Un paso más en la privatización de la salud de Córdoba

La salud pública de Córdoba viene sufriendo una profunda crisis por una política de privatización, achicamiento del estado y vaciamiento llevada adelante desde hace varios años por la alternancia Schiaretti-De la Sota. Los hospitales públicos sufren la falta de presupuesto, insumos básicos y recursos humanos. Existen grandes problemas edilicios y falta aparatología imprescindible para una buena atención y diagnóstico.

Ante esta grave situación, los trabajadores cotidianamente realizan grandes esfuerzos, contando con escasos recursos para la atención a los sectores trabajadores y de menores recursos que asisten a los hospitales públicos.

La precarización laboral del gobierno de Schiaretti, en complicidad del Sindicato de Empleados públicos dirigido por José “Pepe” Pihen, afecta a miles de trabajadores. Ante esta situación un sector compuesto por los gremios opositores ATE, ATSA y UTS mantienen la lucha y denuncian los negociados atrás del poder público.

Esta larga historia de desfinanciamiento, precarización laboral y avances en la privatización de servicios como limpieza, cocina y lavadero se ve en estos momentos coronada con la privatización de los servicios de farmacia de todos los hospitales públicos de la provincia. El actual proyecto del gobierno de privatizar este elemental servicio hospitalario fue adjudicado a la empresa San Agustín, que comenzó ya hace un tiempo a funcionar como prueba piloto en el Hospital Córdoba. Ahora intenta ser extendido a otros hospitales. Algunos trabajadores de estos nosocomios, como el hospital Misericordia, han resistido al ingreso de la empresa que ya antes de tomar control total de ese servicio comenzó con aprietes a los trabajadores.

Este problema afecta a los trabajadores del sistema de salud público y también a los pacientes que ya de a poco comienzan a sufrir un sistema cada vez más burocrático para el acceso a los medicamentos.

Todo este proceso parece ser la punta del iceberg, para lo que viene en materia de privatización de la salud pública, en sintonía con el proyecto nacional de cobertura universal de salud (CUS), parte de una vieja receta de los 90, descubierta por el Banco Mundial. Ya fue planteada en el informe “Invertir en salud” que pretende abrir la puerta a los seguros de salud a la de servicios para la población en condiciones de acceso y crear una “canasta básica de salud” para pobres en el sector público.

Es necesario que los trabajadores del sector de la Salud peleen no sólo por sus salarios, sino también por el ingreso urgente de nuevos trabajadores, el pase a planta permanente de los contratados y precarizados, la reestatización de todos los servicios tercerizados y la defensa de la salud Pública.

PEDRO SOCOMPA

Trabajador de la Salud