¿No habrá cárcel para Macri y los que vaciaron el país?

Hace unos días, el ex vicepresidente Amado Boudou dijo en un programa de radio: “al día siguiente de terminar nuestro gobierno no podíamos salir del país, los macristas están de vacaciones en la playa, otros esquiando en Suiza”.

Lo dice un referente que está preso arbitrariamente por su posición política y no como resultado de un juicio justo; lo dice un preso político, condición que le desconoce el presidente y otros altos funcionarios de su gobierno.

El carácter acomodaticio de la mayoría de los jueces hizo que cayeran las órdenes de detención que pesaban sobre Cristina Fernández; pero no alteró su esencia clasista, poco dispuesta a tocar a los sectores más poderosos.

Si Macri hoy no está en prisión, no es por falta de fundadas causas en su contra, ni porque no tenga capacidad sobrada para obstaculizar a la justicia, como lo ha hecho siempre. Al momento de asumir la presidencia, el 10 de diciembre de 2015, el hijo de Franco llevaba acumuladas 214 denuncias; algunas de ellas prescribieron y algunas tuvieron un rápido desenlace favorable a poco de haber llegado a la presidencia.

Un ejemplo de esto último es el caso de las escuchas telefónicas ilegales contra su ex cuñado y contra un opositor, donde el magistrado actuante (Casanello) consideró que no había elementos que lo vincularan con esos hechos, a pesar de la evidente cercanía del entonces Jefe de Gobierno de la CABA y los ejecutores del espionaje en cuestión.

Durante la gestión de Cambiemos hubo decisiones que favorecieron a grupos cercanos al gobierno -incluso a la familia presidencial-, se desguazó el Estado destruyendo o debilitando funciones esenciales y -sobre todo- se tomó una deuda enorme que benefició a capitales especulativos en desmedro de la población. 

Mientras que hubo órdenes de detención de funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner (incluida ella misma) por denuncias contra decisiones políticas (Memorándum con Irán, dólar futuro), siguen sin avanzar causas contra Macri y su equipo. Éstos fueron denunciados por temas tan graves como endeudar al país con el FMI sin aval del Congreso, o impulsar acuerdos muy favorables a empresas de la familia presidencial en desmedro del Estado.

Repasemos algunos casos que fueron llevados ante la justicia en los últimos años y que no han avanzado o directamente fueron desestimadas:

• En junio de 2017, el legislador provincial santafesino Del Frade denunció a Macri por el decreto que desplazó al SENASA del control de exportaciones, permitiendo que las exportadoras se controlen a sí mismas.
• Varias de las medidas en favor de grandes grupos económicos también derivaron en presentaciones judiciales. Por el préstamo irregular otorgado por el Banco Nación a la gigantesca agroexportadora Vicentín fueron denunciados el ex mandatario, el ex titular del Banco Javier González Fraga, Laura Alonso (Oficina Anticorrupción) y Mariano De Federici (Unidad de Información Financiera). Por el pago de una demanda en favor de la firma Ausol (concesionaria de autopistas y antes perteneciente al grupo Macri) fueron demandados Macri, el ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich y el ex titular de Vialidad Javier Iguacel. Por la política de tarifazos en favor de las empresas energéticas fue procesado el primer ministro de Energía, Juan José Aranguren; éste también fue imputado por la compra de gas a Chile y -junto a Macri- por el intento de vender a precio vil dos centrales termoeléctricas.
• También se presentaron denuncias por corrupción, que no tuvieron suficiente repercusión por el blindaje mediático de los grandes medios de comunicación: el perdón impulsado por el propio gobierno macrista de casi toda la deuda millonaria de Socma-Grupo Macri con el Estado por la gestión del Correo; la compra irregular sin licitación de Parques Eólicos por parte de empresas de la familia del ex presidente, los cuales fueron vendidos poco después sin inversión alguna.

El enorme endeudamiento del macrismo ha sido también el origen de varias demandas: algunas por “abuso de garantías”, al poner recursos naturales como aval para obtener préstamos, como los yacimientos de Vaca Muerta; otras por la ilegitimidad de los acuerdos con el Fondo Monetario, ya que no se cumplieron los pasos formales previos ni hubo consulta al Congreso de la Nación.

El gobierno actual no se interesó en establecer la ilegitimidad de la deuda, más allá de palabras en ese sentido de la vicepresidenta. Y no avanzó en la necesaria reforma de una justicia que condena a pobres y luchadores, pero que se muestra condescendiente con los poderosos. ¡Macri debe ir preso!