SIGUE LA LUCHA DE JUDICIALES DE CÓRDOBA

Los trabajadores y las trabajadoras Judiciales de Córdoba siguen la lucha por recomposición salarial, conflicto que se iniciara en marzo de este año con asambleas, paros y movilizaciones masivas.

Luego de la exitosa jornada del 11 de abril, que en una nutrida marcha de varias cuadras llevó la protesta al Panal (Casa de Gobierno), el plan de lucha se profundizó con asambleas en todos los edificios, concentrando en Tribunales I, donde tiene sus oficinas el Tribunal Superior de Justicia, ocupando de manera pacífica el Salón de los Pasos Perdidos.

En medio de una de las ruidosas pasilladas en el edificio de Tribunales I, el director de la Oficina de Sumarios, Tristán Quiles, increpó de manera prepotente y agarró del brazo a una compañera, actitud que fue ampliamente repudiada por la masiva concurrencia. Ese funcionario es el encargado de instruir los sumarios al personal, mecanismo previo a las sanciones disciplinarias, por lo que su actitud fue un intento de intimidar a los trabajadores para que cesen en sus legítimos reclamos. Lejos de amedrentarse, las asambleas siguientes fueron más masivas y ruidosas, además de manifestar el repudio a la actitud del funcionario, que fue “escrachado” en las redes sociales, pues su actitud patoteril fue filmada por los compañeros.

El 25 de abril se realizó una nueva Asamblea Extraordinaria, continuidad de la anterior, la que tuvo también una masiva presencia de afiliados y afiliadas de toda la provincia. 

La propuesta de la agrupación opositora Alternativa, de conformar una Mesa de Lucha integrada por la conducción de AGEPJ, la oposición y autoconvocados, fue aceptada, transformándose en una herramienta de unidad en la organización y planificación del conflicto. 

A pesar de los llamados a la unidad, el descontento de las bases con la conducción no merma, y en muchas asambleas el secretario general, Federico Cortelletti, ha tenido que aguantar fuertes críticas a su gestión. Es que en más de 10 años de conducción, la actitud pasiva y tibia de su conducción, sumado a su apoyo explícito a los gobiernos provinciales (Juan Schiaretti antes y Martín Llaryora actualmente), indignan a los Judiciales, que pretenden un Gremio que defienda su salario, frente a la paulatina pérdida del poder adquisitivo que, en la actualidad, llega al 50 por ciento.  

La lucha Judicial tuvo un primer resultado positivo, pues el TSJ aprobó una Reestructuración de Cargos del Personal, que implica ascensos para la mayoría de la planta de empleados administrativos y de maestranza. Esa reestructuración reduce el escalafón de cargos, para adaptarlos a los existentes en la Justicia Federal, primer paso hacia la tan ansiada Equiparación Salarial. No obstante, como la mejoría salarial es claramente insuficiente, en la asamblea se resolvió la continuidad del plan de lucha, con el objetivo de lograr la Equiparación. 

Frente a esta situación, el TSJ resolvió descontar un día de paro con los haberes de abril, lo que enardeció aún más los ánimos ya caldeados de las bases, sumando más adhesiones a las medidas, que en algunos sectores como las Unidades Judiciales, son contundentes. 

Como el descuento no hizo mella en la voluntad de lucha de los y las Judiciales, la patronal redobló la apuesta y el día 30 de abril (día de paro, con altísimo acatamiento) el presidente del TSJ publicó un hipócrita saludo al personal, por el 1 de Mayo, Día del Trabajador. Y media hora después, el administrador general del Poder Judicial, no tuvo mejor idea que (con el aval del TSJ) publicar un “Memo” que contenía 13 acordadas y acuerdos reglamentarios, dictados en los últimos 30 años, cuyas disposiciones prohibían asambleas, imponían “guardias mínimas” e incluso llegaban a sancionar con descuentos la medida del “trabajo a código”. Algunas de esas Acordadas fueron impugnadas por las diferentes conducciones sindicales, ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), junto con la Federación Judicial Argentina. En 2003, ese organismo internacional emitió una resolución instando al gobierno argentino para que se garantice al personal del Poder Judicial de Córdoba, el derecho a realizar asambleas en lugares y horarios de trabajo. 

La magnitud del conflicto y sus implicancias en el servicio de Justicia, ha obligado al Colegio de Abogados a pedir “una pronta solución”, mientras que la Asociación de Magistrados (cuyas remuneraciones se encuentran equiparadas desde 2012 a la Justicia Federal), le ha pedido una reunión al TSJ, para abordar la grave situación. Es que cada día son más los funcionarios y magistrados que manifiestan su apoyo a las medidas de los empleados. Se ponen carteles en las barandillas y puertas de los despachos, y circulan notas firmadas por jueces y otros funcionarios, apoyando explícitamente el reclamo de los Judiciales.

Para las próximas semanas, se han decretado paros de 48 y 72 horas, y una movilización con la presencia del secretario general de la FJA, Matías Fachal. 

La fuerte pelea en Tribunales se ha transformado en un dolor de cabeza para el gobernador Llaryora, en un año electoral, y se sabe que el resultado tendrá su repercusión en el resto de los trabajadores estatales. Hay conflicto en el sector Salud, con despidos en el Hospital Rawson, y persiste el reclamo por el mal manejo y pésima cobertura de salud de la obra social provincial, Apross. En el ámbito municipal, están luchando los trabajadores del SUOEM (Sindicato Municipal) por aumento salarial, en medio de una grave crisis de gestión que obligó al intendente Daniel Passerini (PJ, sucesor de Llaryora) a pedir la renuncia de todo su gabinete.

La situación conflictiva no se reduce a la ciudad de Córdoba, pues hubo despidos en el Complejo Turístico de Embalse de Río Tercero, con peligro de cierre de esas emblemáticas unidades de turismo popular. Ante ello, el gremio ATE realizó asambleas y corte de la ruta 5. 

En Córdoba la lucha viene en aumento y puede ser la chispa que encienda la pradera que tanta falta hace en todo el país para derrotar el ajuste. 

CORRESPONSAL