¿Qué impuestos hay que cobrarles a las grandes fortunas?

La pandemia ha sido detonante de una crisis económica global y ha puesto en evidencia con toda crudeza la crueldad del capitalismo. La lógica del lucro se ha mostrado incapaz de atender la crisis sanitaria en el centro del imperio norteamericano,

La mano invisible del mercado tampoco es capaz de revertir la parálisis económica. El FMI prevé una caída de 3% en la actividad económica mundial; la Oficina de Presupuesto del Congreso estadounidense estima que ese país sufrirá una caída del 5,6%, mientras la desocupación en ese país ya supera el 14%, peor que en la crisis de los ‘30 del siglo pasado.

Para hacer frente a esas situaciones, en muchas partes del mundo se ha puesto en debate la posibilidad de establecer nuevos impuestos (o incrementar los existentes) a los más ricos. Incluso economistas alejados de visiones de izquierda aceptan que ese tipo de gravámenes debe discutirse en el contexto actual, aunque de manera excepcional. Hasta en el Fondo Monetario Internacional se sugieren medidas en ese sentido: el Departamento de Asuntos Fiscales del organismo emitió un boletín en el que plantea a las autoridades de los países miembros que consideren “mayores tasas de impuestos a los ingresos, a las propiedades y a la riqueza, quizás mediante un ‘sobrecargo solidario’”. En particular, los técnicos observan que imponer aumentos en impuestos a los combustibles no redundaría en subas de precios para los usuarios, debido a la bajísima cotización del petróleo.

En nuestro país, el oficialismo viene anunciando que presentará un proyecto para gravar a las grandes fortunas; la redacción de la propuesta está a cargo de Carlos Heller y Máximo Kirchner, pero hasta ahora no ha trascendido su redacción. Según Tiempo Argentino, la demora en avanzar con esa medida tan necesaria se debe -al menos en parte- a disidencias dentro del propio gobierno. Algunos sectores del heterogéneo frente gobernante pretenden que el gravamen esté acompañado de medidas de “apoyo fiscal” para empresas; o, lo que es lo mismo, que reduzcan impuestos a éstas. Es muy probable, además, que en el conglomerado político llamado Frente de Todos haya varios personajes que estén del lado de los más acaudalados. Sergio Massa, “prime suspect”.

El poder de los más adinerados se hace sentir en las campañas mediáticas que buscan correr el eje de la discusión o limar la fuerza política del Presidente. Y eso frente a una iniciativa cuya justeza es bastante difícil de desconocer: si hacen falta recursos para atender la salud, si hay que empujar la economía orientando la inversión y poniendo plata en los bolsillos de la población, ¿cómo no apelar a quienes ostentan fortunas obscenas?

El planteo del oficialismo apunta a imponer este gravamen “por única vez”, atendiendo sólo a las consecuencias de la pandemia. Sería oportuno, sin embargo, replantear un sistema tributario injusto, en el cual la principal fuente de financiación del Estado es el IVA que pagamos todos con cualquier compra que realizamos.

Además de gravar las grandes fortunas, debería apuntarse a los bancos, que tuvieron ganancias monumentales desde hace muchos años, incluso cuando todos los indicadores económicos se desplomaban de la mano del neoliberalismo del gobierno de Macri (como ocurrió en 2019). Las ganancias obtenidas por entidades financieras locales y foráneas siguen sin aportar al fisco.

Otro rubro que se ha beneficiado especialmente en el período macrista fue el de los agroexportadores, a quienes las devaluaciones del peso permitieron abaratar los costos internos (entre ellos, los sueldos de sus trabajadores, medidos en términos internacionales e incluso comparado con los precios internos), a quienes el gobierno de Cambiemos eliminó retenciones. Esa situación favoreció a los exportadores en general. Además de la función recaudadora, las retenciones actúan como un freno a la suba de los precios internos, por lo que volver a instalar esos derechos tendría varios efectos positivos.

En cambio, debería apuntarse a reducir cargas impositivas regresivas (como el IVA), las que afectan a quienes viven de sus salarios -sobre todo teniendo en cuenta el elevado costo de las Canastas Básicas y otros consumos para una vida digna y saludable-, a las empresas recuperadas por sus trabajadores y a las PyMEs. El pago de una porción de los salarios privados por parte del Estado implica una erogación enorme que, aunque facilita que los trabajadores perciban algo de lo que les corresponde, termina siendo un subsidio a las empresas. Más razonable sería que se otorgara como préstamo, que -de no ser devuelto- podría permitir un mayor involucramiento del Estado en las actividades económicas.

El impuesto a las grandes fortunas -si finalmente se establece- va en un sentido positivo; sin embargo, es necesario avanzar mucho más para empujar a la economía en favor de las mayorías populares y el desarrollo nacional. Las medidas “a medias” no resuelven los problemas más graves.