Para la violencia machista no hay cuarentena

En lo que va del año 2020, en Argentina se produjeron 82 femicidios, sumándose a la triste estadística en nuestro país. Una mujer es asesinada por cuestiones de género cada 21 horas (datos de Mumala hasta el 13 de abril).

La cuarentena no disminuyó este número. Todo lo contrario, durante este periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio fueron cometidos 21 crímenes de género, dando lugar a un alarmante aumento en la tasa de femicidios en el territorio nacional (fuente: Observatorio Adriana Marisel Zambrano).

Asimismo, las llamadas al número de atención integral a las víctimas de violencia (144) aumentaron un 39% en este lapso según Florencia Alcaraz, periodista y directora del portal de periodismo feminista LatFem (Reportaje de Agencia Paco Urondo).

La violencia de género como problemática social se mantiene cuando se siguen sosteniendo cultural y socialmente esquemas machistas y se siguen reproduciendo las desigualdades en el trato hacia las mujeres. Los tiempos de confinamiento no hacen un impasse a esta violencia, ya que la mayoría de los casos de este tipo se ejercen en el hogar.

El femicidio es el acto más extremo de violencia hacia una mujer por la sola condición de su género; desde las organizaciones de mujeres se pone el acento en que el término es político, porque se trata de la denuncia contra la naturalización de la sociedad de la violencia sexista.

¿Por qué decimos que el Estado es responsable?

Un número importante de las mujeres asesinadas, el 20% según el informe citado anteriormente, había realizado denuncias previamente; y para un 10% regía restricción de contacto o perimetral para el agresor. Es imprescindible que el Estado actúe de forma expedita en estos casos.

Resulta constante la demora, por parte de la policía, en la recepción de las denuncias de las victimas o de familiares de éstas ante la desaparición de una mujer. La conducta machista se da con frecuencia en miembros de las fuerzas de seguridad. En los casos más extremos, queda al descubierto la poca importancia que le dan a la búsqueda de las mujeres desaparecidas. En los últimos casos fueron los familiares quienes activaron esta tarea.

El sistema judicial también deja mucho que desear. Eso queda de manifiesto en la demora en las resoluciones judiciales que dejan desprotegidas a las víctimas no dictando medidas efectivas en contra de los violentos. Si bien en cuarentena se activó en las provincias la renovación automática de las medidas de protección de las mujeres, no hay un seguimiento efectivo de las causas.

Las medidas adoptadas desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, si bien son positivas, resultan insuficientes en este contexto. La falta de políticas públicas acordes a la realidad de esta problemática pone al descubierto la desprotección de las mujeres ante la violencia machista.

Las organizaciones de mujeres han activado las redes solidarias para detectar y acompañar los casos de violencia de género, pero se hace necesaria la actuación del Estado como organizador social y aplicando ayudas efectivas. Esto implica apoyo económico y material a las víctimas, creación de más refugios para las mujeres, trans y niñes en situación de peligro por violencia, seguimiento efectivo de la justicia para garantizar el cumplimiento de las medidas como la exclusión o la perimetral que ya tienen dictadas los violentos.

Desde la Agrupación de Mujeres y Disidencias Beatriz Perosio reclamamos al Estado políticas y acciones concretas para evitar la muerte de más mujeres, trans y niños en situaciones de violencia. Entendemos que la aplicación de medidas punitivas adoptada por el Estado en la última década es importante, pero es necesaria la prevención para evitar llegar a situaciones limites. También se hace necesaria la aplicación de la Ley Micaela en los organismos e instituciones públicas, como por ejemplo la policía, para evitar el maltrato y violencia institucional hacia las mujeres que van a radicar denuncias de este tipo.

El gobierno está evaluando la reestructuración del pago de la deuda externa; desde nuestra organización decimos no al pago de esa deuda fraudulenta. Que ese dinero sea utilizado para paliar los efectos de la pandemia, en gasto social y para prevenir la violencia de género, entre otras cosas.