Los pagadores seriales de la deuda externa

            En junio el gobierno argentino pagó al FMI u$d 2.700 millones que vencían ese mes. Lo hizo abonando el equivalente a u$d 1.700 millones con “Derechos Especiales de Giro” -la unidad con la que el propio organismo efectiviza sus préstamos- y otros u$d 1.000 millones en yuanes.

            Unos días más tarde abonó a acreedores privados otros u$d 982 millones, en cumplimiento de la “reestructuración” de deuda realizada por el ex ministro Guzmán en 2020. En palabras del Secretario de Finanzas, Eduardo Setti, las erogaciones demostraron el “compromiso con el pago de las obligaciones de la deuda pública” con el objetivo de “dar tranquilidad y certidumbre a los mercados”.

            En resumen, y más allá de la forma que hayan adoptado los pagos, el Estado argentino se desprendió de casi u$d 3.700 millones en pocos días. Esto significa algo más de 1 billón de pesos al cambio oficial o algo menos de 2 billones de acuerdo a la cotización del “blue” al momento de escribir estas líneas.

            Semejantes números están muy lejos de la experiencia de lxs argentinxs de a pie. Para darnos una idea, pensemos que lo pagado al cambio oficial equivale a más de 6.000.000 (¡6 millones!) de salarios mínimos docentes (garantía salarial acordada en la paritaria nacional docente). O es un 32% más que el presupuesto previsto para todas las universidades nacionales del país durante todo el año. O casi el doble que las asignaciones a la función “Salud” del presupuesto nacional. Y todas esas cifras hay que casi duplicarlas si hablamos en términos del dólar paralelo, que a pesar de su informalidad rige como referencia para muchos actores económicos en el país.

            Es evidente que la prioridad del gobierno es -por lejos- la “tranquilidad” de los mercados y no las necesidades de nuestro país.

            La Directora de Comunicaciones del Fondo, Julie Kozack, explicó que las negociaciones del gobierno argentino con el organismo tratan “sobre un paquete de políticas para salvaguardar la estabilidad económica” con el objetivo de “apoyar la acumulación de reservas y mejorar la sostenibilidad fiscal”. Para maquillar un poco la dirección real de las políticas que impulsan, la vocera aseguró que se contemplará la protección de “los más vulnerables”.

            Las gestiones oficiales buscan que el Fondo flexibilice algunas de las metas establecidas previamente, aduciendo los factores climáticos y sequía que incidieron en que las divisas en poder del Banco Central sean menores a las comprometidas. De hecho, luego de los pagos realizados, las reservas llegaron a un mínimo histórico.

            Se llegó a esas situación a pesar de los sucesivos recortes efectuados por el gobierno. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, los recursos destinados a las asignaciones familiares cayeron un 41,5% en términos reales en los primeros cinco meses del año, mientras que en el mismo período los subsidios al transporte se redujeron un 26,6% y las transferencias a las provincias un 25,4% (siempre en términos reales, es decir, actualizando las cifras según la inflación). El IARAF es una entidad ligada a sectores de poder económico y de mirada neoliberal, siendo presidida por el economista cordobés Nadín Argañaraz (ex Fundación Mediterránea, imputado en una resonada causa por evasión de impuesto). No obstante otras entidades también dan cuenta del ajuste, aunque con guarismos un poco menores, como la Oficina de Presupuesto del Congreso, que estimó que el recorte en las asignaciones fue de “sólo” el 30%. La misma Oficina informa que las erogaciones del Estado cayeron durante 11 meses consecutivos.

            En concreto, se le quitó recursos a las familias argentinas y se perpetró otro tarifazo en el transporte. Como ocurrió en reiteradas oportunidades, los ajustes deterioran la calidad de vida de la mayoría de lxs argentinxs sin asegurar que se alcancen las metas exigidas por el Fondo.

            De acuerdo con el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda, 13 de cada 100 pesos que recaudó el Estado este año se destinaron al pago de intereses de la deuda, los que consumieron una cifra similar al déficit primario total en el mismo período.

            Según las estimaciones oficiales, la concreción del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner implicará un ahorro de u$d 2.200 millones. Aún si esas previsiones son correctas, no se destinarían a impulsar la economía nacional ni a solucionar los problemas del país sino a atender la deuda externa, convalidada por el gobierno de los Fernández y descargada sobre la mayoría de lxs argentinxs.

            En ese contexto, el gobierno -encabezado por el Ministro y candidato Sergio Massa- negocia con el Fondo nuevas condiciones para mantener el acuerdo pero con algunas metas algo más relajadas. Sin embargo, los lineamientos generales se mantienen: subordinar la economía la generación de divisas para pagar la deuda, al servicio de los sectores exportadores y el extractivismo. La delegación de la cartera económica ante el Fondo intenta que el organismo adelante u$d 2.000 millones antes de los próximos vencimientos. En julio están pactados vencimientos por otros u$d 2.630 millones, los que el gobierno pretende abonar a fin de mes, apenas un par de semanas antes de las PASO.

            Si las gestiones oficiales tuvieran éxito, sólo conseguiría un alivio temporal, ya que el Fondo no está dispuesto a una ampliación en las metas de déficit fiscal que darían algo de margen de maniobra.

            El éxito en las gestiones sólo traerían la continuidad de las políticas de ajuste, que es lo que el oficialismo tiene para ofrecer frente a las posturas ajustadoras y más represivas de las que hace gala la oposición de derecha-derecha. 

JORGE RAMÍREZ