Rechazamos las tres reformas antiobreras, antijubilados y antipaís

El gobierno está dispuesto a imponer antes de que termine diciembre los tres proyectos contra los intereses de los trabajadores, los jubilados y del país en su conjunto.

El lunes 11 se publicó en el Boletín Oficial la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso, en las que Macri decidió incluir las reformas laboral, tributaria y previsional. Estas tres iniciativas están vinculadas entre sí, conformando un conjunto de retrocesos en los derechos de las mayorías, al tiempo que favorece a los sectores más concentrados.

La reforma laboral quita protección a los trabajadores, facilita los despidos, crea nuevas formas de trabajo precario y condiciones para pagar sueldos más bajos. Para eso baja el monto de las indemnizaciones, creando un “fondo de cese laboral” por el que se harán aportes a una entidad financiera a través de la cual se pagarán las indemnizaciones, sin esfuerzo para el empleador; elimina el pago de horas extras, permitiendo extender la jornada laboral por más de 8 horas; instaura pasantías y crea una figura de trabajador “autónomo económicamente dependiente”, que cobrará menos de ⅔ del salario del sector y no estará amparado por la ley de contrato de trabajo. Y para colmo relativiza la “irrenunciabilidad” de los derechos: un trabajador necesitado de su empleo, podrá aceptar condiciones aún peores que las que hubiera en el Convenio Colectivo de su sector.

Se prevé además un perdón a las empresas que han mantenido trabajadores en negro, o que han declarado a sus trabajadores con información falsa. Como con el blanqueo, el gobierno vuelve a salvar a los que violan la ley en contra del fisco y de los trabajadores.

Las jugadas a favor de los sectores económicamente más concentrados se completan con la reforma tributaria. Si bien una buena parte de la transformación impositiva ya se realizó con la quita de las retenciones a las exportaciones agropecuarias y mineras, el nuevo proyecto avanza en bajar los impuestos a las empresas mediante la reducción de la alícuota de Ganancias y la reducción de aportes patronales. Al contrario de la promesa electoral de 2015, disminuye ítems que los trabajadores podían descontar del monto sobre el que pagaban el impuesto a las Ganancias, como viáticos y bonos. Esto significa que habrá más trabajadores que paguen ganancias y pagarán más de lo que correspondería con la legislación actual. Los bancos que ganaron 83.083 millones de pesos en los últimos doce meses, seguirán sin tributar de acuerdo a esos enormes beneficios.

La quita de aportes junto a otros cambios incluidos en la reforma tributaria traen el desfinanciamiento del sistema previsional. El acuerdo fiscal elimina el 20% de la recaudación de Ganancias que se destinaba a la ANSES, lo que difícilmente se compense con el impuesto al cheque, ya que este podrá ser convertido en adelanto del pago de ganancias por los contribuyentes y que este gravamen actualmente aporta una masa importante a la ANSES. Según los cálculos del Instituto Germán Abdala, la ANSES perderá el próximo año cerca de $220.000 millones. Otros cálculos lo estiman en la mitad.

Esta desfinanciación, impulsada por el propio gobierno, es usada para justificar la otra gran embestida: la reforma previsional. Esta iniciativa propone cambiar la fórmula de actualización de las jubilaciones, las que de entrada perderán alrededor de 9 puntos porcentuales. Con la fórmula actual, el aumento en marzo debería ser de 14,5%, cuando la nueva fórmula (ya decorada con el bloque de Pichetto en el Senado) apenas llegará al 5,7%. En adelante, los haberes se incrementarían según la inflación (en un 70%) y en menor medida por el aumento de salarios (30%). Este método mantendrá a las jubilaciones en una permanente pérdida del poder adquisitivo, ya que la inflación afecta al sector pasivo mucho más que a otros sectores, debido a que gastan sus ingresos en vivienda, medicamentos y alimentos, cuyos precios crecen por encima del promedio.

El ajuste también prevé el aumento de la edad jubilatoria a 70 años; esta cláusula es “opcional”, pero las jubilaciones empobrecidas llevarán a los trabajadores a preferir continuar en actividad en la medida de lo posible.

El combo que se forma con la desfinanciación de la ANSES abona una de las ideas más deseadas del gobierno: volver a las nefastas AFJP, poniendo los aportes de los trabajadores en manos de la especulación financiera, y con el Estado desentendiéndose de los ingresos de los mayores.

Debemos enfrentar a todo este paquete. El gobierno se apoya en el aval de la UIA y en las vacilaciones de la CGT, cuya dirección burocrática está dispuesta para una nueva entrega.

Desde las ABC convocamos a los sectores sindicales, sociales y políticos a enfrentar el ajuste y a luchar por salarios dignos, empleo en blanco, buenas jubilaciones, control de precios, estatización de la banca y contra los tarifazos.

JORGE RAMÍREZ