Beatriz Perosio
Quieren bajar la edad de imputabilidad de los menores
El 28 de Junio, el gobierno anunció que presentará un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad de los menores a 13 años. Lo hicieron en conjunto el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona y la ministra de seguridad, Patricia Bullrich.
Se publicó en los medios oficiales, con mucho entusiasmo, esta noticia. Justifican de todas las formas posibles este proyecto, asegurando que “las estadísticas indican que el delito juvenil existe, crece, y cuesta vidas.”
El 16 de Julio ingresó a Diputados este proyecto, llamado Régimen Penal Juvenil. Comprenderá a los adolescentes entre 13 y 18 años imputados por un hecho tipificado como delito en el Código Penal. Actualmente en Argentina, la edad de imputabilidad es de 16 años. El proyecto girado a la Cámara de Diputados fue firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la ministra Bullrich y Cúneo Libarona.
Según los especialistas se trata de un retroceso importante y de una Ley que va totalmente en contra de la Convención de los derechos del niño y de toda doctrina internacional. Ya se escuchan fuertes críticas al proyecto. Entre ellas la de Claudia Cesaroni, abogada e integrante del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos. Ella dijo que “en la Ciudad de Buenos Aires, en 2022 hubo 86 víctimas de homicidios dolosos y 131 victimarios. De ese total de victimarios, solo uno fue menor de 16 años y 6 seis tenían 16 o 17. En la Provincia hubo 924.492 Investigaciones Penales Preparatorias (IPP), y 645 homicidios dolosos. En el sistema penal juvenil, hubo 22.018 IPP, poco más del 2 por ciento del total, y 61 homicidios dolosos cometidos por adolescentes de 16 o 17 años, es decir, menos del 10 por ciento del total de homicidios”.
Por un lado tenemos un gobierno que implementa políticas restrictivas de derechos de niñeces y adolescencias, las cuales afectan fuertemente a las y los niños y adolescentes pobres. Yendo a contramano de lo que serían políticas preventivas de delincuencia, empujando así a la marginalidad a niños, niñas y adolescentes y con ello a cometer posibles delitos.
Mediante la utilización del temor de la sociedad a la inseguridad y de diversas declaraciones del oficialismo, se trata de justificar y mostrar la aprobación de este proyecto como algo necesario para la seguridad de la población.
Frases como las de Bullrich “Venimos a cumplir con una obligación de nuestra sociedad, que no quiere que a sus hijos o a sus padres los maten y no quiere que quien comete un delito no tenga ninguna consecuencia”. O de Cúneo Libarona: “Todos los días los argentinos de bien padecemos delitos cometidos por menores que quedan impunes. No podemos permitirlo. Vamos a darle las herramientas estructurales a los jueces para que puedan encarcelar a quienes delinquen”, son las que alimentan la idea de “delitos de adultos, penas de adultos”.
Pero diversas estadísticas indican que en realidad menos del 10% de los delitos son cometidos por menores. Que un 83% de las causas en donde están judicializados menores, son causas contra la propiedad, de los cuales la mitad quedaron en tentativa. Y en su mayoría son menores de más de 15 años.
Por lo tanto, con todos estos datos, podemos deducir que el impacto de este nuevo Régimen Penal Juvenil sería mínimo en la llamada seguridad de la sociedad. Si a esto le sumamos estas declaraciones del gobierno “resulta imposible combatir a los delincuentes sin leyes que amparen a las Fuerzas Federales de Seguridad y a la Justicia a la hora de proteger a los argentinos de bien”, se percibe claramente que se busca más bien impunidad para las fuerzas represivas antes que una verdadera solución al problema de las niñeces y adolescencias pobres.
¡Decimos NO a la baja de edad de imputabilidad!
NANCY GÓMEZ
Agrupación Beatriz Perosio