Por más derechos a los Jubilados

El informe titulado “La persistencia de los dilemas en el sistema previsional argentino”, publicado por la Oficina Cono Sur de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), afirma que “la historia del sistema previsional argentino es muy compleja, rica en reformas de diferentes signos y dominada por medidas de emergencia para atacar problemas estructurales”. Dice la OIT que un sistema previsional debe ser previsible y que, por tanto, todo cambio debe darse a través de un consenso suficiente, tras definirse niveles de aportes,y contribuciones que sean capaces de financiar “ingresos aceptables” para la población en el mediano y largo plazo. Las fuentes de recursos para pagar las prestaciones en Argentina, es una combinación de aportes y contribuciones con ingresos tributarios. Al respecto, hay que señalar que desde 2016, la ANSES no recibe el 15% de los recursos coparticipables con las provincias y tampoco el 20% de la recaudación de ganancias que antes iba al organismo y que fue reemplazado por lo obtenido por el impuesto al cheque.

En los últimos años, el porcentaje de mayores de 65 años que reciben jubilaciones o pensiones del Sistema Integral Previsional Argentino (SIPA), se ubica entre el 90 o 95 por ciento. Esta tasa mejoró significativamente a partir de 2006, cuando comenzaron a otorgarse prestaciones por moratorias: el beneficio alcanzó al menos a 4 millones de personas que al llegar a la edad de retiro, no tenían aportes o éstos no eran suficientes. Actualmente, 6.983.377 habitantes de nuestro país, son personas mayores de 60 años. La cifra tiene suficiente envergadura cómo para poner en un lugar relevante la situación de los actuales jubilados y de los que están próximos a jubilarse.

La respuesta y las medidas que se tomen al respecto, estarán determinadas por el signo político del gobierno que tome las decisiones. El haber mínimo de un jubilado es de 11.528 pesos. La fórmula de movilidad que se utiliza se calcula mediante una combinación del 70% de la inflación acumulada más un 30% de lo que perciben los asalariados formales. En setiembre, aplicando esa fórmula, la jubilación mínima será de $12. 937. El aumento es de 12,22 %, acumulando un alza de 38,84% en estos primeros nueve meses del año, mientras que la inflación de los últimos doce meses fue del 55,8% (sin considerar el impacto de la subida del dólar luego de las PASO).

Los datos apuntados sirven solamente para graficar una situación. Como dice el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), “los derechos humanos de los mayores son incumplidos de manera permanente y cada vez con mayor gravedad, dificultando cada día que pasa la satisfacción de las necesidades básicas y primarias, poniendo de manifiesto el incumplimiento del Estado en ese sentido”.

Para una persona mayor, el costo de la canasta básica de alimentos y servicios ronda los 26.000 pesos. El incremento de los precios de los medicamentos desde 2015, fue del 245%, a lo que se suma el impacto negativo de los aumentos de las tarifas de gas, luz y agua y el de los alimentos de primera necesidad, el transporte y los alquileres. La política económica que implementa Macri, perjudicó a los jubilados y jubiladas individual y colectivamente: más de 1.000 centros de jubilados tuvieron que cerrar sus puertas por no poder costear esos gastos.

Alberto Fernández, del Frente de Todos, promete medicamentos gratuitos para los jubilados y aumento en sus haberes; Macri y el FMI anuncian reforma previsional con aumento de la edad para jubilarse y el fin de las moratorias. Las diferencias son claras.