NO SE ATREVEN A NUEVA LEY DE MEDIOS NI A UN DECRETO DEL PEN – ​ Se necesita urgente una nueva Ley de Medios

El intento de magnicidio, y la cobertura del atentado por parte de los medios, dejaron nuevamente, al descubierto la necesidad de retomar la discusión sobre una ley de medios en nuestro país.

La Ley 26.522, sancionada en 2009, fue judicializada por los grupos mediáticos como Clarín- primero- y luego revocada por el DNU 267 de Mauricio Macri apenas iniciado su gobierno, barriendo con esta acción los aspectos más progresivos y relevantes. Luego con otro DNU se reorientó completamente la política de comunicación garantizando “la rentabilidad” para los pulpos empresariales: excluyó a la televisión por cable de la regulación, flexibilizó los limites de la concentración, tiró abajo las restricciones al triple play y creó un nuevo ente regulador (ENACOM).

Abiertamente el gobierno de Alberto Fernández se negó a retomar esta Ley. En múltiples ocasiones, consultado sobre el tema, el presidente dejó muy claro que “no se necesita una Ley de medios”. Expresó también que con las leyes existentes alcanza: “vamos a exigir que se cumplan el principio de defensa de competencia y las leyes de defensa del consumidor” (entrevista en C5N. 08-03-21). Defensa de competencia y defensa del consumidor, dos concepciones que dejan en claro que para el presidente la comunicación es básicamente una cuestión comercial y de empresas.

A más de 13 años de sancionada vemos imprescindible una ley que garantice derechos como lo fue la llamada Ley de Medios. Los 21 puntos presentados por la Coalición para una Radiodifusión Democrática, fueron discutidos y debatidos a lo largo y ancho del país, con el trabajo de universidades, sindicatos y entidades civiles sin fines de lucro.

​Características relevantes de la Ley de Medios:

-Partiendo de la base de entender la comunicación como de interés público, instauró el concepto de la comunicación como un derecho humano.

-También planteaba limites a la concentración de medios por parte de los conglomerados empresariales para impedir la conformación de monopolios. Buscando romper también con prácticas discursivas hegemónicas que legitiman prácticas sociales y que marcan agenda (ejemplos hay muchísimos pero para graficar uno actual podemos tomar el discurso de odio que muchos medios masivos hegemónicos repiten día a día hacia la figura de la vicepresidenta Cristina Fernández).

-La Ley reservaba el 33 % del espectro de las licencias de radio y televisión para entidades de fines comunitarios, incluyendo a los pueblos originarios entre los destinatarios. Otro 33 % quedaba para los prestadores de gestión privada con fines de lucro y la tercera parte de licencias quedaba para el Estado. Si bien esto no fue modificado en su totalidad el achique en las políticas públicas para la financiación actúa como un limitante en la práctica real de acceso a las licencias y mantención de medios comunitarios y populares. Así se cortó la democratización y ampliación de voces.

El articulado de la ley original también buscaba garantizar los principios de diversidad y de respeto por lo local, fomentando las producciones locales y nacionales. Actualmente esta ampliación de voces también se ve en peligro por la Ley 27.432, aprobada en 2017 como parte de la reforma tributaria y previsional, que pone como fecha el 31 de diciembre para el vencimiento de las partidas presupuestarias destinadas al fomento de sectores culturales. Esta Ley dejaría sin financiamiento a las radios comunitarias, proyectos FOMECA, entre otras actividades que hacen a la cultura y la comunicación.

​Y además la pauta…

La publicidad oficial comprende todas las campañas, anuncios y comunicaciones del gobierno. Al destinar esos recursos a los grandes medios, el propio Estado favorece la concentración en desmedro de aquellos que -muchas veces con muy pocos recursos- dan lugar a expresiones populares, comunitarias, barriales, etc.

Según la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios sólo el 1% de los medios se lleva el 68% de la pauta.

Los principales beneficiarios de los fondos públicos son los medios del Grupo Clarín y otros pulpos comunicacionales: ARTEAR (Canal 13) recibió $ 154.749.441,00 (25% del total de TV abierta); TN $200.164.250,00; Canal 12 de Córdoba $10.587.389,54; Radio Mitre AM 790, $88.349.079,28. (Ver LIBERACIÓN N° 393)

Entender la comunicación y la información como un derecho humano, libre de Fake News y con responsabilidad, es entender la necesidad de una nueva Ley de Medios que retome los postulados más importantes de la desguazada por Macri y que incluya a otros actores mediáticos como las redes sociales. Pero con la excusa de la “libertad de expresión y coso” el gobierno actual no toma las riendas en este tema (y en otros) que significarían la disputa por un país independiente.

MARÍA ALANIZ