Quieren hacer de Nisman un héroe y perseguir a Cristina

El 19 de enero se realizó en Plaza de Mayo un homenaje al difunto fiscal Alberto Nisman, al que asistió una gruesa comitiva gubernamental. Estuvo la vicepresidenta Michetti, los ministros Bergman, Avelluto y Avruj, así como la titular de la inocua Oficina Anticorrupción, Laura Alonso.

El macrismo insiste en reivindicar al fiscal que fuera aliado o personal de agencias de inteligencia extranjeras (CIA y Mossad) como un hombre probo, y persiste en sostener la teoría del asesinato, carente de evidencias que la soporten.

Nisman estuvo al frente de la investigación del atentado a la AMIA durante 11 años sin haber avanzado significativamente en su resolución; elaboró y difundió hipótesis basadas en informaciones que le brindaban aquellas agencias y la SIDE del veterano y poderoso agente “Jaime” Stiuso.

Luego de su muerte, se conocieron aspectos de la vida lujosa y dispendiosa que llevaba, muy por encima de lo que permitirían los ingresos normales de un fiscal. Durante el proceso que dirigía la fiscal Fein, desfilaron por los tribunales 8 modelos relacionadas con el fiscal, una de las cuales figuraba como contratada para la investigación del atentado.

Cuando presentó su resonante denuncia contra Cristina Fernández de Kirchner, Memoria Activa -que nuclea a familiares de las víctimas del atentado- recordó que en más de una década no hubo avances en la causa. Y repentinamente se presentaba un escrito de 300 páginas que no esclarecía nada sobre el hecho pero incriminaba a CFK bajo el cargo de encubrimiento del atentado a la mutual judía.

La presentación de Nisman fue rechazada por el Juez Rafecas; ante la apelación del fiscal Pollicita y de la DAIA, la denuncia recayó en la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones, donde el voto de los camaristas Freiler y Ballesteros volvió a desestimar la acción iniciada por el fiscal sionista. Después el fiscal De Luca confirmó esos desistimientos.

RESURECCIÓN DE LA DENUNCIA

Las desestimaciones por “ausencia de delito” no fueron suficientes para dar por terminada esta causa. El gobierno y sus aliados siguen esperando obtener una condena contra la ex presidenta a partir del mamarracho de Nisman.

La Cámara de Casación Penal, conformada por Hornos, Borinsky y Figueroa, decidió que se prosiga la investigación, recayendo la causa en el Juez Ariel Lijo. Éste derivó la tarea en el fiscal Pollicita, ex directivo de Boca Juniors cuando Macri presidía el club de la ribera y de reconocida afinidad con el PRO.

Además, recuperó protagonismo Stiuso, quien no tuvo problemas en cambiar sus propias declaraciones buscando comprometer a la ex mandataria; su influencia en los servicios de inteligencia permiten relacionarlo también con la andanada de filtraciones de escuchas telefónicas, poco relacionadas con las causas que las originaban, pero adecuadas para el uso publicitario y judicial) contra Cristina.

Esto ocurre cuando el poder judicial avanza en diversas causas que involucran a la ex presidenta: algunas de ellas parecen bastante flojas de papeles, como la del dólar futuro. Sin embargo, en la estrecha alianza actual entre gobierno, jueces y medios, es difícil dilucidar la veracidad de las imputaciones. El pedido de detención contra Oscar Parrilli, elevada por Marijuan, muestra similitudes con la arbitrariedad con la que el poder judicial jujeño mantiene presa a Milagro Sala.

Hay algunos miembros del poder judicial que demostraron independencia ante el poder actual, muchos de ellos con visiones alejadas del kirchnerismo, y se han convertido en blanco de operaciones mediáticas y judiciales. Los jueces que pusieron freno a los tarifazos en su momento, como Luis Arias o Martina Forns, fueron señalados como integrantes de Justicia Legítima, que el gobierno y los grandes medios buscan desmerecer. Para aumentar el alineamiento con el poder, han reaparecido las iniciativas de juicio político contra Gils Carbó, al tiempo que un juez suspendió todos los concursos para fiscales dispuestos por la procuradora.

Haber reflotado la causa de Nisman, la andanada de presentaciones contra la ex presidenta y las maniobras para aumentar el alineamiento de los jueces, muestran que el gobierno busca frenar la posible candidatura de Cristina senadora. Hay necesidad de una democratización real del poder judicial, yendo mucho más a fondo de lo que intentó el kirchnerismo.

MARÍA ALANIZ