CAUSA POR ESPIONAJE A FAMILIARES DEL ARA SAN JUAN

La estrategia negacionista de Mauricio Macri

            El 15 de noviembre de 2017 se conocía la trágica noticia del hundimiento del submarino ARA San Juan, que se dirigía desde Ushuaia a Mar del Plata con 44 tripulantes, 43 varones y una mujer. Durante más de un año no se pudo saber con certeza qué había pasado, hasta que, presionado por las familias de los tripulantes, el gobierno de Mauricio Macri tuvo que contratar a la empresa Ocean Infinity para localizar el lugar donde quedó el submarino luego del accidente y hundimiento.                                                                                                         

            El maltrato que sufrieron esos familiares fue constante, desde Macri hasta los funcionarios que debían responder por el trágico hecho, en particular el ex ministro de Defensa, Oscar Aguad. Su reclamo de búsqueda y esclarecimiento del hecho no era escuchado. Por ello se encadenaron durante 52 días a la reja de la Casa Rosada, hasta que lograron que ese gobierno retomara la búsqueda y el submarino pudiera ser hallado en el fondo del océano un año después de la tragedia.

            Hubo muchas irregularidades en relación al viaje del submarino, que dieron lugar a hipótesis conspirativas, como que estaba realizando tareas de espionaje alrededor de Malvinas y había sido objeto de un ataque británico. Pero Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes del ARA San Juan, aseguró que no se vio en la nave ninguna señal de impacto externo. Él y otros dos familiares viajaron en el buque Seabed Constructor, que  realizó las tareas de reconocimiento a través de un robot submarino que tomó imágenes de la nave hundida. 

            La tragedia se habría producido por el ingreso de agua a través de una válvula, alcanzando las baterías, donde se produjo una reacción con el hidrógeno, dejando al submarino sin control, que se fue hacia abajo e implosionó por la presión, lo que produjo la muerte de todos sus tripulantes. Ésa es la versión más fidedigna de lo ocurrido.

INFORME

            En 2019, una Comisión Bicameral que investigó el hundimiento señaló que hubo una “indudable responsabilidad política del gobierno nacional (de Macri)”, en particular del Ministerio de Defensa (a cargo de Aguad) por la tragedia que se cobró las vidas de 44 argentinos.

            El submarino no se encontraba en condiciones de realizar la travesía que estaba haciendo cuando ocurrió la tragedia. Llevaba más de 44 meses sin ingresar a dique seco, que es cuando se le realizan las revisiones y/o reparaciones correspondientes, y eso debía hacerse cada 18 meses. Para la Comisión, el hundimiento del ARA San Juan fue “una de las mayores tragedias mundiales de la historia naval en tiempos de paz y la más grave para nuestro país tras la Guerra de Malvinas”.

            El gobierno de Cambiemos no tuvo la menor empatía con las familias, al punto que se abandonó la búsqueda y sólo el reclamo incesante de los familiares fue lo que presionó para retomarla y finalmente encontrar el lugar donde estaba el submarino.

            Por ello se entiende la indignación que causó en setiembre de 2020, cuando la jefa de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, informó del hallazgo de evidencias que probaban el espionaje macrista sobre las familias. Con ese material se abrió una causa judicial, que tiene como procesados al ex titular de la AFI, Gustavo Arribas y a la subdirectora Silvia Majdalani, a Macri y a otros agentes y ex agentes de la ex SIDE.

LA CAUSA

El proceso se tramita en el juzgado federal de Dolores, del juez Martín Bava, quien consideró que había que investigar la participación de los imputados por tareas de “obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de derechos humanos”.

            Esa conducta está expresamente vedada a las autoridades políticas y de inteligencia, conforme la ley 25.520, de Inteligencia Nacional.

            Macri eludió las dos primeras citaciones por encontrarse fuera del país y  considerar que no podía declarar si no se lo relevaba del “secreto” que debía guardar en relación a las políticas de inteligencia relacionadas con la seguridad del Estado. Para el juez en esta causa no se daba ese supuesto, pero hizo lugar a ese planteo y el presidente Alberto Fernández dictó un decreto mediante el cual se relevó al ex presidente de guardar el secreto respecto a las actividades que se investigan en esa causa.

            Así, A Macri no le quedó más remedio que comparecer ante el juez y contestar el requerimiento. No lo hizo, pues recusó al magistrado por “parcialidad manifiesta”, además de negar cualquier actividad de inteligencia sobre los familiares del ARA San Juan.

            La citación judicial al ex presidente, evidenció el doble rasero del PRO y de la prensa monopólica que lo apoya, pues la calificaron de ser una “persecución política” del gobierno nacional. Pretendieron armar una movilización en su apoyo cuando tuvo que comparecer al juzgado, jugada que no les salió muy bien porque los familiares de los tripulantes del ARA San Juan se opusieron a que se utilizara una causa tan grave como propaganda política, en plena campaña hacia las legislativas. Así, sólo un grupo reducido de dirigentes del PRO acompañaron a Macri, quien mostró su indignación con la situación cuando le arrebató el micrófono a un reportero de C5N. Semejante violencia hacia el periodismo fue tratado de manera muy indulgente por los medios hegemónicos de incomunicación. ¡Imagínense si semejante cosa la hubiera hecho Cristina Fernández!

            Justo en el día del cuarto aniversario del hundimiento,  Macri se embarcó rumbo a Arabia Saudita, invitado por el príncipe acusado de ordenar, emboscar, asesinar, descuartizar y desaparecer a un periodista crítico de su régimen.

IRINA SANTESTEBAN