Tras el fallo de la ONU

Fuerte y necesaria denuncia al régimen infanticida paraguayo

Resumen Latinoamericano

            Numerosos militantes de la solidaridad, de los derechos humanos, de organizaciones sociales y sindicales se reunieron en una conferencia de prensa convocada por la Gremial de Abogados y Abogadas y la Campaña Internacional de solidaridad, para dar a conocer el fallo de la ONU donde condena al régimen paraguayo por infanticidad. Hace referencia así al crimen de lesa humanidad contra las niñas Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, ejecutado a través de un operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta Paraguaya contra miembros del grupo Ejército Popular Paraguayo (EPP), en la zona de Yby Yaú, a unos 370 kilómetros al norte de Asunción. Las dos niñas de 11 años, asesinadas en el mismo operativo, eran también ciudadanas argentinas. En ese mismo hecho otras dos niñas lograron escapar y una tercera, Carmen Elizabeth Villalba (Lichita), hija de la prisionera política Cármen Villalba está desaparecida desde entonces.

            En la conferencia de prensa hablaron varios integrantes de la Campaña Internacional que viene trabajando desde hace años exigiendo justicia y castigo a los responsables del gobierno infanticida paraguayo. Entre otros, se expresaron condenando las atrocidades cometidas contra las niñas de la familia Villaba, los integrantes de la Gremial de Abogados y Abogadas, Gustavo Franquet (quien historió todo los antecedentes de este grave crimen y también habló de la situación dolorosa por la que atraviesan los más humildes del Paraguay, gobernados por la oligarquía desde hace decenas de años). Por su parte la abogada Laura Tafettani y Eduardo Soares, señalaron que esta pequeña y gran victoria obtenida por la condena de la ONU, debe animar para seguir adelante con la campaña de denuncia. Dos testimonios especiales fueron el de Salvador, abogado paraguayo de Laura Villalba, madre de una de las niñas asesinadas y condenada a más de 30 años de prisión por tratar de encontrar a la niña Lichita, luego de su desaparición, quien a la vez que Claudia Korol, no solo denunciaron que las presas políticas Carmen y Laura Villalba y Francisca Andino, están en una cárcel de máxima seguridad, a la que definieron como “la Guantánamo paraguaya”, “donde a las compañeras las sacan encapuchadas cuando reciben visitas del abogado”.

            Otro relato conmovedor fue el Miriam Villalba, hermana de Cármen y Laura, quien debió huir de Argentina con toda su familia y varios niños, perseguidas por la complicidad del gobierno de Milei con el régimen paraguayo. La familia estaba refugiada legalmente y la Justicia decidió quitarles esa protección y detenerlas. La Gremial insistió que eso era ilegal y fueron liberadas, pero debieron salir del país por las condiciones de inseguridad en que vivían. “Solo por llevar el apellidos Villalba ya estamos condenados”, dijo Miriam, pero vamos a seguir luchando con todas nuestras fuerzas para que el régimen paraguayo pague por sus crímenes”.

            Paraguay es responsable de graves violaciones de derechos humanos en relación con el asesinato de dos niñas de 11 años durante una operación llevada a cabo por la Fuerza de Tarea Conjunta de Paraguay contra el grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo, según ha determinado el Comité de los Derechos del Niño de la ONU.

            El Comité hizo público su informe tras llevar a cabo una investigación confidencial sobre las muertes de Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, ejecutadas por la Fuerza de Tarea Conjunta del Estado en septiembre de 2020. El Comité recibió una denuncia sobre los homicidios ilegítimos y alegaciones de que Paraguay adoptó diversas medidas para encubrir el incidente.

            “Los homicidios de las dos niñas de 11 años constituyeron una grave violación del derecho a la vida, especialmente teniendo en cuenta la participación directa de la Fuerza de Tarea Conjunta del Estado,” afirmó el Comité, y añadió: “Esta violación se agrava aún más por el hecho de que Paraguay no llevó a cabo una investigación exhaustiva, lo que sugiere una grave negligencia o un encubrimiento intencionado de detalles importantes.”

            Según la información recibida por el Comité, las dos jóvenes fueron asesinadas en Yby Yaú, Departamento de Concepción, a principios de septiembre de 2020. Los dos cuerpos fueron enterrados apresuradamente, y las autoridades afirmaron inicialmente que tenían 15 y 18 años.

            La justicia paraguaya exigió la exhumación de los cadáveres tres días después, y la autopsia confirmó que las niñas eran efectivamente mucho más jóvenes, sólo tenían 11 años. En la autopsia también se encontraron heridas de bala en la parte delantera y trasera de los cuerpos, pero los forenses no pudieron establecer la distancia a la que se habían disparado las balas porque la ropa de las niñas estaba destrozada.

            El Comité inició una investigación con arreglo al artículo 13 del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones y nombró a dos investigadores de entre los miembros del Comité. Entrevistaron a 32 personas, incluidos testigos y funcionarios del Estado Parte, como el Comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, el Jefe del Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional y jefes de las direcciones de derechos humanos de varios ministerios.

            “Las pruebas demuestran que el Estado Parte no cumplió con su obligación de respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a la vida de las dos niñas,” dijo el Comité.

            “El Estado Parte es especialmente responsable de la privación arbitraria de la vida de las jóvenes víctimas y de no haber llevado a cabo una investigación adecuada, lo que deja lagunas críticas en la comprensión de la causa, la forma y las circunstancias de la muerte de las niñas,” declaró el Comité.

            Sin embargo, el Comité señaló que no había pruebas suficientes para determinar si estas violaciones eran sistemáticas de los derechos contemplados en la Convención.

            El Comité pidió a Paraguay que adoptara las medidas adecuadas para concluir la investigación de la muerte de las dos niñas, incluida la posibilidad de contar con la asistencia de una misión internacional de expertos. También pidió al Estado parte que reforzara la infraestructura de su marco jurídico y normativo en relación con sus agentes del orden.

            En respuesta al Comité, el régimen terrorista de estado paraguayo expresó su profundo pesar por la pérdida de dos vidas. Sin embargo, rebatió las conclusiones sobre acciones arbitrarias del Estado, citando pruebas de legítima defensa proporcional por parte de las fuerzas de seguridad e investigaciones en curso. No obstante, Paraguay reafirmó su dedicación a la lucha contra la delincuencia organizada y a garantizar la justicia y la rendición de cuentas.