Resumen gremial

CONTRA LOS PATRONES, EL ESTADO Y LA BUROCRACIA

            La pandemia del COVID viene perdiendo protagonismo y las luchas se intensifican. La pandemia ha dejado de ser excusa para pedir más sacrificios a una clase obrera que viene perdiendo poder adquisitivo desde hace años.

            En los frigoríficos la situación está cada vez más tensa. Las paritarias miserables entre las patronales de Rioplatense, Visom, Bancalari, Arrebeef, Agroflex, Penta, San Jorge y el sindicato generó que las comisiones internas se pusieran al frente de la lucha exigiendo salarios dignos. El ministerio de Trabajo no atiende a delegados de las comisiones internas. La patronal  del Rioplatense envió cientos de telegramas haciendo pasar su maniobra como un supuesto “abandono de trabajo”, por el cual “sancionaron” con la suspensión de cada día que no dejaron laburar. Pues no daban las herramientas a las y los que iban a buscarlas, e incluso negaron la ropa a algunos. Frente a los continuos reclamos el gerente Lucas Goncalves volvió a repetir los falsos argumentos de la empresa: “no pueden dar nada por fuera de la paritaria”.

            La cuestión trasciende el reclamo salarial. Karen Giménez es obrera del Frigorífico Amancay, víctima de acoso sexual y despedida de ese frigorífico por el Jefe de Personal, Sebastián Paiz. El martes 26  de octubre la patronal no se presentó a la audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo ante la denuncia de acoso sexual y despido arbitrario de Karen. La causa penal continúa su curso en la fiscalía, donde ella y su abogada fueron recibidas para ratificar denuncia, gracias a la campaña unitaria que se viene desplegando desde distintas organizaciones de la zona norte.

            Los trabajadores del ferrocarril siguen luchando no solo contra la patronal, sino también contra la burocracia mafiosa. La Lista Verde está atornillada a la dirección de la Unión Ferroviaria desde hace al menos 30 años. Las agrupaciones opositoras a la burocracia de la Lista Verde de la Unión Ferroviaria denuncian una proscripción fraudulenta en el sindicato dirigido por el K Sergio Sasia. Contrariando inclusive su propio estatuto, realizaron “elecciones” de seccional en el Roca sin presencia de la oposición que pueda cuestionar sus prácticas y su ligazón con cada gobierno de turno.

            A pesar del discurso “obrerista” el gobierno sigue dando luz verde a la tercerización. Los Trabajadores Químicos de Linde de Pilar, Avellaneda,  Gesa, Lanús y Pacheco, exigen el pase a plaza permanente de 10 compañeros de agencia, devolución de tareas y nivelación de sueldo en todas las plantas. Esta metodología de tercerización mantiene atados de pies y manos a quienes tienen la iniciativa de exigir derechos laborales.

            Lo que también persiste son los efectos de las privatizaciones de la época menemista. Trabajadores de ENCOTEL, ENCOTESA, el Correo y SEGBA Reclaman a los y las legisladoras por el tratamiento de las leyes de indemnización S-66/21 – para ex trabajadores del Correo Argentino, de la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos (ENCOTEL) y la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos S.A. (ENCOTESA) – y la  S-67/21, para ex trabajadores de Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (Segba).

            En su artículo 21, la Ley establece: “El capital accionario de las empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas declaradas ‘sujeta a privatización’, podrá ser adquirido en todo o en parte a través de un ‘Programa de Propiedad Participada’. También define a los sujetos adquirentes (art 22), entre los que se encuentran “los empleados del ente a privatizar de todas las jerarquías que tengan relación de dependencia”. Este programa de participación de los y las trabajadoras en el paquete accionario, que nunca se aplicó

            En declaraciones a Radio Gráfica, Rosanna De Pascale, una de las despedidas del Correo, explicó: «somos cerca de 20 mil trabajadores del Correo y 16 mil de Segba. Queremos un resarcimiento económico porque ni siquiera encontramos el 14% del que estamos hablando. No dicen sobre qué es ese porcentaje en ningún lado, los sindicatos se encargaron de que desaparezca todo, porque como siempre, ellos llegaron a arreglos internos que no llegaron a los empleados».

            La Coordinadora por el Resarcimiento del Programa de Propiedad Participada anunció, que tras las acciones del 3 de noviembre en CABA continuará con plan nacional de lucha.

            Pero el Estado no solo avala los abusos de las patronales. También los imita. En Buenos Aires el gobernador Kicillof parece progresista sólo a la hora de hablar. Del reconocimiento al personal de salud sólo quedan discursos de alientos pero en los hechos se dio una precarización y sobreexplotación del mismo.

            En la circular N.º 43 del Consejo Directivo Provincial de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), el gremio expresó: «el descontento del personal sanitario por la falta de un reconocimiento adecuado luego de haber sostenido el funcionamiento del sistema público de salud en los momento más difíciles, y el rechazo a la decisión del gobernador Kicillof de cerrar la paritaria por decreto, se pudo hacer visible con las concentraciones, radios abiertas y cortes de calle que realizamos la semana pasada». También consideran «imprescindible que se mejoren salarios y condiciones laborales en los municipios y en el Hospital Posadas, en donde los y las trabajadoras de la salud sufrimos altos niveles de precarización laboral a través de contratos temporales y/o de la figura del monotributo».

            Hace pocos días la patronal de Garbarino anunció el cierre de todas sus sucursales y el despido de sus 1.800 trabajadores. Además de tremenda injusticia para con empleados de Comercio, el hecho comprueba que el DNU presidencial prohibiendo despidos se lo pasan por el orto.

            Persisten frentes de lucha y surgen otros nuevos y en todos se ven panoramas similares: un empresariado que abusa de los trabajadores, y la complicidad de burocracias sindicales, la justicia y el gobierno.

MARTÍN SERRUDO