RIGI: Extractivismo hasta las últimas consecuencias

            En la madrugada del jueves 13 de junio el Senado aprobó el proyecto conocido como Ley de “Bases”, por el pomposo título con que se bautizó la iniciativa. Se trata de una normativa que, sintéticamente, permite extraer recursos y obtener enormes ganancias sin obligaciones relevantes para la economía local ni para el medioambiente, que se subordinan al imperativo de asegurar las mayores ganancias para los inversores.

            Aunque la Cámara Alta efectuó varias modificaciones al texto que habían aprobado en Diputados, los lineamientos generales permanecieron sin alteraciones sustantivas.

            Dentro de los puntos nodales se encuentra el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que establece numerosas ventajas aduaneras, cambiarias, tributarias y regulatorias para inversiones de 200 millones de dólares o más. Es evidente que ninguna PyME, y muy pocas empresas radicadas en la Argentina, tendrán posibilidades de acceder a los beneficios. Apunta a favorecer a grandes pulpos, monopolios y corporaciones gigantes, que contarán con facilidades que no tienen ni tendrán los emprendimientos locales.

            Tales emprendimientos se llevarían adelante a través de un Vehículo de Proyecto Único (VPU), una sociedad empresaria específica para la ejecución de aquéllos.

            Quienes accedan al RIGI podrán llevarse no sólo el dinero que inviertan, sino también las ganancias, de las que sólo se obliga de manera decreciente a liquidar en el país las divisas en los cuatro primeros años  de ejecución, que se reducen a tres si se las declara “Exportaciones estratégicas a largo plazo”. Luego de ese tiempo, podrán llevarse todos los dólares que generen. Más aún: las divisas pueden no ingresar nunca al país, ya que las VPU podrían incluir en su plan de inversión compras de equipos y personal extranjeros.

            Al mismo tiempo que el gobierno intenta reponer el impuesto a las ganancias por trabajadores de mayores ingresos, les asigna la cuota mínima prevista en la ley a quienes ingresen al RIGI, del 25%.

            Además, las empresas favorecidas no pagarán impuestos a la importación para insumos, repuestos o bienes de capital que trajeran, como sí lo deben hacer las demás. Tampoco se les aplicarían tasas provinciales para ello, sin importar qué normas locales pudiera haber al respecto.

            También podrán amortizar los bienes más rápido que las demás, lo que implica una reducción en los gravámenes correspondientes.

            En cuanto a lo que puedan exportar, podrán hacerlo sin traba alguna, sin cuotas ni condicionamientos. Y no tendrán retenciones luego de los primeros 3 años.

            A esa suma de beneficios exclusivos para estos sectores poderosos, se suma la prohibición de que se imponga regulaciones o límites de ningún tipo a los suministros, transporte y procesamiento que requiera su operación… aunque dañe el ambiente, aunque deje sin agua a una población. El texto dice explícitamente que no pueden obstruir esas tareas ni siquiera por necesidades de abastecimiento interno. Si dejan sin insumos a otras producciones o materiales necesarios para la población, la empresa en el RIGI tendrá la prioridad.

            El texto aprobado en el Senado prevé obligaciones de contratar un 20% de proveedores locales… siempre que su precio y su calidad sean los del “mercado”. Esta cláusula fue incluida por la llamada “oposición dialoguista” (eufemismo para referirse a las y los senadores entreguistas no enrolados en LLA o el PRO), pero el gobierno está dispuesto a insistir en Diputados en la redacción original que plantea la prohibición de imponer tales restricciones a los inversores.

            Los pequeños cambios introducidos en el Senado forman parte de lo que analizará la Cámara de Diputados cuando el proyecto regrese allí. La cámara baja podría insistir en su redacción original, para la cual contó en su momento con 142 votos. El gobierno por medio de Guillermo Francos ya adelantó que buscará revertir esos cambios.

            Aún si se preservaran las modificaciones de última hora, el RIGI convalida un marco que entrega los recursos naturales y subordina al gran capital las necesidades de la población, el medio ambiente, las posibilidades de desarrollo nacional o regional. Prevé, además, que esas enormes ventajas duren 30 años. Y si hay controversias se dirimirán en tribunales internacionales, del CIADI, del Banco Mundial, que en 80 por ciento de los casos ha fallado contra Argentina.

            La lucha no ha terminado. Es imprescindible desarrollar un plan de lucha amplio, con paro general, y volver a las calles para frenar la Ley de Bases y la regresiva reforma fiscal que la acompaña.

JORGE RAMÍREZ