Una cláusula poco honrosa

Realmente un bochorno el acta firmada por los dirigentes de las organizaciones sociales como Barrios de Pie, Movimiento Evita, CTEP y CCC, con la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley y el de Trabajo, Jorge Triaca. Si bien el acuerdo puede llevar un alivio transitorio a los sectores más humildes, lo cierto es que la cláusula final -revelada por Horacio Verbitsky y negada al principio por los firmantes- prevé una “paz social” por tres años.

Primero fue la tregua de la CGT unificada, que no cumplió con su primera promesa de que si vetaban la ley “anti despidos”, parábamos. Ahora la “emergencia social”, supone que por un magro adelanto para fin de año, los miles de despidos y Pymes cerradas y diferentes programas de contención social que quedaron sin efecto, no desestabilicen el orden social.

Por mucho menos promovieron la destitución del gobierno anterior los sectores de “Cambiemos” que hoy despojan al estado y al pueblo y encima nos endeudan para que la “patria financiera”, disponga de todos los recursos en beneficio de la oligarquía y los monopolios.

El propósito político de este gobierno es mucho más que “ajustador”. Es en realidad un “entregador” de la soberanía y el patrimonio nacional, para profundizar la miseria de los sectores más vulnerables de la sociedad, en especial a los trabajadores.

Sí, complacieron en forma inmediata los intereses de los grandes monopolios mineros, sojeros y financieras, en especial los intereses yanquis y hacia allá se alinearon. No reconocer esta claudicación pro imperialista de parte del gobierno (que contó con la lastimosa complicidad de sectores populares para llegar) y encima hacer de “atenuador” del conflicto social, es como mínimo patético.

No sólo la firma de un acta entraña suspicacias, lo peor es no demostrar al pueblo las intenciones y el destino que llevan en tan poco tiempo al despojo de una nación, con todo lo que ello implica, como el atraso cultural, la desnutrición,  el aumento de la prostitución y la execrable violencia familiar y de género.

No pueden pedir anticipadamente la “paz social”, quienes promovieron la inequidad, descalificaron con el mote de “grasa militante” a quienes hoy les piden que garanticen orden, mientras por otro lado encarcelan y matan a referentes sociales como ocurrió en la cárcel de Jujuy.

Las organizaciones piqueteras tendrían que haber puesto como primera condición sus diferentes reclamos y la inmediata liberación de Milagro Sala y sus compañeros. Lamentablemente vemos que no sólo la oligarquía discrimina.

Si no profundizamos nuestra lucha, la entrega es inevitable. Pero va a haber luchas; en la calle y en la práctica, el acta de tregua será convertido por los trabajadores en papel mojado.

JORGE ARTACHO