Córdoba: Se presentó una querella contra los golpistas en Bolivia

La Comisión de Homenaje a los Desaparecidos y Mártires Populares presentó el 29 de noviembre una denuncia por los delitos de lesa humanidad cometidos en Bolivia por el autoproclamado gobierno surgido luego de un golpe de Estado contra Evo Morales.

La presentación la realizó el abogado Rafael Ortiz, por ante el Juzgado Federal N°2 de Córdoba, junto a los miembros de la Comisión de Homenaje, Sergio Ortiz e Irina Santesteban. La acusación apunta a la senadora Jeanine Añez, que fue erigida presidenta de facto por los militares que forzaron la renuncia de Evo, bajo amenazas de muerte para él y su familia, las mismas amenazas que recibió el vicepresidente Alvaro García Linera y funcionarios del gobierno del MAS. También se acusa a los dirigentes golpistas Luis Fernando Camacho, Carlos Mesa y Marco Pumari y a las máximas jerarquías de la policía y el ejército de Bolivia.

La denuncia fue presentada junto a un grupo de residentes bolivianos en Córdoba, militantes de organizaciones de derechos humanos, sindicatos y agrupaciones políticas. El fiscal federal Gustavo Vidal Lascano tendrá que avocarse a la causa por resultar competente en virtud de la jurisdicción internacional, por tratarse de delitos de lesa humanidad cometidos en territorios de países extranjeros, tal como lo prevé la Constitución Nacional y el Estatuto de Roma, que ha sido incorporado a nuestra legislación.

La presentación detalla los hechos acaecidos luego de las elecciones bolivianas del 20 de octubre. A partir de allí se sucedieron «actos de terror generalizado y sistemático en contra de las autoridades legítimamente electas y en ejercicio», como las vejaciones a las que fue sometida la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, el incendio de edificios públicos y de locales de organizaciones sociales, saqueos de vivienda -incluso la del propio presidente-, secuestros y amenazas contra funcionarios.

Como parte de estos hechos, se relatan las amenazas proferidas por el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Camacho, y por el Ministro de Gobierno de facto, Arturo Murillo; los malos tratos ejercidos contra mujeres bolivianas por ser indígenas y usar polleras; y el uso indiscriminado e ilegal de armas de guerra en la represión perpetrada por las Fuerzas Armadas y la policía contra manifestaciones pacíficas, que dejaron un saldo de 40 muertos, sobre todo en El Alto y  Sacaba (Cochabamba).

Según la denuncia, estos hechos se dieron en el marco de un plan para concretar el golpe de Estado y consagrar la impunidad para las Fuerzas Armadas, responsables de la muerte de civiles, así como para implantar una feroz censura mediante el ataque a emisoras de radio y TV, y amenazas contra periodistas locales y extranjeros.

En cuanto a la calificación legal, los denunciantes expresan que estos delitos configuran «tentativa de homicidio calificado reiterado, homicidio calificado reiterado, torturas, privación ilegítima de la libertad calificada reiterada, coacción calificada e incendio calificado»; y constituyen delitos de lesa humanidad «por ser parte del plan criminal instaurado por la dictadura cívico militar instalada en la República Plurinacional de Bolivia luego de las acciones de intimidación realizadas» a partir de las elecciones y continuando luego de que la senadora Añez se proclamara como presidenta.

Por ser delitos de lesa humanidad, los mismos son “imprescriptibles” y sus responsables están sujetos a persecución en cualquier territorio, a través de la aplicación del principio de jurisdicción universal.

Como parte de la prueba destinada a acreditar los hechos y la comisión de los delitos denunciados, se piden los testimonios de Evo Morales, del vicepresidente Álvaro García Linera y otros funcionarios de su gobierno, así como del diplomático Jean Arnault y los periodistas Mónica Pacheco, Iván Maldonado, José Aramayo, Marco Teruggi, Rolando Graña y Martín García, entre otros.

Como prueba se ofreció la declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del 19 de noviembre, los pronunciamientos de ambas Cámaras legislativas argentinas, la legislatura cordobesa y publicaciones periodísticas que dieron cuenta de los hechos. También se pidió al fiscal que libre oficio a la República Plurinacional de Bolivia, a través de la Cancillería argentina, para que se informe si existe investigación sobre los delitos de lesa humanidad denunciados; y a la cartera de Relaciones Exteriores, para que informe si se ha solicitado al gobierno de facto que vele por la integridad y seguridad física de los periodistas argentinos en ese país.

Se pidió la citación a juicio de los acusados para que comparezcan, y en caso de no hacerlo, que se ordene su captura internacional.

Entre las organizaciones adherentes estuvieron la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, Familiares, Ex presos políticos por la Patria Grande, bolivianos residentes en Córdoba, La Colectiva, Casa Nuestra América, Colectivo Más Democracia, Gráficos, Ladrilleros, PL, Comité Democrático Haitiano, residentes de Ecuador, TUPAC y otros.