Gobierno e iglesia favorecen a los genocidas

Con intervención del Papa Francisco se nombró al obispo castrense Santiago Olivera al frente de la iglesia Stella Maris con rango de subsecretario de Estado tras la salida de A. Baseotto durante el gobierno de Néstor Kirchner para continuar con la misión inconclusa de este. El gobierno de Macri dio el visto bueno para restablecer dicho cargo hace un año y medio aproximadamente. El Estado le paga alrededor de $100 mil por mes; el obispado cuenta con 170 capellanes quienes brindan asistencia espiritual a los miembros del ejército, marina, fuerza aérea, gendarmería y prefectura naval.

El obispo parece el vocero de los represores juzgados y condenados por delitos de lesa humanidad pues visita periódicamente a los militares en las cárceles y a los que están con prisión domiciliaria. Escribió una carta de lectores (La Nación 16/8) titulada “¿Esto es justicia?”, donde recicla la teoría de los dos demonios y cuestiona lo que considera una “justicia parcializada” frente a los crímenes del terrorismo de Estado. Pidió la reconciliación, criminalizó la protesta social, se despacha con lo que llama principios fundamentales de “Memoria sin ideología, Verdad completa, Justicia en el sentido más amplio”.

Fue repudiada por los Organismos de DDHH quienes le entregaron un documento y manifestaron seguir en su tarea de juzgamiento de la jerarquía eclesiástica. Se sumaron al repudio representantes católicos comprometidos con los DDHH y el Grupo de Curas en la Opción por los pobres.

Tres semanas después, representantes de organizaciones que se autodenominan defensoras de “presos políticos” se reunieron con el obispo Carlos Malfa. Participaron la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, estuvo presente Cecilia Pando por la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de Argentina. La entrevista tenía como fin entregar una carta dirigida al presidente del Episcopado O. Ojea, apelando a la “insustituible autoridad moral” para lograr la amnistía de los condenados. Califican al gobierno de Cristina de Kirchner como la tiranía que había avasallado todas las instituciones Republicanas. Fuentes oficiales del Episcopado desmintieron que la Conferencia Episcopal forme alguna comisión especial para analizar la situación de los condenados.

Por 1° vez en la historia, la CIDH recibió a defensores y familiares de represores detenidos por su participación en el genocidio de la última dictadura. Estos fueron a denunciar al Estado argentino por los juicios de lesa humanidad, contando con apoyo oficial a través de la embajadora argentina Paula Bertol ante la OEA. Nuevamente los organismos de DDHH lamentaron la decisión y el apoyo del gobierno a través de pedidos explícitos de esta funcionaria a miembros de la CIDH. La Comisión respondió a Abuelas que la reunión no implicaba nada.

El obispo castrense representa a las clases dominantes. Si el Estado los volviera a necesitar para defender la propiedad privada y sus intereses volverían a actuar como ya lo hicieron. El fin es frenar los procesos judiciales. ¿Qué justicia tuvieron los 30 mil?  Hoy más de la mitad de los genocidas están en sus casas, pues de 1.004 detenidos hay 641 con arresto domiciliario (cifras de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad).

Nosotros no nos reconciliamos, no perdonamos. Juicio y Castigo a los culpables, los queremos en cárceles comunes.  Fueron 30 mil y fue genocidio.

Separación de la Iglesia y el Estado.

SABINA GARCÍA