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Plan de lucha para echar a Milei 

La situación de la clase trabajadora ocupada, subocupada y desocupada, sigue un camino descendente, en cuanto a salario, empleo y condiciones laborales. La desvalorización de los ingresos de las familias llega a límites insostenibles, con salarios por debajo de la línea de pobreza y haberes jubilatorios directamente en la indigencia. 

La realidad de las infancias es aún peor, ya que 6 de cada 10 niños/niñas/adolescentes viven en la pobreza y casi 2 de cada 10, son indigentes (datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la Universidad Católica Argentina (ODSA – UCA). El año pasado, Unicef Argentina denunció que un millón de niños y niñas se iban a dormir sin cenar, situación doblemente perversa por ser nuestro país productor y exportador de granos y alimentos. 

La Motosierra del gobierno de Javier Milei se descargó implacable contra los jubilados y jubiladas, quienes nos dan todos los miércoles un ejemplo de dignidad, marchando frente al Congreso de la Nación, soportando palos, gases y detenciones arbitrarias ordenados por la represora ministra Patricia Bullrich. En el interior, varias provincias también se organizan con rondas y marchas de personas jubiladas, a las que se suman otros sectores gremiales también en lucha. 

En el Estado, el presidente “topo” sigue su cometido: la destrucción de todas las políticas públicas que favorecían a los sectores populares. Además de los despidos, ceses de contratos y recortes salariales, se cierran sitios de Memoria, se quitan remedios a jubilados, se desmantelan políticas de género, se desfinancian áreas que atienden a personas con discapacidad, y en general, se liquidan todos los espacios de cuidado de la población en situación de vulnerabilidad. 

En lo salarial, la no apertura de paritarias en el sector estatal y docente, ha promovido una disminución de los ingresos de esos trabajadores, hasta en un 50 por ciento promedio. En las universidades, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios fue superior al 70 por ciento, desde noviembre de 2023 a la fecha, según cálculos de la CONADU Histórica. Esta federación realizó una jornada de lucha bajo la consigna “Salariazo”, el pasado 14 de mayo y marcha a un Paro Nacional de 48 horas, para los días 19 y 20 de mayo. 

La baja de la inflación ha sido la excusa perfecta para que los empresarios y el gobierno nacional, seguido por los gobernadores, se nieguen a otorgar aumentos salariales que compensen la enorme pérdida salarial de los últimos años, en particular desde noviembre de 2023. Cuando la inflación fue de tres dígitos, los incrementos salariales fueron de la mitad o menos de esos índices; ahora, con la inflación “en baja” (concepto bastante mentiroso porque los aumentos de precios y tarifas siguen “pum para arriba”), se pretende que los reclamos por salarios tampoco superen esos ahora pequeños porcentajes. El facho seudo libertario Milei, en línea con las órdenes que bajan desde el Fondo Monetario Internacional, ha ordenado que tanto en el Estado Nacional, como en las provincias y el sector privado, no se autoricen aumentos de salarios superiores al 1 por ciento. Ello, porque en los últimos meses, muchos sindicatos firmaron paritarias por encima de la inflación, pero sin poder recomponer la pérdida sufrida en los últimos años. 

La burocracia sindical por su parte, sigue sin convocar ni a un plan de lucha ni a un Paro General Activo para derrotar el ajuste. Menos aún se plantea oponerse al infame Acuerdo con el FMI, que agrava aún más la dependencia económica y política de Argentina, que resigna soberanía al aceptar que ese organismo imponga sus políticas de ajuste (ver notas aparte). Ahora esa cúpula de la CGT está trenzando con Kicillof.

El FMI exige la reforma laboral, previsional y tributaria, en este último caso, para hacer aún más injusto el sistema impositivo argentino, donde la población toda paga el IVA (impuesto al consumo), mientras se exime o disminuye la presión tributaria a las grandes fortunas (Bienes Personales). 

Ante semejante panorama, es criminal la (poca) disposición a luchar por parte de la mayoría de la dirigencia sindical, cuando en otras épocas, por ataques menos graves, el movimiento obrero argentino supo protagonizar jornadas memorables de resistencia. 

Sin embargo, por abajo se siente la bronca, mientras lentamente va perdiendo apoyo un gobierno fascista y ajustador que hasta hace pocos meses, tenía altos índices de aceptación. Esa bronca se expresa de muchas formas, y también con luchas por ahora sectoriales, por recomposición salarial, por paritarias, en defensa de los convenios colectivos, contra los despidos en el Estado y también en el sector privado, donde más de 12.000 pequeñas y medianas empresas han cerrado desde diciembre de 2023. 

Es necesario unificar y coordinar esas luchas aisladas, que van en aumento y concitan la adhesión de cada vez más sectores de trabajadores, cooperativistas, jubilados, etc. 

En Córdoba, las luchas de judiciales, municipales y estatales provinciales, tienen un denominador común: aumento salarial ante una pérdida de hasta un 50 por ciento en el último año y medio. Se ha unido el personal de FADEA (Fábrica de Aviones) y de los hoteles de Embalse, en ambos casos contra los despidos y amenaza de cierre. Para el 29 de mayo, aniversario del Cordobazo, se está impulsando desde abajo una gran jornada de lucha, exigiendo a las centrales sindicales un Paro Provincial y reivindicando a dirigentes como Agustín Tosco.

Desde las Agrupaciones de Base Clasistas (ABC) estamos participando activamente de los conflictos, allí donde nuestros compañeros y compañeras se encuentran trabajando. En unidad con otras corrientes y  agrupaciones combativas, hay que impulsar un programa de reivindicaciones sentidas por las bases: Aumento de Salarios, Jubilaciones y Programas Sociales; contra los Despidos, defensa del Empleo; rechazo al DNU 70/2023, la Ley Bases y el Acuerdo con el FMI; Impuesto a las grandes fortunas; No Pago de la deuda externa; oposición al RIGI, la Reforma Laboral, Previsional y Tributaria; Ley de Alquileres a favor de los inquilinos y Plan de Viviendas para paliar el déficit habitacional; defensa de la Educación y la Salud Públicas; nacionalización del Comercio Exterior y de los puertos y controles del Paraná; Control de Precios; Canasta Básica Alimentaria accesible a las economías familiares; etc.

Con estas y otras reivindicaciones, hay que avanzar hacia un Paro General Activo, comenzando en las provincias donde más condiciones haya y extenderlo a nivel nacional, para arrancarle a la burocracia variopinta un Plan de Lucha contra el ajuste y el FMI. 

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