¡Libertad a Facundo Jones Huala!

La detención del dirigente mapuche Facundo Jones Huala es parte de un acuerdo entre los presidentes Mauricio Macri y Michelle Bachelet y responde a un pedido de captura internacional de Chile, país en el que arriesga hasta 18 años de cárcel por haber sido parte de distintos procesos de defensa territorial mapuche. El Lonko Wichafe y militante de la organización “Movimiento Autónomo Mapuche” (MAP), fue detenido el 27 de junio a 50 km. de Bariloche, luego de estar participando en la ceremonia del Wiñoy Tripantu (año nuevo mapuche).

Huala ya había sido detenido en mayo de 2016, logrando su libertad tras el fallo del juez Guido Otranto, que dictó la nulidad del juicio al comprobarse que se habían obtenido testimonios de los testigos bajo torturas y procedimientos ilegales. La respuesta del gobernador Das Neves al fallo, fue el pedido de destitución del juez al Consejo de la Magistratura, por mal desempeño y negligencia. Por su parte, el gobierno nacional, por intermedio de Patricia Bulrrich, acudió a la Corte Suprema de Justicia a cuestionar las pruebas por las que Otranto anuló el primer juicio. Según sostienen las abogadas de Huala, actualmente “el poder judicial argentino tiene dos procesos de extradición por los mismos hechos, violándose todas las garantías reconocidas en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales” (Tiempo Argentino, 30/6).

El único objetivo de esta nueva detención es político, ya que buscan condenar y criminalizar la protesta social mapuche, en favor de grupos concentrados de poder interesados en la apropiación y explotación desmedida de la tierra. Jones Huala no solo está siendo sometido a un doble proceso, sino que la primera causa aún no está cerrada debido a que se encuentra pendiente la resolución de la Corte Suprema.

La persecución a las comunidades mapuches es parte de una política institucionalizada de represión y criminalización tanto de los gobiernos provinciales como del gobierno Nacional, materializado desde las violentas represiones que se llevaron a cabo a principio de este año contra el Lof Cushamen hasta terminar con los sucesos que terminaron con la vida de Santiago Maldonado, durante un operativo represivo de Gendarmería.

El Movimiento Autónomo Mapuche ha denunciado torturas y tareas ilegales de inteligencia. Ahora, en una acción mancomunada, jueces, fiscales, policías de Chubut y Río Negro y agentes del AFI (Agencia Federal de Inteligencia) vuelven a atacar a las comunidades en una tentativa de disciplinamiento a quienes luchan.

Soraya Maicoño y Fernando Jones Huala, miembros de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, junto a los abogados Fernando Cavaleiro y Carlos González Quintana participaron el mes pasado de la audiencia en la CIDH por el caso Maldonado y la persecución a las comunidades originarias. El 25 de octubre pasado participaron de una charla debate en la cual denunciaron los abusos del estado argentino y las repercusiones del caso Maldonado.

Sobre la causa del lonko, Maicoño respondió a algunos medios: “estamos esperando que se decida qué juez va a entender en este nuevo juicio de extradición. Si el juez Gustavo Villanueva, de la provincia de Rio Negro que está subrrogando en Bariloche o Guido Otranto que es el juez natural de la causa de extradición que llevó el juicio el año pasado”. Denunció que “este pedido de extradición es ilegal, porque tiene que ver con una causa que ya prescribió. Una causa en la cual las personas que estaban involucradas en Chile ya fueron absueltas. Fue un montaje, no pudieron constatar que ellos habían sido parte del delito que se los acusaba. Hay ilegalidad por donde se lo mire”.

La vocera y testigo en la causa Maldonado aseguró que la persecución que vienen sufriendo “es política”. “Son situaciones en las cuales se vienen tratando de frenar determinados emprendimientos empresariales que tienen que ver con hidroeléctricas, con proyectos de celulosa, con petróleo ó con minería. Ante esos frenos que nosotros como pueblo les ponemos, el Estado avala a los empresarios y utiliza todas las fuerzas y todos los montajes políticos, mediáticos, judiciales y policiales para encarcelar a nuestros hermanos”, precisó.

                   PEDRO SOCOMPA