¿Qué se podría haber hecho en vez de rendirse ante el FMI?

            Hay que seguir puntualizando los aspectos criminales de lo pactado con el FMI. Si bien una buena parte de la población sufre el ajuste relacionado con esas tratativas y entiende la negatividad de las mismas, hay otra parte, incluso de las damnificadas, que tienen confusión al respecto. En esto pesan mucho las campañas de desinformación hechas por el gobierno y el macrismo, más las de los monopolios mediáticos, que bombardean las 24 horas con que “no había otra solución”, que estamos ante “el mal menor” y que “nos da tiempo para crecer”.

            Un par de encuestas difundidas por Aresco y otra consultora arrojaron que el 62 por ciento de los entrevistados estaba a favor de firmar el acuerdo fondomonetarista. Si bien esos porcentajes son relativos, esa confusión existe y no sólo dentro de las clases privilegiadas y ricas sino incluso en las medias y parte de las pobres. Una razón más y van…para que exista una ley de medios pluralista y antimonopólica, quitando el inmenso poder a Clarín y otros, algo que este gobierno peronista no hizo ni hará.

            Esa respuesta no confrontativa por la deuda externa tiene que ver con que no se ha agitado ni propagandizado lo suficiente que había otras alternativas a “pagar o pagar”.

            Entendidos del país y del extranjero, estudiosos de la deuda externa, han dictaminado que ese endeudamiento era ilegal, fraudulento y odioso, que podía y debía dar lugar a impugnaciones.

            Un trabajo académico de Karina Patricio Ferreira Lima, de la Universidad de Leeds, y de Chris Marsh “The IMF’s 2018 Stand-By Arrangement with Argentina: An Ultra Vires Act?”,  Social Science Research Network (SSRN), Enero 2022, consideró nulo el acuerdo  de 2018. Los autores afirman que los efectos de esa nulidad “deben regirse por el derecho internacional del enriquecimiento injusto. Esto significa que la Argentina debería restituir el capital al FMI que, a su vez, debería restituir a la Argentina las tasas cobradas por el préstamo, los sobrecargos, la comisión por compromiso y los cargos por el servicio de la transacción”. Para nosotros ni siquiera se debería devolver el capital, porque el FMI lo prestó sabiendo que Argentina no iba a poder pagarlo.

            El gobierno de Alberto Fernández no tomó en cuenta esas recomendaciones y otras similares de la Autoconvocatoria por la Auditoría y Suspensión de pagos. Dio por legítima la estafa y empezó a pagar, unos 7.000 millones de dólares para el FMI sumando lo de 2020 y 2021.

            Si se denunciaba la deuda por odiosa, en los tribunales nacionales y la Corte Internacional de Justicia, como al final propuso Soberanos, también sin éxito, el país habría ahorrado no sólo aquellos dinerales sino que estaría en mejor posición legal y política para la dura pulseada con Kristalina Georgieva y el Tesoro .

¿Qué hacer?

            Lo primero era denunciar la deuda fraudulenta en vez de pagarla. Eso requería la información, organización y movilización política del pueblo para sostener con firmeza esa postura, haciéndola propia. Un país que no conoce sus derechos, no puede defenderlos, máxime frente a un enemigo poderoso.

            Lo segundo era reunir fondos para poder aguantar sanciones por no haber pagado al Fondo. En lo inmediato se podían contar con los 27.278 millones de dólares del superávit comercial de los dos últimos años, que debían ser reserva del Banco Central.

            Eso requería que el Estado dispusiera la nacionalización del comercio exterior, para no quedarse solamente con “retenciones” a las exportaciones sino con lo fundamental de las divisas. Una empresa del Estado debe comprar a pesos la producción local, dejando margen de ganancia a los productores medios y pequeños, e intermediar con los compradores externos, quedándose con la moneda extranjera.

            Esa nacionalización del comercio exterior también debe incluir a los puertos, hoy privados y controles aduaneros, hoy impotentes para impedir el contrabando, la subfacturación y sobrefacturación. Claves son las vías navegables del Paraná, desde hace años en poder de Hidrovía SA, del consorcio belga Jan de Nul y socios de Emepa, que el actual gobierno piensa licitar y privatizar por otros 15 años para esos capitales o a una firma china. El PL y muchas fuerzas populares no queremos privatizar: deben ser nuestros el comercio exterior, puertos,  aduanas, dragados y balizamientos, con una flota mercante nacional que no tenemos, astilleros, recuperación de los ramales ferroviarios de cargas, etc.

            Para juntar fondos para el Estado debe implantarse por ley el impuesto a las grandes fortunas, que el año pasado como “aporte voluntario” juntó 235.000 millones de pesos pagados por unos 10.000 ricachones. Hay que ponerlo todos los años…

            El tercer gran  paso que había que dar (y que un gobierno popular debe dar) es la estatización de la banca, que hoy se rige por la ley de entidades financieras de 1977 de Adolfo Diz y José A. Martínez de Hoz, de la dictadura militar-cívica. Entre abril de 2020 y mismo mes de 2021, el sector financiero acumuló utilidades por $ 162.000 millones, en tanto en mismo período de 2019 y 2020 había ganado $ 598.000 millones.

            Esa “Patria Financiera” gana plata a dos manos. Le paga un interés menor a sus depositantes que lo que cobra por sus préstamos al sector privado y también al público, por ejemplo por las letras de Liquidez (Leliq), pues el Banco Central los remunera con altos intereses. Las Leliq en poder de los bancos superaron los $ 3 billones. En 2021, los intereses por los pasivos remunerados del Central habían sido $ 1,3 billones.

            Esos son negocios de los diez privados más poderosos: Santander-Río, Galicia, BBVA-Francés, Macro, HSBC, Credicoop, ICBC, Citibank, Patagonia y Supervielle.

            Hay que estatizar esos pulpos financieros, quizás comenzando por la nacionalización de los depósitos bancarios (dinero de la gente, no de los banqueros). Y luego seguir por los bancos mencionados, con una táctica más diplomática con el Credicoop de Heller, que no es exactamente lo mismo que el Citibank.

            Ahí hay grandes capitales que pueden servir al desarrollo nacional y no a negocios de usura, timba y bicicleta financiera para fuga al exterior, como se ha comprobado en muchos de los bancos mencionados, siempre salvados por “la justicia”.

            Ya lo dijo Bertolt Brecht: “¿Qué delito es robar un banco en comparación con fundarlo?”.  En nuestro caso no sería robarlo sino poner los recursos al servicio del trabajo, la producción no monopólica y las obras del desarrollo.

            No se trata de una decisión económica sino, ante todo, política, de empezar un camino de liberación nacional y social. De romper no sólo con el FMI sino también con el capitalismo dependiente y semicolonial.

            Una solución antiimperialista como propone el PL también demanda un arco amplio de alianzas a nivel internacional, con China, Cuba, Venezuela, Rusia, Irán, India, Bolivia, Nicaragua y otros países que no se doblegan ante el imperio decadente y la OTAN.

SERGIO ORTIZ