de lucha, lo que mantiene aún muy vigentes las medidas de protesta con un altísimo acatamiento a la espera de una respuesta del Ejecutivo. El punto máximo de esa organización ha sido la creación de la coordinadora Salud de Córdoba Unida, que tiene las representatividades de 38 hospitales Provinciales, CAPS y otras dependencias de Salud como así también al Colectivo de Residentes. El pasado 19/11, se llevó adelante un nutrido plenario en donde se acordó seguir con las asambleas y medidas de fuerza por tiempo indeterminado y un nuevo Paro provincial de Salud con Movilización, de no entablarse una mesa de dialogo con el Gobierno.

PABLO AGUIRRE