Terminar con la injerencia de la Iglesia

La lucha por un Estado laico, separado de los asuntos religiosos, no es nueva en Argentina. La Constitución de 1853 reconoció la libertad religiosa y el respeto a todos los cultos, pero estableció el sostenimiento del Estado a la religión católica y la obligación del presidente de profesar esa religión. Esto último fue abolido por la reforma constitucional de 1994, pero sigue vigente el apoyo a la Iglesia Católica por parte del Estado, y ésa es la lucha que está hoy planteada con la campaña de los “pañuelos naranja”.

Este fue uno de los saldos positivos de la reciente lucha por la legalización del Aborto, al poner en evidencia el papel reaccionario jugado por la jerarquía eclesiástica, incluidos muchos sacerdotes y curas, aún los “curas villeros” que se pronunciaron en contra de la aprobación de la ley, bajo la falsa consigna de “salvemos las dos vidas”.

La Iglesia puede jactarse de un triunfo con el rechazo del proyecto de legalización del aborto en Senadores, pero en realidad fue pírrico, porque la diferencia fue pequeña (37 a 31 con una abstención), y porque en esa pelea perdió mucho de su ya alicaída imagen ante la sociedad.

Antes del debate final del 8 de agosto, comenzó una fuerte tendencia a la apostasía (renuncia a la fe profesada) que se incrementó luego de la votación en el Senado. Y ese movimiento está revelando que son miles de feligreses decepcionados por la Iglesia Católica, por el papel reaccionario que ha tenido frente a muchas leyes progresistas que se sancionaron en los últimos años en nuestro país.

La Iglesia estuvo en contra del divorcio en 1987, del matrimonio igualitario en 2010 y de la identidad de género en 2013, todas leyes votadas a pesar de su activa oposición. En oportunidad del debate por el matrimonio igualitario, fue Jorge Bergoglio (hoy Papa Francisco) el que se puso al frente de la movilización contraria a esa ley.

El debate sobre el aborto también desenmascaró la hipocresía de los que rechazaban su legalización, con el argumento de que, en lugar de abortar, había que “educar”. Sin embargo, la Iglesia Católica siempre se opuso a la ley de Educación Sexual Integral (ESI), sancionada en 2006. Y lo sigue haciendo.

La intromisión de la Iglesia en la vida de los argentinos y las argentinas, tuvo su primer obstáculo a fines del siglo XIX, cuando se sancionó el Código Civil de Vélez Sársfield y más tarde con la creación del Registro Civil; así el Estado tomó el control de la inscripción de los nacimientos y matrimonios, antes en manos de la Iglesia.

Pero la injerencia de la Iglesia continúa, por ejemplo, en la educación, y es quizás donde más daño hace. No sólo porque el Estado argentino (con el dinero de los impuestos que paga el conjunto de la ciudadanía, sea católica o no) sostiene con fuertes aportes económicos a las escuelas católicas, sino porque en ellas, además de enseñar religión, no se cumple con los contenidos curriculares aprobados por el ministerio de Educación y leyes del Congreso, como sucede con la ESI. En el mejor de los casos, se imparte una hipócrita “Educación para el Amor” que no tiene nada que ver con la realidad actual que viven los niños y adolescentes, en relación a la sexualidad.

Además, la Iglesia también se mete en las escuelas públicas, sobre todo en aquellas provincias donde la influencia  de la religión es muy marcada. Así, en muchos centros educativos estatales de nuestro país, se reza antes de comenzar a dictar clases, y ante la protesta de padres se minimiza el asunto o directamente no se atiende ese reclamo.

El año pasado llegó a la Corte Suprema un amparo promovido por un grupo de madres salteñas, que protestaban contra la enseñanza de religión en escuelas públicas. En diciembre de 2017, la CSJN (con el voto de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton y Juan Carlos Maqueda) declaró la inconstitucionalidad de la ley provincial de educación salteña, que establece que la enseñanza religiosa integra los planes de estudio, se imparte dentro de los horarios de clase y cuyos contenidos y habilitación docente requieren el aval de la autoridad religiosa.

En cuanto al sostenimiento del culto católico, según reconoció el jefe de gabinete Marcos Peña, el Estado argentino destina 130 millones de pesos para pagar sueldos a los obispos católicos, que rondan los 140.000 pesos. Eso sin contar las innumerables propiedades que le fueron otorgadas a la Iglesia en épocas de la dictadura militar, una muestra más de la complicidad de la jerarquía eclesiástica con el terrorismo de Estado.

Por ello, la campaña de la separación de la Iglesia del Estado es justa y desde el Partido de la Liberación la apoyamos, porque estamos a favor de un Estado laico, que no sostenga ni promueva ninguna religión, y por el pleno respeto a la libertad de cultos.

IRINA SANTESTEBAN