Derechos Humanos
Ordenaron liberar a tres presos de la protesta contra el FMI
UN LOGRO DE LA LUCHA POPULAR
El 10 de marzo pasado Diputados trataba el acuerdo del gobierno con el FMI que convalidaba y legalizaba la estafa del crédito tramitado en forma harto irregular por el gobierno de Mauricio Macri y la cúpula de aquella entidad, a cargo de su amiga Christine Lagarde.
Como ya había trascendido el texto y sentido del acuerdo, muy negativos para el pueblo por los ajustes que implicaba, ese día se expresó la bronca en las puertas del Congreso. Cabe recordar que no sólo el grueso del oficialista Frente de Todos se aprestaba a votar por la afirmativa (salvo una minoría cristinista que lo hizo en contra y otro sector que se abstuvo). También los macristas y larretistas de Juntos por el Cambio le dieron luz verde al vergonzoso acuerdo.
Por eso las numerosas columnas de distintas organizaciones manifestaron su repudio ante el Legislativo. Una parte de esos manifestantes expresaron su indignación quemando algunos contenedores de basura y neumáticos, otros arrojaron piedras y bombas de pintura contra algunas ventanas y paredes del lugar.
Allí se produjo una fuerte represión policial y algunos manifestantes fueron golpeados y uno detenido, Oscar Santillán, del MTR Histórico.
Para el gobierno de la Ciudad, que ordenó la represión con su policía de CABA, los manifestantes eran violentos y delincuentes, casi terroristas. Para el kirchnerismo, era un montaje y plan operativo del macrismo contra Cristina Fernández de Kirchner, pues parte de las piedras rompieron ventanas de sus oficinas en el Senado. Ambos sectores, el bipartidismo, querían que los compañeros siguieran presos mucho tiempo y fueran acusados de graves delitos penales, como lo hizo el juez porteño Norberto Circo, con el cargo de “asociación ilícita”, atentado contra la autoridad, daño agravado, obstrucción de la vía, ensuciar bienes, etc.
Para algunos dirigentes del campo popular, por ejemplo uno del Polo Obrero, esos manifestantes eran unos “infiltrados”, dando a entender que podían ser servicios o policías encubiertos.
El PL en cambio defendió la legitimidad de la protesta, más allá de algunas formas. Y reclamó desde el primer momento la libertad de todos los detenidos, a los que consideramos presos políticos. Los presos de esa jornada fueron Oscar Santillán, Julián Lazarte y Jaru Alexander Rodríguez Carrero.
Esos compañeros fueron defendidos por la Gremial de Abogados y Abogadas de Buenos Aires, y por la Correpi. Ellos y ellas hicieron una gran tarea legal y política.
Después de estar 45 días presos, la jueza María Eugenia Capuchetti, que recibió el expediente que tramitaba el juez de CABA, Circo, dispuso la libertad de los tres detenidos. La jueza descartó el delito de “asociación ilícita” que utilizó la fiscalía porteña para tenerlos presos. También resolvió que “las pruebas utilizadas fueron dudosas”, en referencia a las pruebas policiales y al sistema de identificación de personas y cámaras denunciadas por uso ilegal bajo la égida de Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli.
Las libertad de los compañeros del MTR H fue una importante victoria popular y de los DDHH. Los delincuentes no son los que protestan contra el FMI sino los que contraen y convalidan deudas fraudulentas con Lagarde-Georgieva.
CORRESPONSAL