Se necesita una CONADEP sobre el periodismo

En junio último, el cómico “Dady” Brieva dijo en una entrevista que hacía falta “una CONADEP”, pero del periodismo, en referencia a la Comisión Nacional de Desaparición de Personas creada en el gobierno de Alfonsín con el objetivo de investigar violaciones de Derechos Humanos durante la última dictadura. Brieva se refería al rol cumplido por muchos comunicadores de los grandes monopolios mediáticos que, mediante mentiras y sesgos de la información, contribuyeron a la llegada de Macri al poder.

Además de ese papel puntual, los periodistas de los multimedios hegemónicos también constituyeron un verdadero “blindaje” mediático que ocultó los casos de corrupción que involucraron a funcionarios del macrismo, la contundencia de los datos económicos negativos de su gestión y las numerosas luchas que se desarrollaron en el país resistiendo las consecuencias de esas políticas de ajuste.

Otra función que desempeñaron Clarín, La Nación, Infobae y demás medios concentrados, fue justificar las persecuciones y la represión contra luchadores y opositores políticos, enfatizando (o exagerando, o inventando) la acción de los manifestantes y ocultando la brutalidad y la arbitrariedad de la intervención de las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, ante las masivas protestas contra la reforma previsional que impuso el gobierno en diciembre de 2017, Infobae publicó una nota de Alejandro Fargosi titulada “Por qué la violencia frente al Congreso fue un acto de sedición”. Por su parte, La Nación llevaba la cuenta de los policías supuestamente heridos en la protesta y los asociaba al acto de protestar: “88 policías resultaron heridos y 60 manifestantes quedaron detenidos”.

El caso de Santiago Maldonado es uno de los emblemáticos: en las páginas de Clarín (y en la Web y la pantalla de TN) se sostuvieron hipótesis extravagantes que lo ubicaban en Chile, en Entre Ríos, que se había clandestinizado, que había participado en el ataque a un puestero, etc. El diario publicó 15 artículos en los que ubicaba a los mapuches como violentos, o como responsables de entorpecer la investigación.

En ese caso se destacan varios comunicadores que se dedicaron a apuntalar las estrategias del gobierno. Claudio Andrade, de Clarín, publicó notas para sugerir que Santiago no había estado en Cushamen, que las versiones de los gendarmes no tenían contradicciones, que estaba vivo en Chile, etc. En Infobae, Silvia Mercado inventaba elogios de la Comisión contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, que tuvo que salir a desmentir esa versión.

La familia de Santiago Maldonado presentó ante la CIDH un informe revelando la operación de una red que sostuvo las noticias falsas sobre la desaparición, y en la que tuvieron roles destacados Jorge Lanata y Eduardo Feinmann, además de los ya nombrados.

La investigación que lleva adelante el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, revela otro tipo de maniobras ligadas a la función de ciertos periodistas. El magistrado decidió procesar a Daniel Santoro por ser parte de un entramado de espionaje ilegal, armado de causas, extorsiones y chantajes. Por ejemplo, los espías obtenían ilegalmente cierta información y amenazaban a una persona con publicarla, que es donde intervenía el periodista; a cambio, pedían pedir dinero, o que testimoniaran en contra de un referente político opositor.

En 1984 la CONADEP tuvo por objeto investigar, no juzgar; recogió miles de testimonios y constató la existencia de centros clandestinos de detención. Aún con límites, el resultado de su labor sirvió para despejar cualquier duda acerca de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado, y que los mismos formaron parte de un plan sistemático.

Una CONADEP de periodistas, entonces, no tendría por objetivo juzgar por sí ni “monitorear” la actividad de la prensa, sino verificar maniobras reñidas con el ejercicio honesto del periodismo. Mempo Giardinelli consideró que esa CONADEP debería llamarse “Comisión Nacional sobre la Desaparición del Periodismo Ético”, y buscaría poner la mira sobre las operaciones y falsificaciones ajenas a la práctica periodística.

Un ente de ese tipo no sólo debería apuntar a la acción individual de los escribas; sería imprescindible que desnudara los intereses políticos y económicos de los grandes medios, el papel que juega la concentración mediática para instalar agendas e incidir en el imaginario colectivo.