Presupuesto Nacional 2025, de mayor ajuste

            Milei quiere gastar más en represión y acentuar los recortes en Educación, Salud, Ciencia y Desarrollo productivo nacional. El 15 de septiembre Milei presentó ante el Congreso el proyecto de Presupuesto 2025. Lo hizo sólo 3 días después de que el Senado debatió y aprobó por amplia mayoría una ley para recuperar el financiamiento de las Universidades a los niveles del año pasado, que el presidente vetó aduciendo que afectaba el equilibrio fiscal.

            El proyecto profundiza el ajuste brutal que lleva adelante la gestión libertaria, que siente el viento a favor de saber que un puñado de legisladores le permitirá vetar cualquier norma que le desagrade y que si el Congreso finalmente no aprueba el presupuesto, volverá a repetir el de 2023 con un amplio margen para la arbitrariedad.

            Los números que mandó el gobierno tienen como horizonte dos ejes: pagar la deuda externa y mantener el superávit a costa de todos los recortes y despojos que considere necesario. Pretende alcanzar ese objetivo aritmético empeorando las condiciones de vida de la mayoría, desguazando lo que quede en salud, educación, empresas públicas, ayudas sociales. En cambio, como ya lo plasmó en la Ley de Bases, seguirá reduciendo impuestos a los más ricos.

            Los valores plasmados en el proyecto parten de algunos supuestos bastante dudosos: un inflación del 18,3% anual (cuando este año ya superó el 101%), crecimiento del PBI en 5% y dólar en $1.207, entre otras.

            Más allá de esos pronósticos, lo que dejan en claro las cifras es que las asignaciones para Educación, Salud, Desarrollo productivo, entre otras, sufrirán una nueva baja aún en las mejores condiciones. Es decir, aún si se cumplen las previsiones optimistas del gobierno, se destinará menos plata (en términos reales, actualizada por inflación) para esos rubros.

            El Centro de Economía Política Argentina desglosó las asignaciones en diferentes áreas, revelando que prevé recortar un 18,2% el presupuesto para Salud; y un 1% en Educación, que sumado al guadañazo de este año acumula una caída del 44% respecto de 2023.

            El proyecto establece que el recorte puede ser peor ya que plantea la “suspensión” de leyes que aseguran pisos de financiamiento, lo que significa habilitar a que las quitas sean superiores. Así, en el artículo 27 de la iniciativa oficial busca que se incumpla con el 6% del PBI para la educación, previsto en la Ley Nacional de Educación. Al mismo tiempo, plantea evitar la asignación del 0,2% de los ingresos al Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional.

            Para las provincias, los giros de Nación tendrán un recorte de 5.000 millones de dólares, según el informe de la Fundación Encuentro (Hoy Día Córdoba, 14/10).

            La destrucción del Sistema Científico se profundiza mediante una nueva caída en las asignaciones a las universidades, con una disminución promedio del 5,2%, y muchas de ellas sufriendo reducciones que van del 6% al 10% (Universidad Tecnológica Nacional, Universidad Nacional de La Plata, Universidad Antonio Jauretche, UBA).

            Para el CONICET se prevé un nuevo ajuste de 18,3%, lo que significa casi un 40% menos que en 2023. El organismo científico ya sufrió este año la expulsión de cientos de investigadores y la cancelación de la convocatoria anual para el ingreso a la carrera.

            También se prevén caídas brutales en instituciones vinculadas al desarrollo productivo y la producción científica, como los institutos de Tecnología Agropecuaria (INTA: -11,7%) y Tecnología Industrial (INTI: -34%). Esa distribución es otra evidencia de que el plan del gobierno es aplastar las herramientas necesarias para un desarrollo tecnológico nacional con perspectivas de autonomía.

            En igual sentido, el proyecto abre las puertas a recortar aún más, específicamente con la suspensión de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

            En cuanto al sistema previsional, aunque prevé un incremento real en el conjunto de las jubilaciones del 3,2%, sigue 10 puntos por debajo de 2023 y todo indica que se eliminará el bono de $70.000 que hoy yapan los ingresos de quienes reciben los haberes más bajos. Además achica las asignaciones para Pensiones no Contributivas a menos de la mitad, en términos reales, de lo que se destinaba en 2023.

            De llevarse adelante el proyecto, lxs jubilados sufrirán más deterioro en sus condiciones de vida, ya que también se prevé fuertes caídas en las partidas destinadas a compras de medicamentos.

            Por otra parte, elimina la movilidad de las Asignaciones Familiares, habilitando su congelamiento.

            Todas esas decisiones hacen prever despidos, cierres de instituciones, y mayor empobrecimiento de quienes perciben sueldos del Estado.

            Pero no sólo seguirá licuando los ingresos de gran parte de la población: además seguirá el aumento de tarifas y se prevé nuevos incrementos en impuestos a las combustibles, que afectan a los bolsillos de todos, pero mucho más a quienes tienen menores ingresos.

            El mismo que decía en campaña que se cortaría un brazo antes de subir un impuesto, sigue gravando a la mayoría de la población. La quita de gravámenes sólo cuenta para los sectores más poderosos.

            Ajuste para pagar la deuda, pero la deuda crece

            El Presupuesto prevé tomar u$s 144.000 millones de deuda, pagando alrededor de u$s 142.000 millones. Eso significa que -aún si se cumplieran sus pronósticos- el gobierno espera incrementar la deuda total.

            Si el gobierno logra que se acepte el proyecto, Caputo tendrá manos libres para aumentar la deuda empeorando las condiciones. Esto es así porque -como en la redacción original de la Ley de Bases- quita el requerimiento de que para cambiar deuda (es decir, reemplazar deuda actual por deuda futura) los nuevos compromisos deban contar con mejores plazos, quitas o menores intereses.

            En cuanto al destino de nuevos préstamos, el gobierno no los quiere para mejorar la infraestructura o impulsar producciones locales, sino para comprar buques y helicópteros, según revela un artículo de Esteban Rafele en Cenital. Ámbito Financiero, en tanto, observa que el crecimiento de la deuda previsto en el proyecto es similar a los vencimiento de los BOPREAL, bonos en dólares creados por este mismo gobierno para los importadores.

            Con este Presupuesto, el gobierno busca cercar al Congreso entre dos opciones: no aprobar el proyecto, dándole vía libre mediante la prórroga del de 2023; o aprobarlo y darle vía libre al ajuste explicitado en su letra.

            Milei y su gente saben que en el peor de los casos, cuenta con un puñado de “héroes” (villanos, más bien) que le asegurarán el veto ante cualquier desvío de sus objetivos.

            No es en el Congreso donde se puede parar al ajuste y la represión mileísta. La única vía es la calle, la lucha, con el carácter más amplio posible.

JORGE RAMÍREZ