RIGI, de remate el país y sus recursos naturales

            El Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) fue consagrado en junio pasado en el marco de la llamada ley “Bases”.

            Recordemos que se trata de un conjunto de enormes beneficios en materia impositiva, cambiaria, aduanera y de protección jurídica, en favor de quienes realicen inversiones de u$s 200 millones o más. Claramente, ni las PyMEs ni los argentinos de a pie se encuentran entre los posibles favorecidos por la norma.

            Respecto de las ventajas fiscales, la percepción por Ganancias se reduce al 25% (justo cuando a algunxs trabajadorxs volvieron a cobrarle ese gravamen) y quedan exceptuados de impuestos a la importación y a las exportaciones, no debiendo pagar nada en este último concepto a partir de los 2 años de haberse adherido a la norma. Por si eso fuera poco (y justo), habilita a que las provincias -que tienen a su cargo constitucionalmente los llamados “recursos naturales”- pueden agregarles más beneficios.

            En cuanto al acceso y control de divisas, las corporaciones beneficiadas no tendrán la obligación de liquidar la moneda extranjera que obtengan a partir del cuarto año de su ingreso al Régimen. Sólo en los primeros años tendrán la obligación de cambiar parte de los dólares que ganen.

            Semejante pool de beneficios se mantendrá durante 30 años, de acuerdo con la letra de la norma. Y en caso de diferendos o conflictos, los mismos serán dirimidos ante tribunales internacionales tipo CIADI, del Banco Mundial, no en la justicia argentina.

            De esta forma, se habilita el saqueo de recursos naturales con los mayores beneficios y sin imponérseles exigencia alguna en favor de las provincias ni el país. De hecho, ni siquiera tienen una obligación significativa de contratar personal local, o de comprar productos locales, ni nada. Por ejemplo, se establece que un 20% de la inversión deberá orientarse a proveedores locales, pero exigiendo que éstos cumplan con “condiciones de mercado”, en cuanto a calidad, disponibilidad y plazos de entrega.

            El RIGI no establece ningún requisito en cuanto a la protección del ambiente, ni prevé la consulta a las poblaciones que pudieran ser afectadas. Por el contrario, declara nulas a las leyes provinciales o municipales que se opongan al Régimen, disposición que varios juristas señalaron como anti constitucional. Pero no es un tema (sólo) jurídico: el fondo de esas normativas es que la inversión y las ganancias de las grandes corporaciones que participen estarán por encima de cualquier derecho local, cualquier derecho ambiental o humano.

Gobernadores Cómplices

            El oficialismo cuenta sólo con un puñado de legisladores en las dos cámaras, a pesar de lo cual no sólo logró imponer el RIGI sino una gran cantidad de medidas regresivas para la mayoría de la población.

            Eso fue posible gracias a la alianza con el PRO y la sumisión periódica de diversos espacios, como la UCR, la Coalición Cívica, el bloque Encuentro Federal que encabeza Miguel Pichetto, y el agrupamiento “Innovación”, formado por legisladores que responden a los gobiernos de Misiones, Salta y Río Negro.

            En paralelo con las maniobras políticas de los diferentes bloques, los gobernadores hacen su juego, dispuestos a brindarle votos legislativos a Milei a cambio de algunas prebendas para los sectores que representan en sus provincias, sin contemplar en absoluto las necesidades de la mayoría de sus pobladores.

            En el caso del RIGI, a las manos levantadas que estos mandatarios ofrecieron al gobierno, le siguió la adhesión de cada provincia al Régimen en cuestión, procurando apurarse para cerrar negocios extractivos.

            La primera provincia en obedecer al mandato libertario fue Río Negro. El 12 de julio fue aprobado por la legislatura, con 30 votos a favor y 10 en contra.

            El 8 de agosto Jujuy aprobó la ley de adhesión al RIGI, dando curso acelerado a un proyecto presentado por el gobernador Carlos Sadir y desechando la iniciativa de consulta popular vinculante elevado por numerosas organizaciones de la provincia.

            El 13 fue el senado mendocino el que dio el visto bueno a la ley de entrega, impulsada por el gobernador radical Alfredo Cornejo.

            El 15 de agosto el senado de Chubut aprobó la adhesión de la provincia que conduce Ignacio Torres. En la misma fecha lo aprobó San Juan, gobernada por Marcelo Orrego, con 21 votos a 14 de la Cámara de Diputados.

            El 30 de agosto, el Senado de Salta -provincia que gobierna Gustavo Sáenz- aprobó por amplia mayoría la adhesión a la norma. Varias intervenciones estuvieron plagadas de críticas a los excesivos beneficios que otorga el sistema a las grandes corporaciones, pero a la hora de votar dejaron en claro que esas objeciones fueron sólo “para la tribuna”.

            Apenas comenzado septiembre, Chaco se adhirió al Régimen, en base al proyecto girado por el Ejecutivo que conduce el radical Leandro Zdero.

            En septiembre el senado entrerriano, en línea con las pretensiones del gobernador Rogelio Frigerio, de Juntos por el Cambio, aprobó la adhesión al RIGI. La votación fue muy ajustada (de hecho, se definió por desempate de la titular de la Cámara), pero esa confrontación ya es historia.

            También en septiembre la legislatura de Tucumán dio su consentimiento al Régimen, aunque sin derogar la norma que prohíbe la Minería a cielo abierto y el uso de cianuro. El gobernador Osvaldo Jaldo es uno de los que han dado su apoyo de manera sistemática al gobierno de Milei, al punto que sus legisladores abandonaron el bloque de Unión por la Patria. En esa provincia fue que Milei y 18 gobernadores colaboracionistas firmaron el Pacto de Mayo, el 9 de julio pasado.

            El 1 de octubre fue el turno de San Luis, gobernado por Claudio Poggi, que aprobó la adhesión al Régimen en el Senado.

            El 17 de octubre fue Córdoba la que se sumó a través del voto mayoritario de la Legislatura. En la provincia que gobierna El peronista cordobesista Martín Llaryora, los legisladores aprobaron la decisión por 39 votos a 28 (y 2 abstenciones). El gobierno agregó más facilidades a los supuestos inversores como obras complementarias, provisión de luz, etc.

            Aunque haya avanzado en el plano legislativo y ya se hayan presentado algunas pocas iniciativas de inversión, la lucha contra el régimen sigue firme en muchos puntos del país. Y es probable que se intensifique, en la medida en que los proyectos avancen contra los derechos de las poblaciones y contra el medio ambiente.

JORGE RAMÍREZ