Todo pinta para una Navidad con presos políticos

Casi dos meses pasaron desde que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU le reclamó al gobierno de Mauricio Macri la “inmediata libertad” de Milagro Sala, por considerar que ella fue sometida a un “armado de causas” por parte de funcionarios judiciales “irregularmente designados”, con violaciones a su derecho a la defensa. Por tal razón es que la consideró una detención arbitraria y le requirió al Estado argentino su liberación.

Macri volvió a hacer gala de su falta de conocimientos, en este caso, en materia de derecho e independencia de los poderes. Al finalizar el “retiro espiritual” que realizó junto a su gabinete en Chapadmalal, en una conferencia de prensa dijo que Milagro Sala estaba presa porque “a una gran cantidad de argentinos nos había parecido que había cometido delitos graves”.

El Poder Judicial, las pruebas en un proceso judicial, la defensa en juicio, etc., no tienen ningún valor. ¡Y éste era el gobierno que hacía gala de defender la “calidad institucional”!

En Jujuy, el gobernador Gerardo Morales había dicho que “nunca iba a liberar a esa mujer”, dejando claro quién es el que manda en el Poder Judicial de su provincia. Él es quien ha ordenado la detención de Milagro y en realidad es así, ya que el Tribunal Superior de Justicia tiene una “mayoría automática” designada por él apenas asumió.

Ahora, un grupo de legisladores de Cambiemos y el Frente Renovador de Jujuy, en un intento desesperado por frenar las crecientes críticas dentro y fuera del país, por la permanencia en prisión de Milagro y demás militantes de la Tupac, promueven una iniciativa tan peligrosa como cuasi-fascista.

Los diputados Marcelo Nasif (massista) y Alberto Bernis (radical) han presentado en la Legislatura provincial un proyecto de referéndum, para que sea el pueblo de Jujuy quien decida si Milagro debe permanecer presa o ser liberada.

Aunque reconocen que ese mecanismo no es vinculante, han explicado que lo proponen para “contestar” las resoluciones de los organismos internacionales que se han pronunciado por la liberación de Milagro Sala.

Para Nasif y Bernis, las resoluciones adversas al gobierno respecto de la detención de líder de la Tupac, son “consecuencia de profundos lobbies que han llevado a cabo funcionarios, políticos y periodistas de la Administración anterior, con el objetivo de obtener un rédito político que en las urnas les fue negado por el pueblo”. O sea, en la ONU y la OEA, los kirchneristas habrían promovido ese dictamen favorable a la liberación de Milagro Sala.

Tan burda propuesta ha sido rechazada por todos los organismos de derechos humanos, y hasta el propio gobernador Morales se diferenció. La iniciativa ha sido acompañada por 13 diputados provinciales, para que en un plazo no mayor a 90 días, el gobernador convoque a una consulta popular que se exprese por sí o por no, respecto a la continuidad de la prisión preventiva de Sala.

Nasif justificó semejante dislate diciendo que “Si todo el mundo puede opinar de Jujuy, que también opinen los jujeños”. Para el CELS, una de las organizaciones que acudió a la ONU en protesta por la situación de Milagro Sala, la iniciativa refleja un “desconocimiento absoluto” sobre el derecho constitucional e internacional en materia de derechos humanos, que no son “plebiscitables”.

Milagro y sus compañeras de la Tupac Amaru están recibiendo muestras de solidaridad y apoyo constantemente, además del respaldo que ha significado el pronunciamiento del Grupo de Trabajo de la ONU y de la CIDH y del secretario general de la OEA. Todas las semanas reciben visitas de delegaciones de todo el país, dirigentes políticos y de derechos humanos. ¡Todo pinta que habrá una Navidad con presos políticos!

En el Congreso, diputados nacionales del Frente para la Victoria han pedido la intervención federal de Jujuy, tanto del Poder Judicial como del Ejecutivo y el Legislativo, basados en el desconocimiento de las resoluciones internacionales, que coloca a nuestro país en un flagrante incumplimiento de los convenios internacionales que ha suscripto en defensa de los derechos humanos.

Someter a consulta popular la detención de una persona, luego que organismos internacionales cuestionaran esa medida, es cuasi fascista. Los tratados de DDHH no son opinables, sus normas son obligatorias para los Estados que los han suscripto.

IRINA SANTESTEBAN