Niños, niñas y extranjeros, en la mira del gobierno

El asesinato de un niño de 14 años, presuntamente a manos de otro niño, de 15 años y extranjero, fue el disparador perfecto para que el gobierno de Mauricio Macri sacara a relucir el proyecto para bajar la edad de imputabilidad penal, de 16 a 14 años. Y también para iniciar una campaña contra los inmigrantes latinoamericanos.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano tomó la posta para plantear la decisión del gobierno de modificar la ley “incluso por decreto”, y fijar la edad de imputabilidad en 14 años. Desconociendo la posición del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) que rechaza esa medida y las normas de la Convención de los Derechos del Niño, que son ley en nuestro país, el ministro que debería garantizar los derechos humanos, no parece interesado en proteger a la infancia. Muchos especialistas en criminología y minoridad rechazan la baja de la edad para ser imputado porque está comprobado que no es la solución para la prevención de los delitos.

Esa medida suena bien a los oídos de una parte de la sociedad, aquella que promueve los linchamientos y la “justicia por mano propia”, y que se pone muy violenta cuando los delitos son cometidos por jóvenes de sectores pobres.

Esas posiciones son promovidas desde los medios de prensa, cuando se afirma, sin sostenerlo con datos, que los delincuentes son “cada vez más jóvenes” y que por ser menores “entran por una puerta y salen por la otra”. Pero lo que no dicen, es que los delitos cometidos por menores de 18 años, son un ínfimo porcentaje en el mapa de la criminalidad. La mayor parte de los delitos cometidos por los menores, son contra la propiedad, siendo muy excepcionales los crímenes graves, como el asesinato del niño Brian Aguinaco, de 14 años, en un asalto protagonizado presuntamente por un joven de 15 años.

Para Garavano, en cambio “la realidad demuestra que en el sistema penal tanto las víctimas como los imputados son mayormente jóvenes” (Clarín, 4/01/2017). Las estadísticas lo contradicen: de los delitos que se cometen anualmente no más del 3,5% tienen como protagonistas a chicos menores de 18 años, y de ese porcentaje sólo 1% es por delitos graves.

Desde las organizaciones que defienden los derechos de los niños, niñas y adolescentes, se acepta que hay que modificar el régimen penal juvenil, porque el vigente –ley 22.278- fue sancionado durante la dictadura militar, y contiene un sistema de tutelaje, que en realidad desprotege a los menores y no les garantiza el derecho a la defensa de los mayores. Pero en absoluto se debe bajar la edad de imputabilidad, sino que, por el contrario, el tratamiento de los jóvenes en conflicto con la ley penal, debe ser abordado con una visión protectoria y eso no se logra en situaciones de encierro, sino brindando a estos jóvenes las oportunidades de educación y contención familiar que la mayoría no tuvo.

CONTRA LOS INMIGRANTES

Patricia Bullrich anunció modificaciones en las normas relativas a la inmigración, endureciendo los requisitos para ingresar y permanecer en nuestro país. Ello, con el supuesto fin de impedir el ingreso de “delincuentes”, pero con la intención de culpabilizar a los extranjeros de los males de nuestra sociedad. Así, la “inseguridad” es culpa de los inmigrantes latinoamericanos; al igual que la falta de trabajo. De esta forma, en lugar de enfocar nuestra mirada hacia los verdaderos responsables, es más fácil culpar a quienes vienen a la Argentina porque en sus países de origen no encuentran posibilidades de trabajo y/o estudio.

En esa actitud xenófoba, Macri y sus ministros se parecen al presidente norteamericano Donald Trump, quien ha ordenado construir un muro en la frontera con México y decretado impedir el ingreso de extranjeros a los EE.UU., incluso de aquellos que tenían permiso de residencia y trabajo.

El presidente de la hermana Bolivia, Evo Morales, ha rechazado las afirmaciones del gobierno en contra de sus compatriotas, y ha pedido a la ministra Bullrich que “pida disculpas” a los bolivianos a quienes ofendió.

Ni los niños ni los inmigrantes, el problema de la inseguridad hay que buscarlo en las raíces de una sociedad capitalista dependiente, desigual y violenta, donde la obscenidad de los que tienen enormes fortunas, contrasta con la pobreza y la indigencia de amplios sectores.

IRINA SANTESTEBAN