Por la libertad de Lula en Brasil

El expresidente Lula da Silva (2003-2011) fue detenido el sábado 6, luego que el 4 de abril el Supremo Tribunal Federal le rechazara un recurso de habeas corpus para seguir en libertad mientras interponía nuevos recursos.

Esa votación fue muy ajustada, de 6 a 5, por el desempate de la presidenta del STF, Carmen Lucia Antunes. Luego el Tribunal Federal Regional 4, de Porto Alegre, mandó los papeles al juez de Curitiba, Sergio Moro, que lo había condenado en primera instancia, en julio de 2017. Moro decidió que el expresidente debía entregarse ante la policía federal, el viernes 5. Todo exprés.

Lula no respetó ese plazo. Se reunió con dirigentes del PT y aliados como el PCdoB y PSOL en el sindicato de metalúrgicos en San Bernardo do Campo, en San Pablo, el lugar donde comenzó su historia gremial y política. Allí fue rodeado por la solidaridad de trabajadores paulistas y movimientos sociales, hasta que el sábado 6, tras hacer una misa y hablar en un acto con un buen discurso, se entregó a los Federales. Estos lo llevaron por vía aérea hasta Curitiba, donde quedó detenido, aislado, con una sola visita semanal y con sólo dos horas al día que puede ver el sol.

En nuestra opinión no debió entregarse preso sino ir a la embajada de Rusia.

La defensa de Lula ha denunciado que nueve gobernadores fueron a visitarlo a su lugar de detención, pero no pudieron verlo por decisión del juez. Detrás de supuestas medidas de seguridad hay un operativo para aislar al prisionero y afectarlo anímicamente, lo que puede incidir a sus 72 años.

La condena de Moro fue a 9 años y seis meses de prisión, acusándolo de haber recibido una coima de la constructora OAS, un departamento triple en el balneario de Guarujá. Lo hizo sin ninguna prueba, escritura ni constancia, sólo por “íntima convicción” del magistrado.

Igual o peor fueron los tres integrantes del TFR-4 que aumentaron la condena a 12 años y un mes, con igual carencia de pruebas. Esta es la pena que tendría que purgar el expresidente, si la lucha popular no lo libera antes.

Esa detención es la continuidad del golpe de Estado contra Dilma Rousseff, en 2016, que entronizó al mafioso Michel Temer. Y hoy apunta a impedir que Lula pueda ser el candidato el 7 de octubre, teniendo una intención de votos del 36 por ciento.

LOS TROSCOS

En Argentina y muchos hubo coincidencia en condenar la maniobra ilegal de la derecha judicial, mediática y política. Y se reclama su libertad. Están surgiendo comités de solidaridad con Lula. Circulan documentos firmados por personalidades, abogados, comunicadores, dirigentes de Derechos Humanos, clamando por esa libertad.

En cambio, el trotskismo local mostró una vez más su esencia reaccionaria, descollando Izquierda Socialista, y su dirigente Juan Carlos Giordano, diputado nacional del FIT, que escribió: “No hay que defender a Lula. Lula fue condenado por corrupción. Ante el debate sobre si hay que defenderlo o no, o si hay en curso un “golpe de la derecha”, Izquierda Socialista sostiene que Lula es parte de los gobiernos capitalistas que defienden intereses de arriba con corrupción. Lula traicionó a la izquierda y a los trabajadores. Por eso la verdadera izquierda no lo puede defender”.

Añadió: “Lula representa una falsa izquierda que se corrompió gobernando para los ricos y las multinacionales y que, por lo tanto, no hay que apoyarlo ni defenderlo, sino que hay que luchar para que todos los corruptos vayan presos, en Brasil, la Argentina o donde sea”.

Giordano planteó: “Odebrecht –durante el gobierno lulista– replicó ese “modelo” de sobornos en la Argentina (con Cristina Kirchner y ahora Macri) y la Venezuela de Chávez–Maduro. Izquierda Socialista no impugna que Lula pueda ser candidato. Lo que repudiamos es la campaña mentirosa del PT de la “proscripción” para desviar la lucha contra los ajustes y los corruptos, sean Lula, Temer y todos los políticos patronales acusados. No se trata entonces de ningún golpe o violación a supuestas libertades democráticas conculcadas, sino de pelear para que los corruptos vayan presos”.

IS es la expresión más contrarrevolucionaria del trotskismo en este tema, pero las reflexiones de Jorge Altamira, del PO, no fueron muy distintas.

En su nota “Brasil: irrumpe el golpismo en la crisis política”, el varias veces candidato a presidente del PO planteó: “Bajo el gobierno del PT, la corrupción alcanzó proporciones mayores al pasado. Es el testimonio descomunal de una estrategia política que pacta con el régimen político vigente y que funciona mediante la colaboración con los partidos burgueses, incluida la gestión de gobierno”.

Dándole la razón al juez Moro y la derecha, Altamira acusó: “Lula se convirtió en un agente de comercio de Odebrecht, en especial ante los gobiernos bolivarianos – desde Cuba y Venezuela hasta Nicaragua, El Salvador, Ecuador y Bolivia”.

Luego Altamira refritó la teoría de los dos demonios: “Los izquierdistas que reclaman una condena de Lula como aquellos que quieren la absolución, simplemente no advierten que el proceso político de las dos décadas últimas se ha quebrado y que su superación pasa por una lucha de clases estratégica contra el conjunto del régimen político y del gran capital, y no por parches judiciales de uno u otro tipo”.

Eso sí, como buen trosco, pidió que los delitos -que según él fueron cometidos por Lula-, sean juzgados por un tribunal obrero. Dijo Altamira: “A Lula lo deberá juzgar una corte judicial elegida por los trabajadores, no la que actúa por indicación del Departamento de Justicia norteamericano”.

Tomándole la palabra a Altamira. Si a Lula lo está juzgando el Departamento de Justicia yanqui, entonces no caben dudas que hay que reclamar su libertad, algo que el trosco siempre funcional al imperio eludió plantear.

SERGIO ORTIZ