¿Qué hacer con la injusticia?

Cuando se advierte el estado actual que atraviesa el Poder Judicial en la República Argentina, a través del rol que cumple y el resultado de su accionar, es preciso adoptar una posición que explicite la opinión que el mismo nos merece y en su caso, las medidas que se proponen adoptar.

Desde el vamos se parte de definir al papel de este poder estatal como estratégico y vital en el actual desarrollo de la vida institucional argentina, ya que es desde sus filas que se alinean y diseñan conjuntamente con otros sectores dominantes, al sentido y la orientación que se intenta dar para el conjunto del país, en su presente y futuro.

En la etapa vigente del neoliberalismo desde diciembre del año 2015, y ya con anterioridad, varias instancias judiciales venían anticipando cuál sería el papel que cumplirían. Ahora tanto en el país como en otros de la Patria Grande, diversos tribunales doblegan en primera fila a los derechos individuales y las garantías del debido proceso de los opositores políticos, en conjunto con la acción psicológica y mediática.

En este contexto epidemiológico judicial de la región sudamericana, se verificó últimamente el desenmascaramiento casi simultáneo que puso en evidencia cómo se construyen esas maniobras para-judiciales. En la Argentina en la causa que investiga el Juez Alejo Ramos Padilla de la ciudad de Dolores, Provincia de Buenos Aires, mientras en Brasil, a través de las revelaciones de los mediosThe Intercept junto con el Folha de San Pablo. Así, se ha revelado que en estos armados participan los servicios de inteligencia, con la influencia de la embajada norteamericana, incluso con la formación por parte de las agencias de USA de los cuadros judiciales locales, para montar en forma ilegal causas judiciales con sendero de mano única hacia la proscripción de los dirigentes populares y democráticos.

Fruto de esta doble realidad judicial, de que encabeza la caza de brujas y por la otra, que se está develando la manera irregular que se lleva adelante la misma, en estos días hasta miembros afines al oficialismo neoliberal, se han pronunciado por primera vez, en contra de algunas de las medidas más irritantes de este mecanismo ilegal del andamiaje judicial. Así lo hicieron Ricardo Alfonsín, y hasta Elisa Carrió, pidiendo a su señoría que dejen en paz a Florencia Kirchner, perseguida por ser la hija de Néstor y Cristina. A su vez, el gobernador santafecino Lifschitz, criticó que el candidato a presidente Alberto Fernández fuera citado por el denominado juez Bonadío, expresando que “es muy grave que se utilice a la justicia con fines electorales”. 

A raíz de estos vicios en la actividad jurisdiccional se hicieron planteos de revisión de las sentencias que sean fruto de violaciones de los derechos básicos, por lo cual deberían rendir cuentas los magistrados responsables. Así el candidato a presidente por el Frente de Todos, A. Fernández, expresó que los jueces “van a tener que explicar las barrabasadas que escribieron para cumplir con el poder de turno”, en referencia a las prisiones preventivas y procesamientos que a su criterio fueron arbitrarios e irregulares. (19-5-19, Página/12).

Por su parte, el juez de la Corte Interamericana de DDHH, Raúl E. Zaffaroni expresó sobre la situación de los ex funcionarios kirchneristas a quienes definió como presos políticos y que habría que sancionar una ley de revisión de sus causas. En declaraciones al Destape Radio, Zaffaroni aseguró que “lo que pasa en Brasil no es muy diferente de lo que pasa en la Argentina” y destacó que “el tándem de armado de causas del juez Moro y su fiscal es igual que el de Bonadío y Stornelli”. (10-6-19, INFOBAE).

En el caso de Mempo Giardinelli y el Manifiesto Argentino que integra, la crítica apunta a la sustitución del actual poder judicial mediante una nueva Constitución que previa puesta en comisión de los magistrados se proponga una selección con intervención y voto popular, a la par de la periodicidad de las funciones judiciales y le equiparación de sus integrantes con el común de los ciudadanos en las cargas impositivas.

La centralidad del tema en cuestión se puso en evidencia por los ataques que recibieron los tres últimos mencionados de parte de la Asociación de Magistrados y funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), como de miembros del gobierno macrista, siendo hasta denunciado penalmente A. Fernández por su postura.

En definitiva, se trata de qué hacer con la justicia argentina, para lo cual hay que definir los ámbitos territoriales y jurisdiccionales donde cabe intervenir, precisando dónde está el problema más grave, para luego discutir las propuestas para mejorar el servicio de justicia. En este sentido creo que está fuera de duda que el Poder Judicial de la Provincia de Jujuy, y la estructura penal de Comodoro Py son los puntales del más burdo compromiso judicial con el Poder Ejecutivo, así como el mediático y económico, incumpliendo con su rol de garante de las garantías constitucionales.

Respecto de Jujuy ya se ha propuesto la intervención federal del poder judicial, a efectos de que, desde el Tribunal Superior hasta los jueces y fiscales de ese estado, sean designados quienes en concurso público se verifique que garantizan una labor imparcial e independiente.

En tanto respecto de los jueces de Comodoro Py que integran el Poder Judicial de la Nación, en primer término, deben ser removidos y declarados en comisión todos aquellos que no han sido designados previo rendir concurso ante el Consejo de la Magistratura de la Nación. En el caso de los fiscales federales todos aquellos que no surgieron luego del concurso público de oposición (arts.5 y 6, Ley 24.946).  Ello para que Congreso de la Nación mediante, se dé fin, de una vez por todas con los jueces de la servilleta del ex ministro Corach. Ni qué hablar de los personajes que ocupan el cargo de fiscales sin haber demostrado previamente sus condiciones de idoneidad.

Con este método también se resolvería la indebida inclusión en cargos de magistrados de aquellos que, sin tener el aval respectivo, fueron designados a dedo por la actual administración.

Respecto de los jueces y funcionarios que accedieron a sus cargos mediante la selección por mérito establecida, si han cometido faltas en el desempeño de sus funciones, pueden ser denunciados ante los órganos de control para que se investigue su labor, y de comprobarse, se realice el juicio respectivo para su remoción.

Siendo que la sociedad entera debe debatir la participación popular en la designación de los jueces y funcionarios (Ley 26.855, art. 2), así como la inmediata instrumentación del ingreso democrático a la carrera judicial (Ley 26.681), y el contralor de sus funciones a través de la periodicidad. Para que éstos actúen realmente comprometidos con la sociedad y sus obligaciones, aplicando la ley con imparcialidad e independencia de los poderes de turno y fácticos en general, y dejen de protagonizar una campaña de persecución que desvirtúa sus funciones. 

Rafael Ortiz, ex defensor público

Córdoba, 6-7-2019