La solución es no pagar la deuda

Alberto Fernández, junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y casi todos los gobernadores, anunció la propuesta para la reestructuración de la deuda con los bonistas privados, por 66.028 millones de dólares. En síntesis habló de la imposibilidad de pagar que tiene hoy la Argentina, planteada por el ministro de Economía Martín Guzmán. La propuesta implica una “mayor reducción de intereses que de capital”. En capital el “ahorro” sería de 3.600 millones de dólares (un 5,4% de quita sobre el stock adeudado), mientras que la reducción de intereses sería de 37.900 millones de dólares, un 62%.

Sin embargo, los bonistas privados liderados por Blackrock, Fidelity y Greylock no aceptan esta propuesta. Estos usureros dicen que les recorta el valor de sus bonos a 38 centavos de dólar y quieren por lo menos 50 o más. Para eso exigen un “mayor ajuste fiscal” a pesar de la situación que ha generado la pandemia del COVID19 con consecuencias en la economía. A los bonistas la salud de la gente les importa un bledo.

Guzmán explicó que se pide un período de gracia de 3 años, por lo que Argentina comenzaría a pagar recién en 2023, con los recortes propuestos pero con aumento de 0,5 por ciento de los intereses cada año hasta llegar a un interés anual del 2.5 por ciento.

Está bien que el gobierno reconozca que la deuda no se puede pagar, cosa que hasta por el propio FMI ha tenido que admitir, cuando su titular expresó que la deuda argentina era “insustentable”. Pero aún antes de la pandemia del coronavirus, y con mucha más razón ahora, resulta correcta la propuesta que hacía el PL y otras fuerzas antiimperialistas, de suspender el pago de la deuda, hasta tanto una auditoría determine la legitimidad o ilegitimidad de la misma. Por ello hemos suscripto el documento de la Autoconvocatoria por la Suspensión del pago de la Deuda Pública Argentina, movimiento que lideran personalidades como Nora Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel, entre muchas otras.

El jueves 15, en conferencia de prensa, Norita afirmó que “la mejor propuesta es la de anular la deuda, investigar a fondo y no pagar lo que el pueblo no debemos. La deuda mata, empobrece, envenena… No podemos y no debemos pagarla”.

En una carta que se envió la semana pasada al presidente AF, los integrantes de la Autoconvocatoria le recordaron sus afirmaciones acerca de que “la prioridad es la vida y la salud”, conceptos compartidos por ese espacio. Y por ello se le reclamaba la suspensión de todos los pagos y la derogación de la Ley 27.544 y el DNU 250/2020, junto al planteamiento de que “Argentina no puede seguir resignando soberanía jurídica, ni debe iniciar un nuevo ciclo de endeudamiento, en vez de usar los recursos con que ahora se paga deuda” para atender las necesidades populares, agravadas por la cuarentena.

El PL insiste en que debe realizarse una auditoría, para determinar adónde fueron a parar los 44.000 millones de dólares que el FMI le prestara a Mauricio Macri y el resto del endeudamiento de ese gobierno, por unos 100.000 millones en total, de los que se fugaron más de 80.000 millones. Y sólo después de esa auditoría, se podrá determinar qué parte de esa monumental deuda se debería pagar, en condiciones que no signifiquen más sufrimientos para el pueblo trabajador ni los sectores vulnerables.

En el documento de la Autoconvocatoria se plantea: “tenemos derecho a saber la verdad sobre la deuda, algo que las instituciones políticas y judiciales han ocultado desde largos años, pese a las denuncias presentadas”. Además, la deuda ha beneficiado a los banqueros que fugaron la mayor parte de los dólares que ingresaron, constituyendo así “una estafa organizada desde las más altas esferas del poder”, pues la inmensa mayoría de la población trabajadora no recibió un sólo peso, ni en obras, ni en servicios ni en nada.

En su campaña electoral, AF afirmó que “no iba a pagar la deuda con el hambre del pueblo”, pero siendo presidente manifestó que Argentina “siempre había honrado sus deudas”, claramente contradictorio.

El gobierno dijo bien que hay una imposibilidad de pagar la deuda, pero la reestructuración propuesta no es una solución al drama de esa deuda. Es que el núcleo de la misma con los privados habrá sido legitimada y otro tanto para la deuda con el FMI. El plazo de gracia de tres años no es gran cosa porque en 2020 el PBI caerá 5 por ciento y está perdido; en 2021 en el mejor de los casos volveríamos al punto de partida desastroso de 2019 y en 2022 recién empezaría la mejoría. En 2023, todavía convalecientes, se reanudarán los pagos, según la propuesta de Guzmán-Fernández.

Tal como lo dijo Norita, la mejor propuesta es “anular la deuda”. Cualquier pago, sin previa investigación que determine la deuda fraudulenta y contraída con la complicidad de los funcionarios macristas y los propios bonistas, aún cuando se pague con reducción de intereses y dentro de tres años, estará dilapidando recursos útiles para que el pueblo tenga sus necesidades básicas satisfechas, cosa que hoy no sucede.

Encima tal propuesta no va a ser aceptada por los bonistas, que muy probablemente irán a litigar a Nueva York, salvo que le mejoren la oferta, lo que nos hundiría un poco más.