Salta: seguimos luchando por Memoria, Verdad y Justicia

  La Ley de la Memoria, Verdad y Justicia de la provincia de Salta debió tratarse el 8 de noviembre en la Cámara de Diputados. El texto de la misma fue redactado por la Mesa de Derechos Humanos de la provincia y el diputado por el partido Movilización y Memoria, con el asesoramiento del abogado Martín Ávila, querellante en los juicios de Lesa Humanidad.

   Esta ley resulta de la necesaria construcción de principios que aborden las políticas públicas de Memoria en cumplimiento con los estándares establecidos por el derecho internacional teniendo en cuenta los principios y disposiciones en la Declaración de los Derechos Humanos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros muchos instrumentos legales referidos al tema. Los Estados miembros de la OEA, como Argentina, están obligados a disponer mecanismos efectivos e integrales para garantizar el derecho a la Verdad tanto de las víctimas  de graves violaciones de los derechos humanos, como de la sociedad en su conjunto, la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de graves violaciones a los DD HH, la reparación de los daños sufridos por las víctimas y el establecimiento de mecanismos que eviten la repetición de esos hechos.

    Dentro de esas políticas, se establece un régimen sustentable de archivos que permita crear o recuperar y gestionar los archivos para el restablecimiento y reconocimiento de la verdad histórica constituyéndose así en una herramienta educativa contra el negacionismo y el revisionismo asegurando que las víctimas, la sociedad en su conjunto y las nuevas generaciones tengan acceso a fuentes primarias. En el caso del Archivo de la Memoria en Salta, denunciamos como Mesa el año pasado graves falencias: falta de personal especializado, pésimas condiciones del lugar donde funciona y falta de digitalización. La ley establece un régimen que asegure el acceso público, técnico y sistematizado a los archivos que contengan información útil y relevante para la investigación en causas de graves violaciones de los derechos humanos.

   Se crea, con carácter permanente, la Comisión Provincial de la Memoria a fin de asegurar, ejecutar, garantizar y velar por el cumplimiento de todos los objetivos y atribuciones establecidos en la ley. Esta Comisión será un ente autárquico con presupuesto propio, integrada por una persona por cada uno de las organizaciones de DD HH de la Provincia con reconocida trayectoria en la preservación de la memoria de las violaciones a los mismos por parte del terrorismo de Estado, tengan o no, personería jurídica. Se completa la Comisión con un representante de cada uno de estas instituciones: Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, Poder Legislativo y Poder Judicial de la Provincia y otra designada por el ámbito institucional universitario relacionado con la defensa y vigencia de los derechos humanos. Las funciones de la Comisión, entre otras son: sugerir y aprobar el señalamiento de sitios de la Memoria, sugerir y proponer el plan de educación en Derechos Humanos, velar por el funcionamiento de todas las atribuciones e instituciones creadas en esta ley.

   Este Proyecto de Ley recibió adhesiones de organismos de DD HH de todo el país, organizaciones gremiales y sociales, partidos políticos (el PL entre ellos) y de la Universidad Nacional de Salta, de su rector y del Consejo Superior que la aprobó por unanimidad.

   El tratamiento del Proyecto se vio frenado por la repudiable actitud de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados que no elaboró el dictamen correspondiente para que fuese tratado en el recinto. Después de recibir integrantes de un grupo negacionista, en declaraciones públicas la diputada Laura Cartuccia (del Bloque Salta tiene futuro, del gobernador Gustavo Sáenz aliado del macrismo y massismo), manifestó que había que escuchar las dos campanas, que era necesario mirar hacia adelante y no al pasado, y otros “argumentos” similares para explicar su posición negacionista y antidemocrática.

   La Mesa de Derechos Humanos ratificó que seguirá luchando para que este proyecto sea ley.

ELENA RIVERO