El desalojo al acampe docente en Tierra del Fuego

A comienzos de año, la gobernadora de Tierra del Fuego Rosana Bertone envió un paquete de leyes a la legislatura provincial con medidas de ajuste que afectaban principalmente a los jubilados.

Entre las iniciativas impulsadas por la mandataria electa por el Frente para la Victoria se incluía el aumento de la edad jubilatoria, la eliminación de la ley de los “25 inviernos” (que posibilita el acceso a la jubilación con 25 años de aportes, en reconocimiento de la crudeza del clima en el que realizan sus labores). El paquete también dispone un aporte “excepcional” por parte de todos los funcionarios y agentes estatales, incluyendo a jueces y jubilados con mayores sueldos. Así se conforma un “fondo especial” para hacer frente a los haberes jubilatorios dentro del nuevo régimen fueguino.

El conjunto de leyes de ajuste fue aprobado en enero luego de una sesión de 12 horas de duración, con el apoyo de los legisladores del FPV local y de la UCR.

En rechazo a estas medidas se nuclearon 25 gremios, en su mayoría estatales, los que iniciaron un plan de lucha que fue en aumento. Además de paros, se organizaron acampes y cortes de ruta, que no lograron hacer retroceder al gobierno. El acampe más importante se realizó frente a la Casa de Gobierno.

El 31 de mayo, a las 2 de la madrugada, la policía irrumpió violentamente en el acampe. Se incendiaron varias carpas con una represión donde mediaron golpes y empujones que volcaron las salamandras con las que los manifestantes enfrentaban la crudeza del frío. Los efectivos atacaron con palos, gases y perros, sin exhibir en ningún momento la supuesta orden judicial.

La Unión de Gremios Estatales y Jubilados y la CTA Autónoma local denunciaron que la represión fue “un hecho detestable, como en la dictadura”, y que incluso una de las manifestantes sufrió un ataque de epilepsia sin que los efectivos la ayudaran, quedando tirada en el piso. El saldo para los manifestantes fue de 10 heridos.

Ajuste, represión y tarifazos

Ya a comienzos de mayo la escalada represiva que se observa en muchos puntos del país tuvo un hito en Tierra del Fuego. Los dirigentes sindicales Horacio Gallegos, Juan Manuel Stefoni, José Gómez, Alejandro Gómez (gremio de empleados públicos) y Roberto Camacho (ATE) fueron detenidos por realizar un escrache al vicegobernador Juan Carlos Arcando. No sólo se trata de la detención de los dirigentes y la criminalización de la protesta, sino de las prácticas intimidatorias con las que se realizaron las mismas: en todos los casos, la policía irrumpió en las viviendas en horas de la madrugada de manera violenta, sin que hubiera justificación alguna para tal operativo. Esta modalidad se vio también en Jujuy contra integrantes de la Tupac Amaru y contra dirigentes del sindicato municipal que orienta el Perro Santillán.

A las medidas restrictivas del gobierno provincial y a los cientos de despidos (tanto en el sector público como en el privado) se suman los tarifazos, que en el caso fueguino llegan a 2.500 por ciento para las industrias. Esto fue un freno más a la actividad económica. El juez Federal Federico Calvete hizo lugar “interinamente” a una presentación de una empresa recuperada contra los incrementos del gas, aunque la decisión fue apelada por el gobierno nacional.

Bertone fue elegida por la lista del FPV pero desde su asunción se mostró cercana al gobierno de Macri, lo que quedó remarcado al no referirse en su discurso ni a Cristina Fernández ni al FPV. Más aún, junto a Juan Manuel Urtubey, la fueguina acompañó a Macri en la breve visita al Papa. Con estos antecedentes ocupa la quinta vicepresidencia del Partido Justicialista en la nueva conducción partidaria.

MARÍA ALANIZ