Macri insiste en el proyecto de criminalizar a los niños y jóvenes

“Hay que saber sr. Juez como se vive para saber después porque se peca” C. Flores

Datos publicados a fines de septiembre/2016 del INDEC arroja que la mitad de los chicos/as de hasta 14 años es pobre. UNICEF, dice que el 30% de los chicos/as es “multidimensionalmente pobre”. CORREPI denuncia que desde la llegada de Macri se intensificó el “brazo represivo” de las fuerzas de seguridad aumentando 7 veces las denuncias en ese organismo y en el 2016 se registró un muerto cada 25 horas en manos de las fuerzas de seguridad. Las víctimas eran jóvenes entre 15 y 25 años.  El juez de Garantías del joven de Mercedes, Buenos Aires, Dr. Marcelo Giacoia, informa que el último registro anual arroja que sólo el 3,59% de los delitos cometidos hay participación de jóvenes.

¿Cuál sería entonces la verdadera inseguridad en nuestro país, por la que se quiere criminalizar a los niños y jóvenes?

Desempleo, tarifazos, ajuste, aumento de la violencia institucional, el vaciamiento de programas y puestos de trabajo con los que se implementan políticas orientadas a la niñez. Son factores que impactan de lleno en la infancia y juventud.   Frente a esta situación hay carencias materiales y emocionales que impiden el desarrollo integral de los chicos/as.  Si en su más temprana edad el Estado no le garantiza alimento como corresponde (en un país que produce alimentos para 400 millones de personas, y tenemos 5 millones de chicos/as en la extrema pobreza) no garantiza su salud, su escolaridad, y encima después los quiere penalizar creyendo que la solución es encarcelarlos cuando además es anticonstitucional, porque Argentina tiene como rango constitucional tratados internacionales que plantean la no regresividad y la progresividad de las leyes. Entonces si hoy a un pibe/a le bajan la edad de imputabilidad estamos hablando de una regresividad en las garantías a los DDHH y por lo tanto Argentina podría ser penada por los tratados internacionales. El tema de la baja no es un hecho aislado ni improvisado. El ministro de Justicia, Garavano, dijo que reformar la ley penal juvenil es “una deuda con la democracia”. Recordemos que él dirigió durante varios años una usina local de pensamiento jurídico (FORES) para asesorar a los sectores de derecha y gobiernos con esta impronta en materia de justicia. Esta ONG fue creada en la dictadura para legitimar jurídicamente el proceso militar y en los ’90 tomó los proyectos de los organismos de crédito internacionales para reformar el Poder Judicial.

No es casual que este sea un tema de agenda de este gobierno de derecha, con una avanzada conservadora para generar un consenso represivo instalando el tema de la inseguridad, junto a su aliado, poder mediático, estigmatizando a los pibes/as para tener luego la excusa de meterlos presos.

El eje/desafío debería estar puesto en la manera de cómo seguir resistiendo y exigiendo políticas públicas para que nuestros pibes/as puedan vivir dignamente, en un Estado que los cuida, los contenga, los “abrace”, en una sociedad más justa que no los abandone. La niñez es el territorio más fértil para construir dignidad, difícilmente no salga otra cosa que violencia si esto es lo único que recibe.

Más de 60 organizaciones sindicales, institucionales, políticas, de DDHH, trabajadores y trabajadores del ámbito de niñez y adolescencia se constituyeron en un espacio nacional NO A LA BAJA para unir fuerzas contra la criminalización de nuestros pibes/as.

¡Los pibes/as no son peligrosos…están en peligro!

SABINA GARCÍA